La Federación reclama una regulación del sector que acabe con la dispersión actual y concrete unos requisitos mínimos de calidad del servicio en todo el Estado.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) reclama al futuro Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que regule los derechos de los usuarios frente a las empresas de suministro domiciliario de agua, ya que éste es el único suministro doméstico que carece de una normativa a nivel nacional. Desde los años 30, el agua está sometida a la regulación del sector eléctrico, lo que supone unas evidentes deficiencias que deben ser subsanadas para garantizar la concreción de unos requisitos mínimos de calidad del servicio en todo el Estado.

En España, el suministro domiciliario de agua es una competencia de los Ayuntamientos, que otorgan las concesiones del servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Con la excepción de Andalucía, que cuenta desde 1991 con un reglamento específico históricamente revindicado por FACUA, los derechos y obligaciones de los usuarios y las empresas suministradoras únicamente se establecen mediante ordenanzas municipales o los acuerdos que regulan las concesiones, una dispersión que provoca que no estén garantizados unos requisitos mínimos de calidad a nivel nacional.

FACUA demanda una norma que regule aspectos como los procedimientos para la aprobación de las tarifas, que deben incluir el trámite de audiencia de las asociaciones de consumidores, las indemnizaciones a percibir si se producen cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros, la periodicidad de lectura de los contadores y facturación, las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos y requisitos para las bajas en el servicio, los conceptos incluidos en las facturas y los sistemas para la resolución de reclamaciones, entre los que la Federación reivindica la obligación de que las empresas cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios y señala la necesidad de que estén adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.