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El
pasado noviembre se aprobó la Ley que regula el contrato
de aparcamiento de vehículos, una oportunidad
desaprovechada para regular los periodos de facturación.
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olo
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FACUA valora positivamente la demanda contra
los cobros abusivos pero pide a Sanidad y Consumo que modifique la Ley
de Aparcamientos
La
Federación considera que la prohibición
del cobro por horas completas debería establecerse claramente en su
normativa.
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA)
valora positivamente la denuncia presentada ante los juzgados de primera
instancia de Madrid por el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo
contra los cobros abusivos en los
aparcamientos, pero recuerda que esta reivindicación histórica de las
asociaciones de consumidores podría solucionarse con la modificación
de la Ley 40/2002,
de 14 noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos.
FACUA reitera por ello al Gobierno que
debería modificar la citada Ley, aprobada hace menos de un año, para que establezca que las tarifas de los
aparcamientos se facturarán por periodos de cinco minutos pasada la
primera media hora, sin menoscabo del respeto a la libertad de precios.
El anuncio
realizado por el Ministerio de reunirse con las patronales
del sector para establecer códigos de conducta que evitasen las
prácticas abusivas denunciadas es, a juicio de FACUA, claramente
insuficiente.
Concretamente, la Federación solicita la modificación del artículo 3 de la norma, en
cuyo apartado d se regula que los precios podrán "establecerse
libremente".
La Federación señala que el año pasado
se perdió la oportunidad de solucionar de forma clara por la vía legal
el abuso que supone que los usuarios tengan que pagar, por ejemplo, dos
horas completas independientemente de que su vehículo haya permanecido
en un parking durante sesenta y cinco o ciento veinte minutos.
Asimismo, FACUA considera que estos hechos
suponen una vulneración de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, que considera abusivas aquéllas condiciones
que impongan el pago de servicios no prestados. No obstante, resulta
importante que la norma que regula específicamente el sector establezca
claramente unas fórmulas de facturación a fin de evitar
interpretaciones interesadas de la legislación y la situación de
desprotección que actualmente padecen los usuarios.
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