| Salgado: "conviene estudiar el coste del
establecimiento de llamada y asegurar que se ajusta a los precios que
las compañías van a imponer a los usuarios" El
diputado de CiU Jordi Xuclà se
suma a FACUA al pedir en el Congreso una investigación sobre la legalidad de las nuevas tarifas de establecimiento de
llamada.
El diputado de CiU Jordi Xuclà
ha pedido esta tarde en el Congreso a la ministra de Sanidad y
Consumo que "investigue" la subida del 25% en
el precio de establecimiento de llamada que aplicarán Movistar,
Vodafone y Orange ya que "la Ley [de mejora de la
protección de los consumidores y usuarios] contempla que en
ningún caso puede haber un incremento del [precio del] inicio
del servicio si no hay un coste real que justifica ese
incremento".
En su respuesta, Elena Salgado
ha afirmado que "conviene estudiar el coste de ese
establecimiento de llamada y asegurar que se ajusta a los
precios que [las compañías] van a imponer a los
usuarios".
Xuclà se ha sumado a la
petición formal realizada el 24 de enero por la Federación de
Consumidores en Acción (FACUA) al Ministerio un día después de conocer la
subida del precio de establecimiento de llamada que aplicará
Movistar, como después se supo que harían también Orange y Vodafone.
FACUA argumenta que estas tarifas en concreto pueden vulnerar la
nueva Ley,
que permite la "facturación
por separado" de los costes que para las empresas "conlleve
indisolublemente unido" el "inicio del
servicio", pero sólo "cuando se adecuen al servicio
efectivamente prestado".
La Federación planteó al
Instituto Nacional del Consumo que la tarifa por establecimiento
de comunicación no se ha fijado en 0,15 euros (ahora es de 0,12 euros)
con el objetivo de adecuarla "al servicio efectivamente
prestado", sino como parte de una estrategia para no
dejar de ingresar, e incluso aumentar, las cantidades que antes
provenían de los redondeos al alza en la facturación por
tiempo.
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