Una moción aprobada por todos los grupos, excepto el socialista, demanda que no se espere a la entrada en vigor de la futura Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.

El Senado ha aprobado una moción que insta al Gobierno a acabar con las prácticas de redondeo en telefonía que vienen siendo denunciados por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) desde noviembre de 2003 y que han motivado que ésta presente una demanda judicial contra las tres compañías de móviles y una denuncia contra la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ante la Comisión Europea.

La petición del Senado, que se une a la planteada por el Defensor del Pueblo fruto de la denuncia de FACUA, insta al Gobierno a tomar "las medidas oportunas para evitar la práctica del redondeo en el sector de telecomunicaciones, es decir, que no cobrarán las operadoras por segundos realmente realmente no usados", planteando que no debe "esperar al trámite" del Proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.

FACUA ha advertido que aunque la prohibición expresa del redondeo al alza en los servicios facturados por tiempo recogida en el citado Proyecto de Ley es una medida positiva, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ya deja clara la ilegalidad de estas prácticas, que constituyen una cláusula abusiva al suponer el incremento de precios por servicios no prestados.

Aprobada el 2 de noviembre, la demanda del Senado forma parte de una importante moción aprobada con los votos de todos los grupos a excepción del PSOE. En ella, se insta al Gobierno a adoptar un paquete de diez medidas para que se refuerce la protección de los usuarios de telecomunicaciones. Medidas que FACUA considera fundamentales y que coinciden con buena parte de las denuncias y reivindicaciones que viene planteando desde la liberalización de las telecomunicaciones.

La moción fue presentada por el grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés y con las enmiendas de PSOE, PP y CiU se elaboró una transaccional apoyada por todos, excepto el grupo socialista.

Así, el Senado insta al Gobierno a:

1.- Realizar las campañas informativas oportunas sobre los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas, a través de los medios audiovisuales a su alcance.

2- Abordar a través de los organismos competentes la justificación del coste Neto del Servicio Universal y se cree en consecuencia el Fondo de Compensación de Servicio Universal, tal como prevé la actual legislación.

3.- La liberalización de precios de ADSL, para garantizar una real competencia entre los operadores.

4.- Medidas para la eliminación de las prácticas fraudulentas de preasignación.

5.- Toda la normativa desplegada para habilitar el alta por parte del regulador debe tener como contrapunto el derecho de los usuarios a darse de baja de cualquier servicio o con el operador de acceso de forma ágil, gratuita y veraz.

6.- El derecho de los usuarios a conocer por contrato la calidad mínima a la que se compromete el prestador del servicio.

El derecho de los usuarios a que la Administración competente determine un régimen de nivel de calidad mínimo para las prestaciones básicas incluidas en el servicio universal, y garantice la posibilidad de acceder a información adecuada sobre los niveles de calidad de los operadores en el mercado.

7.- Para evitar las practicas fraudulentas de preasignación debe obligarse a refrendar, al menos, la selección de operador de acceso mediante el contrato escrito, cualquiera que haya sido la fórmula empleada inicialmente para el establecimiento de la relación operador-usuario y mediante procedimientos que impliquen en todo caso la intervención de un tercero distinto del operador que verifique la contratación.

La administración competente debe habilitar el derecho de los usuarios a prevenir la preasignación mediante escrito dirigido a su actual operador de acceso de forma ágil, gratuita y veraz.

8.- El usuario tiene derecho a gozar de la protección administrativa frente a la vulneración de los derechos básicos que le asisten, entre otros, como el de la información veraz y la libre elección de operador.

9- La protección administrativa, en la salvaguarda de los derechos de los usuarios, debe integrar un régimen sancionador que determine las sanciones correspondientes y las compensaciones a los usuarios, por una deficiente prestación del servicio (interrupción del mismo, pérdida de calidad), o lesión de derechos (publicidad engañosa, slamming, etc.

10.- El Gobierno tomará las medidas oportunas para evitar la práctica del redondeo en el sector de telecomunicaciones, es decir, que no cobrarán las operadoras por segundos realmente realmente no usados, y no esperar al trámite del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de protección del consumidor.