El poder estar conectado al mundo online es un placer cada vez más rápido, más fácil y más recurrente. Para cualquiera de nosotros puede ser una auténtica gozada la capacidad de conseguir estar informados a tiempo real de cualquier hecho noticiable, sea de mayor o menor interés para nosotros, los consumidores.

En mi caso, hace varias semanas, me encontraba celebrando el enlace matrimonial de una querida compañera de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla, cuando, de repente, los distintos móviles de los que estábamos allí presentes empezaron a concatenar vibraciones y mensajes de pánico y redifusión: se filtraba la noticia de que el famoso jugador de fútbol, José Antonio Reyes, había fallecido en un desgraciado accidente de tráfico que, en el momento de redactar estas líneas, todavía no tiene una causa clara y consolidada por una versión oficial. Pero en el día de la boda, a cada uno de los asistentes nos habían llegado numerosas teorías a cada cual más rocambolesca, incluyendo los supuestos audios filtrados de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que explicaban a sus amistades lo verdaderamente sucedido (más allá de cualquier respeto a los difuntos, y menos aún a su deber de secreto profesional).

El poder de la inmediatez y de la cantidad de teorías que ocupaban nuestras aplicaciones de mensajería instantánea podía hacer sospechar al más inocente que la mayoría de esas afirmaciones eran inventadas o, como mínimo, no estaban contrastadas. Imagínese, querido lector, cuánto daño pueden provocar en la sociedad informaciones manipuladas que puedan modificar la opinión pública en casos notorios como los de la manada o las elecciones municipales.

Cada día, cuando leemos una noticia en internet, nos cuesta más distinguir entre las que gozan de un atisbo de veracidad frente a aquellas informaciones que son manifiestamente falsas. Las que responden a meras falacias son conocidas en el mundo digital como fake news y atienden a estrategias de diferentes grupos de presión, activistas o simplemente comunidades que poseen un interés evidente en manipular la información.

Como señala sabiamente mi querida y admirada compañera Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de los Internautas, internet es una tecnología de comunicación de contenidos en la que intervienen distintos agentes. Por un lado, nos encontramos con informadores y opinólogos, medios de comunicación social, plataformas de servicios, redes sociales o influencers. Por otro lado, tenemos a los usuarios y, en el punto intermedio, los contenidos. Cada uno de estos agentes supone por sí mismo un límite al resto y en la esfera digital es preciso ordenar su participación para que todos y cada uno de ellos puedan contribuir a la formación de una opinión pública y libre, objetivo indisolublemente unido al pluralismo político propio del Estado de Derecho y que, verdaderamente, responda a la libertad de información y/o expresión.

Los usuarios 1.0 estaban acostumbrados a coger un periódico y daban por hecho que el profesional del periodismo escribía según un código deontológico que respondía a un mínimo de veracidad. A día de hoy, cualquier ciudadano puede publicar la información que se le antoje y jugar a ser periodista amparándose en la mera libertad de expresión que recoge nuestra Constitución, cuando en realidad no deja de configurarse como un simple opinólogo.

Por ello, la obligación del consumidor 2.0 va más allá de contrastar la información con diversos medios de comunicación o incluso con medios oficiales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Si el formado consumidor detecta una mentira o credibilidad, tiene la oportunidad de denunciarlo y comunicarlo, pero, especialmente, de no creerse a ciegas cualquier tipo de información que pueda llegarle por un familiar, amigo o compañero.

Y no pueden olvidarse ninguno de los agentes en juego, que si cualquiera de estas informaciones afecta al honor, a la intimidad o a la propia imagen, pueden acudir a los tribunales ordinarios para restituir y garantizar sus derechos vulnerados y, en caso de que dicha información pueda afectar a datos personales sin que exista ninguna legimitación para ello, los afectados pueden dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de forma totalmente gratuita para realizar las reclamaciones oportunas y que dicha autoridad de control estime si la pretensión es procedente o no.

En cualquier caso, los ciudadanos tenemos el poder de desmentir esos bulos. Bulos que, por otra parte, han existido desde siempre en la era analógica, pero que en la era digital han alcanzado su punto álgido con estas fake news. Las empresas privadas como YouTube o Facebook no deben de configurarse como garantes de estos derechos, ya que responderán incondicionalmente a intereses económicos y difícilmente a verdaderas políticas públicas de concienciación y conocimiento.

Por ahora, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos nos ha obsequiado con dos derechos digitales que pueden configurarse como una poderosísima arma contra estas noticias de mentira: el derecho de rectificación en internet y, especialmente, el derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales.

Confiemos en que el consumidor español sea capaz de sacar jugo de estas oportunidades que nos brinda el legislador para combatir estas odiosas noticias falsas.

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Jesús Fernández Acevedo es abogado especialista en Derecho de las TIC.