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FACUA pide que se cumpla la prohibición de circulación de vehículos de más de ocho toneladas en Brañaseca

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Cudillero, en Asturias, para solicitarle que cumpla con la prohibición de circulación de vehículos de más de ocho toneladas por la carretera que une el pueblo de Breñaseca.

La asociación, a través de su delegación territorial en el Principado, ha tenido conocimiento de que se está incumpliendo de forma reiterada dicha prohibición. Además, medios de comunicación de la zona también se han hecho eco de que los vecinos de Brañaseca llevan denunciando en los últimos meses la circulación de camiones de transporte maderero con un peso de hasta cuarenta toneladas por la carretera del pueblo.

De igual forma, los vecinos también denuncian que esto conlleva el deterioro de la vía, con el riesgo que puede conllevar para todos los usuarios de la carretera. Además, según recogen los medios, el uso de la vía por estos vehículos provoca la imposibilidad de circulación durante horas, exponiéndose los vecinos a un riesgo superior al compartir la vía con dichos vehículos, que suelen ser de grandes dimensiones.

FACUA recuerda que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece como competencia de los municipios la "infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad" y "el tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad".

Por otro lado, los desperfectos que se originen en el firme como consecuencia de la circulación de vehículos prohibidos por su alto tonelaje pueden provocar desde averías en los vehículos de los usuarios hasta accidentes con daños corporales más graves. La asociación deja constancia que, en determinados supuestos, podría llegar a responsabilizarse a la Administración de dichos daños, tanto por falta de actuación para hacer cumplir las normas de circulación como, en su caso, por falta de celeridad en la reparación de la calzada.

Esta responsabilidad viene recogida en el artículo 32.1 de la Ley de Régimen Jurídico que establece que "los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos".