FACUA-Consumidores en Acción critica la pasividad del Ministerio de Fomento ante el incumplimiento de los derechos de los pasajeros por parte de Ryanair ante las convocatorias de huelga de sus trabajadores.

En este sentido, la asociación advierte de que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sigue en su línea, como con los anteriores gobiernos de PP y PSOE, de no imponer sanciones de forma sistemática y contundente ante las vulneraciones del reglamento europeo y la legislación estatal que recoge los derechos de los usuarios.

La asociación advierte de que si cada denuncia presentada por un pasajero ante la AESA por la negativa de Ryanair a abonar las compensaciones e indemnizaciones que les corresponden se tradujese en una multa de varios miles de euros, la aerolínea se vería forzada a cambiar de actitud y comenzaría a cumplir la ley.

FACUA insta al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a emprender acciones sancionadoras y una reforma de la normativa estatal del sector aéreo para endurecer las cuantías de las multas por las infracciones.

Asimismo, la asociación recuerda a los pasajeros afectados por la huelga que tienen derecho a ser reubicados en otros vuelos y, si la fecha de los mismos les resultan inviables, a que se les reembolse el importe íntegro abonado por los billetes. Asimismo, la normativa europea les da derecho a una compensación económica de entre 250 y 600 euros, según la distancia de los vuelos cancelados por la huelga. A todo esto hay que sumar las indemnizaciones por daños y perjuicios que los afectados pueden reclamar (la pérdida de otros vuelos, el pago de noches de hotel, los desplazamientos desde y hacia ellos, la comida y bebida que tengan que asumir durante la espera...).

FACUA aconseja a los afectados que presenten una reclamación a la compañía y, tras recibir la negativa a abonarles las cantidades que les corresponden, presenten una denuncia ante la AESA y acudan a los tribunales. Las reclamaciones por estas cuestiones que no representen más de 2.000 euros por pasajero no conllevan la obligación de contratar abogado y procurador.