FACUA Andalucía y Comisiones Obreras Andalucía se han dirigido a la consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, para instarle a que las incluya a ambas en las negociaciones sobre el taxi y las VTC.

Las organizaciones critican que la Administración sólo esté contando con las patronales del sector y margine tanto a los consumidores como a los propios trabajadores del grupo de trabajo que ha planteado constituir para abordar la situación. Para la federación de consumidores y el sindicato, resulta imprescindible que en las negociaciones exista una representación de todas las partes afectadas.

Así, FACUA Andalucía deja constancia de la necesidad de abordar los derechos básicos de los usuarios de los distintos servicios, tanto taxi como VTC, al ser afectados directos del encaje normativo que tenga el equilibrio entre los modelos. "Deben abordarse aspectos tan fundamentales como el propio derecho de acceso a una prestación de movilidad urbana e interurbana en unas condiciones razonables y accesibles o la propia posibilidad de elegir, en condiciones no abusivas de precio y calidad, entre distintas opciones de transporte", ha manifestado.

Por su parte, Comisiones Obreras Andalucía reclama que se garantice el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas y el mantenimiento del empleo en ambos sectores, y considera que la solución pasa por "un marco de competencia leal, inscrito en estrategias de movilidad como derecho público, que garantice que ambos servicios puedan realizar las funciones complementarias habilitadas por sus licencias específicas".

Como alternativa al grupo de trabajo, ambas organizaciones han planteado a Carazo la posibilidad de trasladar las negociaciones al Consejo Andaluz del Taxi, una herramienta de participación que cuenta con la presencia de la propia Administración, las patronales del taxi y las VTC, sindicatos, asociaciones de consumidores y otros miembros de las sociedad civil.

En este sentido, FACUA Andalucía y CCOO Andalucía entienden que este foro permite que se pongan en común los argumentos de los distintas partes y se desarrolle un marco regulador claro, con la participación de toda la sociedad, que garantice la convivencia entre los dos modelos de transporte de viajeros.