FACUA denuncia que la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones remite a los afectados a "Consumo", incumpliendo con ello su competencia de resolver controversias entre operadores y usuarios de telecomunicaciones.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio está desentendiéndose de las reclamaciones de numerosos usuarios de móviles ante las penalizaciones de hasta 174 euros que las compañías les advierten que tendrán que pagar si se dan de baja por no aceptar las subidas de tarifas que aplicarán la próxima semana.

La Federación remitió por estos motivos el pasado 1 de febrero una denuncia a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, de la que todavía no ha recibido respuesta. FACUA señala en ella que Movistar, Orange y Vodafone advierten a los usuarios que serán penalizados si se dan de baja a raíz de las subidas de tarifas que aplicarán coincidiendo con el inicio de la facturación por segundos. Se trata de clientes que suscribieron compromisos de permanencia de 18 meses a cambio de recibir un móvil con una bonificación en el precio, aunque su cuantía es generalmente inferior a la establecida en la cláusula penal de los contratos.

FACUA argumenta en su denuncia que el artículo 107 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, recoge "el derecho del abonado a resolver anticipadamente el contrato sin penalización alguna en caso de no aceptación de las nuevas condiciones (contractuales)", entre las que se incluyen subidas tarifarias.

Pero los técnicos que atienden el teléfono de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, cuyo teléfono es 901 33 66 99, indican a los usuarios que no pueden plantear reclamaciones por estos motivos a través de dicho organismo y los remiten a "Consumo". En unas ocasiones, indican al usuario que tienen que presentar las quejas al Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo, que en realidad no es competente para resolver controversias de particulares. En otros casos, les indican que planteen las denuncias en las Juntas Arbitrales de Consumo, pero cuando el usuario pregunta qué son y cómo funcionan estos órganos, los teleoperadores son incapaces de contestar de forma acertada.

FACUA denuncia que la Oficina está incumpliendo una obligación de su competencia, "la resolución de controversias entre operadores y usuarios de telecomunicaciones", que le atribuye el Real Decreto que la regula, el 1.554/2004, de 25 de junio, en su artículo 8. La Federación ha constatado esta situación a través de una encuesta a teleoperadores de la Oficina después de ser denunciada en la edición de hoy del diario El Economista.

El Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, también establece que "cualquier propuesta de modificación de las condiciones contractuales, incluidas las mencionadas en el artículo 105.2 [entre las que figuran los precios y otras condiciones económicas de los servicios] deberá ser comunicada al abonado con una antelación mínima de un mes", plazo que no ha sido cumplido con un elevado porcentaje de usuarios.