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Por la presente le expreso mi rechazo a la desproporcionada subida en la tarifa eléctrica que entrará en vigor el 1 de enero de 2011 y a la política energética del Gobierno de España, contraria a los derechos e intereses de los consumidores y plegada al sector empresarial.
Ante los continuos incrementos en la tarifa, que en cuatro años acumulan ya en torno a un 50%, la desregulación del sector y la falta de control sobre las irregularidades que cometen las eléctricas, le pido que deje de limitarse a satisfacer las demandas de las compañías y comience a proteger los intereses de los usuarios.
Para ello, es necesaria una profunda revisión de su política energética, en la que debería contar no sólo con la opinión de las empresas del sector, como ha hecho hasta ahora, sino también con la de las asociaciones que representan los intereses de los consumidores.
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