Cuota de abono Telefónica

FACUA reclama al Gobierno un cambio sustancial en la política tarifaria del operador dominante y que rompa su línea continuista con el Ejecutivo anterior.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que la cuota de abono de Telefónica ha aumentado un 80% desde la liberalización de las telecomunicaciones. FACUA lamenta que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no se plantee un cambio sustancial en la política tarifaria del operador dominante al haber aprobado incluso una nueva subida el 2%, que entra vigor en febrero, en una cuota de abono que ha llegado a una cuantía desproporcionada.

Con este nuevo incremento, los 7,46 euros más IVA que suponía la cuota fija mensual de Telefónica en 1997, el año antes de la liberalización de las telecomunicaciones, han aumentado ya en 2005 en un 80%, cerca de cuatro veces el IPC acumulado, alcanzando los 13,43 euros (siempre más IVA).

Asimismo, la Federación considera ridícula la bajada media del 1% aprobada por el Gobierno en las tarifas. FACUA reclama la intervención del Ejecutivo para fomentar una reducción considerable en las llamadas de ámbito local y las destinadas a móviles, el grueso de las que realizan los usuarios domésticos.

Para la Federación, el punto de partida hacia la eliminación del precio regulado del operador dominante, cuya fecha todavía no está cerrada, no favorece en absoluto una competencia real en el sector de la telefonía fija, ya que las tarifas metropolitanas y a móviles son, actualmente, muy elevadas.

Con las subidas en la cuota de abono, los usuarios vienen asumiendo parte de la financiación de las prestaciones reguladas en el denominado servicio universal de telecomunicaciones, para beneficio de los operadores de acceso indirecto, que utilizan de forma parasitaria las infraestructuras del antiguo monopolio.

FACUA insiste en reclamar al Gobierno que obligue a los operadores de acceso indirecto a cofinanciar el denominado servicio universal de telecomunicaciones tal y como prevé su Reglamento de desarrollo y la Ley General de Telecomunicaciones. Una cofinanciación en la que de ningún modo debe, en opinión de FACUA, participar el Gobierno.

Además, la Federación advierte que las prestaciones contempladas en el servicio universal no sólo no deben reducirse, sino que han de ampliarse para, entre otras cosas, garantizar más cabinas en zonas desabastecidas y un mayor número de usuarios de rentas bajas que puedan disfrutar de descuentos en sus facturas.

El servicio universal de telecomunicaciones comprende fundamentalmente el derecho de todos los usuarios a acceder a la telefonía fija en sus domicilios, la existencia de un número suficiente de cabinas en todos los municipios, la existencia de guías y un número de información telefónica con una tarifa asequible, descuentos en la cuota mensual para pensionistas de rentas bajas y prestaciones especiales para garantizar que los discapacitados puedan acceder al servicio telefónico.