#20D FACUA pide una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores que sancione fraudes masivos

Es una de las reivindicaciones de la asociación a las formaciones que concurren a las Elecciones Generales.

#20D FACUA pide una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores que sancione fraudes masivos

FACUA-Consumidores en Acción demanda la creación de una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores y Usuarios con competencias para sancionar los fraudes masivos. Es una de las reivindicaciones de la asociación a las formaciones que concurren a las Elecciones Generales del 20 de diciembre, a las que demanda sensibilidad ante los graves abusos que están sufriendo los ciudadanos, muy especialmente por parte de bancos, compañías energéticas y de telecomunicaciones.

FACUA pide una agencia capaz de definir y planificar las políticas y estrategias de protección de los consumidores desde una óptica transversal e implicando a todas las áreas de gobierno y en coordinación con las comunidades autónomas. Para ello es fundamental un organismo propio -no compartido con otras áreas y competencias- que asuma realmente las políticas de defensa de los consumidores en el ámbito nacional y cuente con capacidad sancionadora.

Competencias sancionadoras

Desde la promulgación de la primera versión de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en 1984, el Estado no ha tenido nunca competencias para aplicar multas contra las empresas que la vulneran. Sólo las comunidades autónomas cuentan con capacidad para imponer sanciones por la vulneración de la normativa estatal y autonómica de protección de los consumidores. Algo que dificulta enormemente que los fraudes masivos de los que son víctimas consumidores en todo el territorio nacional sean multados de manera proporcional a los beneficios obtenidos con ellos, señala FACUA.

La Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores y Usuarios que demanda FACUA contaría con un amplio cuerpo de profesionales e inspectores dedicado al control de los mercados y realizar investigaciones de oficio así como a evaluar y coordinar las denuncias que lleguen de las autoridades autonómicas y las asociaciones de consumidores. Además, intercambiaría información sobre las irregularidades que detecte con el resto de organismos del Gobierno con competencias de regulación, control y sanción.

Coordinación con las comunidades autónomas

Esta Agencia trabajaría en coordinación con los institutos, agencias y direcciones generales de consumo autonómicas, de manera que intercambiasen información y aprovechasen sus sinergias. También actuaría en colaboración con las organizaciones dedicadas a la defensa de los consumidores, para las que FACUA reclama la consideración de parte interesada en los procedimientos que se abran a raíz de sus denuncias o en los que se personen en representación de los afectados.

El organismo que reivindica FACUA reforzaría el control del mercado, el papel de los reguladores y los servicios de inspección, apoyando a las comunidades autónomas y coordinando planes anuales de inspección y control de mercado. La asociación considera fundamental el desarrollo de programas anuales eficaces de inspección y control de mercado de ámbito nacional en colaboración con las comunidades autónomas y con las organizaciones de consumidores representativas para  impulsar acciones y compromisos de mejora en los sectores con peores resultados. Para proteger los derechos de los consumidores ante los abusos es necesario garantizar la existencia de mecanismos eficaces para controlar el mercado.

Asimismo, FACUA demanda la revisión del papel inspector de las administraciones, con coordinación de los cuerpos de inspectores de los distintos ministerios y consejerías autonómicas y formación de los mismos. En cuanto a las competencias sancionadoras, pide que el Estado las asuma ante los fraudes que afecten a consumidores de varias comunidades autónomas. Es fundamental, reclama la asociación, la ordenación de las competencias inspectoras y sancionadoras y el marco de colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado.

FACUA plantea la necesidad de contar con organismos reguladores y de control de los mercados independientes  y neutrales, tanto de ámbito nacional como europeos, así como la participación de las organizaciones de consumidores en sus órganos consultivos y de dirección preservando un equilibrio con los operadores económicos.

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