FACUA-Consumidores en Acción ha remitido una carta a Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la cuál ha mostrado su posición y ha sugerido una batería de ideas y propuestas para que sean consideradas en el plan de contingencia para la eficiencia y el ahorro energético en el que está trabajando actualmente el Gobierno.

La asociación de consumidores ha pedido al ejecutivo que las medidas que se recojan en este plan deben tener como objetivo actuar en beneficio del interés general y de los colectivos más necesitados, y luchar contra los abusos y la posición de dominio de un sector que gestiona un suministro esencial y estratégico.

FACUA defiende un modelo energético basado en la descarbonización, las energías renovables, la democratización energética, la planificación, la participación ciudadana y la no exclusión o garantía de acceso a servicios y suministros energéticos esenciales para los consumidores domésticos.

Por ello, se pide que se haga no sólo una apuesta clara y decidida por las energías renovables y la descarbonización, sino también por minimizar la pobreza energética y garantizar a los consumidores el acceso a los suministros.

Para avanzar en esta línea, se ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dar un impulso decisivo al desarrollo del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030, acelerando su implementación y buena parte de las medidas que en él se contemplan.

Potencia contratada

FACUA propone el desarrollo de campañas institucionales que impliquen a las distintas administraciones públicas, organizaciones de consumidores y empresas eléctricas, a través de las cuáles se informe a los consumidores qué es la potencia contratada, cuándo bajarla y cuánto se puede ahorrar con ello, además de recuperar la gratuidad de la gestión por bajar la potencia contratada, una medida que estuvo vigente hasta el pasado 31 de mayo.

Según la última encuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hasta un 78% de los hogares españoles tienen más potencia eléctrica contratada de la que necesitan.

Por otro lado, deben ponerse en marcha planes de eficiencia y ahorro energético en edificios y espacios públicos, con adecuación de las temperaturas, disminución de la contaminación lumínica en las ciudades y el impulso de medidas constructivas y de adecuación y adaptación de los espacios, favoreciendo el uso eficiente de la energía desde el sector público.

Garantizar el suministro eléctrico

El Gobierno debe garantizar la accesibilidad a un suministro energético básico y esencial. Para ello, la asociación de consumidores considera que el ejecutivo debería poder intervenir precios y poner límites al precio de la electricidad que pagan los consumidores, actuando contra los abusos tarifarios.

Asimismo, ha de avanzarse hacia la creación de una empresa pública de energía y la recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para integrarlas en una empresa pública productora o generadora de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz.

Impulso a las energías renovables

Las administraciones públicas competentes deben ser un referente en el cambio de modelo en el uso de renovables, promoviendo su implantación en espacios públicos y aprovechando el espacio urbano para la generación de renovables.

En este sentido, FACUA ha pedido a Teresa Ribera que se adopten medidas orientadas a potenciar y agilizar los trámites vinculados a la contratación de autoconsumo para los usuarios domésticos, ya que actualmente se demoran en el tiempo debido a la falta de agilidad administrativa.

La asociación de consumidores sugiere la revisión al alza del precio que se paga al usuario doméstico por la compensación de sus excedentes, además de promover y agilizar los trámites de autoconsumo colectivo en comunidades de propietarios vinculándolo a los planes de rehabilitación en edificios antiguos.

Enfoque transversal de las medidas

FACUA ha pedido a la vicepresidenta tercera del Gobierno un enfoque transversal de los objetivos de transición y eficiencia energética que impregne las distintas políticas públicas (vivienda, movilidad o comercio entre otras).

En este sentido, la apuesta por el transporte colectivo en detrimento del uso del vehículo particular tendría que ser una prioridad, por lo que se debería extender a otros medios como el metro o el autobús medidas como la gratuidad o bonificación de los bonos transportes.

También se solicita ampliar la bonificación de los bonos de transportes al servicio de transporte colectivo, trabajando con consorcios o las distintas administraciones que pudieran estar implicadas.

Del mismo modo, en esta misiva se pide poner en marcha medidas de auténtica apuesta por el ferrocarril como medio de transporte colectivo público, sostenible, integrador y vertebrador del territorio, potenciándolo sobre el transporte aéreo en recorridos de larga distancia.