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En España, los consumidores vulnerables siguen pasando frío

El empobrecimiento de millones de familias trabajadoras, las subidas de precios de la energía, el incremento de los abusos en el sector y los consumos ineficaces por la falta de adecuación energética de los hogares han dado como resultado que millones de personas en España tengan dificultad para calentar en invierno sus hogares y poder hacer frente al pago del recibo de la luz.

Veinticinco años después de la puesta en marcha de los procesos de liberalización y privatización energética en Europa, tenemos oligopolios de empresas y precios que no han dejado de crecer. Los precios más altos, según arroja el estudio del Manual de Pobreza Energética en la UE editado en 2016, se sitúan en los países del sur y este de Europa.

La pobreza energética es un problema real, urgente, acuciante, que afecta a millones de personas y que sigue sin estar entre las prioridades de quienes gobiernan.

No existe una definición desde las instituciones para el término pobreza energética. Acuñado en Reino Unido en los 90 por Brenda Boardman, toma como referencia que un hogar deba destinar más del 10% de sus recursos a energía. Tan sólo Francia, Gran Bretaña, Eslovaquia e Irlanda tienen definiciones oficiales para este tipo de carencia, y en todos los casos esta incluye que se dedique más del 10% de los ingresos a pagar la electricidad. De una manera oficiosa, la pobreza energética se considera la incapacidad para mantener el hogar a una temperatura adecuada y hacer frente al pago de los recibos.

Aunque intervienen otros factores, como la falta de acondicionamiento de las viviendas, el elemento principal para que se dé la pobreza energética es el precio de la electricidad, que no ha parado de crecer desde la liberalización del servicio en la segunda mitad de los años noventa.

La falacia de la liberalización

Las dos promesas de la privatización, una mayor competencia entre compañías eléctricas y una bajada de precios para los usuarios, han resultado ser falaces. La primera, una mayor competencia entre empresas, es un fracaso después de dos décadas. La concentración de la oferta es mayoritaria en la UE. Hay oligopolios en Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido, según el análisis por países recogido en el informe Pobreza energética y consumidores vulnerables en el sector energético en la UE: análisis de políticas y medidas, del instituto de investigación Insight_E (que incluye a investigadores, universidades, consultoras, etc).

La segunda promesa de la liberalización también ha resultado ser falsa. Los precios no sólo no han bajado para el usuario final, sino que no han parado de crecer.

En España, el incremento de la factura eléctrica para el usuario medio en los últimos diez años ha sido del 46%. En quince años, la subida ha sido del 85,7%.

Hay mayor pobreza energética en el sur y en el este, lo que no es de extrañar, pues fundamentalmente la subida de precios ha sido más acusada en los últimos años en estas regiones, pero también porque las viviendas están peor acondicionadas y el empobrecimiento de la población ha sido mayor. La peor situación en la UE es la que se vive en Croacia, Grecia y España, donde más del 20% de la población está en riesgo de sufrir pobreza y donde más han subido los precios de la energía en los últimos seis años.

El Manual de Pobreza Energética cita, como paradójico, el caso de los países del Mediterráneo. España, junto con Portugal, Malta, Grecia y Chipre tienen inviernos más templados que los de otros países de la UE y, sin embargo, año tras año ofrecen cifras especialmente altas de personas que no pueden mantener sus hogares a la temperatura adecuada.

En estos países, además de los especialmente altos precios de la electricidad, la crisis económica, el desempleo y la desigualdad han agravado la situación en los últimos años.

La respuesta en Europa a este grave problema es desigual. No hay una legislación específica común que aborde el problema. Las adoptadas en muchos de ellos, como España, son insuficientes y, en general, predomina el enfoque asistencialista en su tratamiento y no el de reconocimiento de derechos al consumidor.

Intervenciones económicas mediante tarifas específicas o ayudas sociales

El 40% de los países usan como elemento principal las intervenciones económicas, aunque en cualquier caso, el 75% de los países tienen algún tipo de medida de esta categoría. En general, se refieren a tarifas o ayudas sociales, consideradas principalmente a través de pagos directos para ayudar a cubrir los costes de la factura de la luz (70% de las medidas).

Las características que los consumidores deben reunir para poder acceder a estas ayudas son variadas y las cantidades también oscilan.

En Gran Bretaña, por ejemplo, según el informe mencionado anteriormente de Insight_E, los pagos para combustible en invierno se basan en la edad de los solicitantes. En algunos casos, además, esas ayudas son insuficientes, porque son cantidades muy bajas.

En Italia, el bono social es un descuento fijo independientemente de la tarifa que tenga contratada el consumidor (válido tanto en el mercado libre como en el regulado).

En Dinamarca, por su parte, hay un fondo para pensionistas si su factura supera un techo de gasto (varía según la renta). Además, existe la posibilidad de intervención del regulador si los precios o las condiciones son injustas o no están en la línea del régimen de no beneficio en el mercado de calefacción urbana. Igualmente, los proveedores están obligados a notificar a los usuarios cuándo se va a producir cualquier cambio en la tarifa (noventa días antes de que se produzca).

En Alemania, la pobreza energética se combate fundamentalmente a través de ayudas sociales que han sido criticadas por ser insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

En algunos países, como Francia, además de otras medidas como ayudas económicas para sufragar el gasto de electricidad (aunque los criterios para acceder a estas dejan fuera en ocasiones a las personas más vulnerables), existen subvenciones y descuentos para la adecuación de los hogares para que haya un mejor aprovechamiento de la energía y por lo tanto se reduzca el precio de la factura.

En Hungría, los consumidores vulnerables pueden acceder a fraccionar la deuda acumulada o a la ampliación del periodo disponible para pagar las facturas atrasadas. Además, contemplan otras medidas como la instalación de contadores prepago, algo que aplican otros países, como Irlanda. Los usuarios con alguna discapacidad tienen ciertas ventajas en relación a la lectura de contadores y facturación.

En Suecia, entre otras medidas económicas, las personas sin ningún tipo de ingresos reciben una renta mínima para cubrir sus necesidades básicas. Una parte de esta renta es variable y está especialmente dedicada a los gastos de alojamiento, entre ellos, los de electricidad. También hay ayudas para el alquiler para personas con rentas bajas (que incluye una cantidad para sufragar los gastos de energía), subsidios para pensionistas que ganan pensiones bajas, etc.

En España, la medida para paliar esta situación se llama bono social de electricidad y consiste en un descuento en la factura eléctrica: 25% para consumidores vulnerables que cumplan los requisitos establecidos, 40% para consumidores vulnerables severos y si, además, es un consumidor en riesgo de exclusión social atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que paguen al menos el 50% de la factura, no tendrá que hacer frente a la factura eléctrica y, en caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico.

Según los últimos datos disponibles se han presentado 1.436.268 solicitudes de bono social, de las cuales 1.041.612 son bonos sociales activos. De esta última cifra, 544.570 bonos corresponden a consumidores en situación de vulnerabilidad, 494.372 a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y 2.670 a personas en riesgo de exclusión social.

La previsión de posibles beneficiarios del bono social era de 2,5 millones de personas.

Cortes del suministro

La categoría de protección a los consumidores tienen como centro medidas para evitar los cortes de suministro a la población más vulnerable. Alrededor del 80% de los Estados de la UE tienen normas en este sentido. Para alrededor del 20% de los países, esta es la base y medida principal para atajar la pobreza energética.

En países como Francia, Finlandia, Alemania, Holanda, Rumanía y Reino Unido está vigente lo que se conoce como tregua invernal, esto es, la prohibición de cortar el suministro durante los meses de octubre y abril (noviembre y marzo en el caso de Francia), aunque en Reino Unido esta medida está vinculada con la inscripción en un registro de consumidores vulnerables.

En Francia, en cualquier caso, las empresas están obligadas a notificar todos los cortes por impago al regulador de Energía y al Defensor del Pueblo de Energía y a tener interlocutores con los servicios sociales municipales para informales sobre las facturas impagadas de consumidores vulnerables.

En Luxemburgo, las eléctricas tienen que notificar dos veces a los usuarios antes de proceder a interrumpir el suministro y además tienen que avisar a los servicios sociales locales. En Suecia ocurre algo similar. Las eléctricas tienen que notificar dos veces al usuario la suspensión del suministro antes de llevarlo a cabo, además de avisar a los servicios sociales municipales, que ayudan a estos consumidores con las facturas pendientes.

En España no existe tregua invernal. Hay prohibición de corte para el consumidor en riesgo de exclusión social que está atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que pague al menos el 50% de la factura, o bien beneficiarios del bono social que hayan acreditado formar parte de una unidad familiar en la que haya al menos un menor de dieciséis años, o bien el titular, o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, todo ello en los términos establecidos en la normativa. La situación de vulnerabilidad social de estos colectivos deberá ser acreditada mediante documento expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes. Estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual.

Asistencia social o intervención

La pobreza energética en España se atiende desde la asistencia social de Comunidades Autónomas y municipios, especialmente estos últimos y con diferentes enfoques, dependiendo de la voluntad política, el estado de los servicios sociales del municipio y sus recursos. En algunos casos, incluso, las medidas dependen directamente de los acuerdos que las propias compañías eléctricas cierran con los ayuntamientos. Esto genera una acuciante desigualdad entre territorios, dado que los usuarios de algunas ciudades tienen más opciones que las de otros, pero incluso dentro de las propias ciudades, donde los clientes de unas empresas tienen más posibilidades que los de otras.

Una situación que se agrava por la falta de información de los usuarios sobre el acceso a las ayudas a las que pueden acceder o los derechos que les amparan. Y es que la realidad nos demuestra que la vulnerabilidad y la pobreza generan ciudadanos invisibles al sistema.

El 14 de noviembre de 2016 una anciana de Reus, de 81 años, falleció de madrugada tras un incendio en su domicilio provocado por una vela al caer sobre el colchón en que dormía. La mujer vivía sola, carecía de recursos económicos y estaba sin electricidad después de que la empresa eléctrica le hubiera cortado la luz hacía dos meses por impago. El 14 de diciembre de 2018, una familia de Griñón, Madrid, sufrió una intoxicación por calentar la vivienda con una barbacoa portátil. La familia vivía sin luz en un hogar con dos menores de seis y ocho años y un bebé de nueve meses. Los dos primeros llevaban días sin ir al colegio. La familia había recibido ayuda puntual del Ayuntamiento en 2017, después "no han pasado más por Servicios sociales ni por el Ayuntamiento", declaró el alcalde.

La anciana de Reus y la familia de Griñón fueron invisibles al sistema.

En todos los casos, predomina el enfoque asistencialista, renunciando los gobiernos europeos, España entre ellos, a intervenir en el funcionamiento de los mercados y el precio de la electricidad que es el factor clave para hacer accesible el suministro eléctrico a la población. Las medidas adoptadas para combatir la pobreza energética no tienen que ver con este factor, solo Suecia regula por ley los beneficios máximos que pueden obtener las eléctricas procedentes de los pagos del consumo, con la intención de que las facturas que abonan los usuarios sean razonables.

Es preciso abordar la intervención directa de los precios del kWh y ampliar el concepto de consumidor vulnerable, incluyendo dentro de dicho concepto a todo consumidor doméstico que se encontrase dentro de un consumo racional y con una potencia contratada que no supere los 10 kW.

Se hace también necesaria nueva regulación de los cortes de suministro, prohibiendo la realización de cualquier clase de corte durante determinados meses del año (por las temperaturas que se registran en España, estos meses tendrían que comprender tanto la etapa de invierno como la etapa de verano) y cuando en la vivienda afectada residan menores de edad, personas de la tercera edad, o ciudadanos que por su discapacidad física y/o enfermedad requieran de acceso al suministro eléctrico. Prohibición de cortes que no exijan a priori un certificado de unos servicios sociales saturados o desconocidos para una población invisible.

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Olga Ruiz Legido es la secretaria general de FACUA.