FACUA denuncia que los hechos afectan gravemente los derechos de los usuarios y la valoración del Servicio de Defensa de la Competencia refleja una absoluta ausencia de interés por proteger sus intereses.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera escandalosa la resolución del Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía por la que ha rechazado actuar ante el fraude en las preasignaciones telefónicas que fue detectado por FACUA a comienzos de 2002. La Federación recibió las denuncias de más de 170 usuarios contra Retevisión (hoy Auna) y, en menor cuantía, Uni2, que habían sido dados de alta sin su consentimiento en el servicio de marcación directa, que permite realizar todas las llamadas a través de una compañía sin necesidad de marcar su prefijo.

A raíz de una denuncia presentada por Telefónica el pasado mayo, el Servicio de Defensa de la Competencia ha estimado que el citado fraude "no afecta al interés público" porque los afectados no tardan más de dos meses en percatarse de la irregularidad. La resolución no sólo obvia cualquier comentario relacionado con los derechos de los usuarios víctimas de estas conductas fraudulentas, sino que señala que dichas prácticas, "al favorecer el acceso al mercado de otros operadores", estarían, en todo caso, promoviendo la competencia. Con ellas, indica, "se reduciría el poder del operador dominante, quedando favorecida la competencia en el mercado".

FACUA estudia personarse como parte en el recurso a la resolución presentado por el operador dominante ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, del que ha tenido noticias a través de los medios de comunicación, dado que la Federación considera que los hechos denunciados afectan de forma extremadamente grave a los derechos de los usuarios y la valoración realizada por el Gobierno refleja una absoluta ausencia de interés por proteger sus interés.

Aunque la cifra de usuarios víctimas del fraude en las preasignaciones es prácticamente imposible de definir, la resolución llega al extremo de indicar que aunque ésta alcanzara el 10% de los clientes de Telefónica, no sería relevante en comparación con el número total de abonados.

Asimismo, indica que "los usuarios se percatan de manera rápida de la supuesta estafa e inmediatamente solicitan el restablecimiento de los servicios que le venía prestando Telefónica, por lo que el Servicio estima que su capacidad de elección se ve momentáneamente alterada y, en este sentido, no se estaría produciendo una alteración del 'orden público económico'".

FACUA denunció el año pasado las irregularidades ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que rehusó tomar medidas al respecto. Tras la información remitida por la Federación a los grupos parlamentarios, la situación fue debatida en el Congreso, pero el grupo popular rechazó la petición de modificar la normativa que regula las preasignaciones.

FACUA denuncia que el 21 de julio de 2001, la CMT emitió una circular que permitiría la existencia de fraudes en un importante porcentaje de preasignaciones. Esta norma no permite comprobar la veracidad de cada una de las preasignaciones solicitadas por cualquier operador, y precisamente desde su entrada en vigor se incrementaron de forma espectacular las denuncias en relación a este servicio.