El organismo de Ciencia y Tecnología dice ahora que las compañías pueden cobrar a los usuarios más segundos de los consumidos porque las tarifas son libres. En 2001, impuso a Vodafone una multa de 4,2 millones de euros por aplicar los redondeos en el mercado mayorista pero las compañías siguieron incumpliendo el Real Decreto que regula las tarifas de interconexión.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera escandaloso el informe remitido al Defensor del Pueblo por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) sobre los redondeos de la telefonía móvil. Con una particular interpretación del concepto de libertad de precios, el organismo del Ministerio de Ciencia y Tecnología dice ahora que es legal que las compañías cobren a los usuarios más segundos de los que consumen. Una valoración que FACUA considera poco menos que sorprendente, no sólo porque la práctica de las telefónicas choca con la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sino porque la CMT declaró ilegal este procedimiento de facturación en el mercado mayorista hace tres años.

La CMT ha callado durante casi tres años desde que declarase ilegal que una compañía de telefonía móvil redondee al alza hasta facturar un minuto por las llamadas de inferior duración realizadas en el mercado mayorista y advirtiese que esta práctica tiene una "clara repercusión social". Después de las operadoras hayan hecho oídos sordos dicha resolución, dejando su autoridad en entredicho, el organismo dice ahora, en respuesta a la intervención del Defensor del Pueblo sobre la denuncia planteada por FACUA el pasado noviembre, que cobrar a los usuarios finales más tiempo del que consumen en sus llamadas legal, argumentando que las tarifas son "libres".

Amena, Movistar y Vodafone no sólo cobran el primer minuto completo a los usuarios aunque las llamadas duren menos. También se lo facturan al resto de operadores cuando utilizan sus redes, es decir, cuando un cliente de otra compañía hace una llamada con destino a un móvil. Precisamente ahí está, advierte FACUA, el origen del polémico redondeo en las tarifas que se aplica a los usuarios finales cuando utilizan sus móviles o hacen llamadas de fijo a móvil. Si la compañía de móviles cobra un minuto completo al operador que utiliza su red, éste repercute el mismo procedimiento de facturación al usuario final.

El organismo que regula las tarifas de interconexión, la CMT, sancionó a Vodafone (Airtel Móvil, SA) el 5 de abril de 2001 con 4,2 millones de euros (700 millones de pesetas) por aplicar el redondeo del primer minuto en el mercado mayorista. Según la resolución de la CMT, emitida a raíz de una denuncia presentada en junio de 1999 por el operador de telefonía fija Aló, el procedimiento ilegal de facturación de Airtel Móvil, SA "no sólo afecta a la interconexión entre las redes de Airtel y Rslcom [Aló], sino que afecta a las condiciones de interconexión del resto de los operadores con relación a Airtel y a los precios de las llamadas de fijo a móvil, cuestión ésta de clara repercusión social". Es decir, los operadores de fijo, como los de cable y móvil, cobran a los usuarios finales el primer minuto completo imitando la estructura tarifaria que les aplican las compañías de móviles.

El artículo 22.4 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, señala la resolución, "establece que los titulares de redes públicas de telecomunicaciones deben facilitar la interconexión en condiciones no discriminatorias, transparentes, proporcionales y basadas en criterios objetivos". El mismo precepto que plantea ahora el artículo 11.5 de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003, de 3 de noviembre.

El 20 de julio de 2000, la CMT emitió una resolución en la que instaba a Airtel a adecuar su estructura de precios de interconexión a los "principios de no discriminación y transparencia", de forma que la facturación se realizase "proporcionalmente por segundos", sin incluir nuevos conceptos y manteniendo las mismas tarifas por minuto que venía aplicando. Sin embargo, la compañía de telefonía móvil fue finalmente sancionada ya que siguió aplicando sus tarifas a Aló, como también al resto de operadores, redondeando al alza el primer minuto en las llamadas de duración inferior.

Los expedientes abiertos por la CMT pusieron de manifiesto que también las compañías de telefonía fija Auna, BT, Uni2, Colt y Global Telesystems "habían solicitado a Airtel la modificación de sus respectivos acuerdos de interconexión al objeto de que se estableciera la tarificación por segundos". Airtel les propuso dos opciones si querían que les facturase por segundos: añadir a sus tarifas un coste por el establecimiento de cada llamada o incrementar los precios por minuto. Las compañías se negaron, optando por esperar al resultado del expediente sancionador abierto por la CMT.

FACUA señala que, al facturar a los usuarios finales segundos de conversación que los usuarios no llegan a consumir, las compañías de telefonía móvil y fija vulneran la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la cual considera abusivas aquellas condiciones que impongan incrementos de precios por servicios no prestados (Disposición Adicional Primera, apartado V, punto 24). La libertad de precios existente en el sector no puede servir de justificación para inflar las facturas cobrando a los usuarios por un servicio, esto es, segundos de conversación, que no se ha prestado.

Este fue precisamente el argumento jurídico utilizado por el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Consumo en la demanda judicial que interpuso el pasado octubre contra las empresas del sector de los aparcamientos por motivos similares. FACUA, que también remitió sus denuncias contra los operadores de móvil, fijo y cable ante este organismo, espera que actúe con el mismo criterio con las compañías de telefonía.

¿Quién tiene competencias?

La CMT no ha dado respuesta a la denuncia de FACUA y mantiene como confidencial el informe remitido al Defensor del Pueblo, aunque su contenido trascendió el pasado 14 de febrero en el diario El País. En cualquier caso, la CMT se declara incompetente para actuar sobre la cuestión denunciada, como ya hiciera la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología en su respuesta a la Federación. La Comisión advierte que sólo tiene competencias sobre las tarifas de interconexión.

Por su parte, la citada Secretaría de Estado indicó que sobre la materia debía actuar "la Administración de Consumo". En este sentido, la Dirección General de Salud Pública, Alimentación y Consumo de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, donde tienen su sede social Movistar y Vodafone, también ha contestado a FACUA que no tiene competencias, indicando que ha trasladado la denuncia a la propia Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

Desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, la directora general del INC, Pilar Fabregat, manifestó el 22 de enero que no descartaba emprender una acción judicial si se desprenden prácticas abusivas de las denuncias presentadas por FACUA.