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FACUA urge a Transición Ecológica una reforma del bono social tras el fin de las prórrogas automáticas

FACUA-Consumidores en Acción urge al Ministerio de Transición Ecológica a que realice una profunda reforma del bono social eléctrico tras el fin el pasado 15 de septiembre de la prórroga automática aprobada durante el estado de alarma, que ha provocado un desplome del número de beneficiarios.

Los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) revelan que septiembre de 2020 cerró con 1.168.542 usuarios con respecto a los 1.315.019 de agosto. En total, 146.477 beneficiarios menos, lo que supone una bajada del 11,1%. La mayor caída se produjo en la categoría de consumidores vulnerables severos, con un 11,8% menos de usuarios acogidos al bono social, de 629.416 a 555.259.

En este última categoría, han sido las unidades familiares sin menores las que han experimentado el mayor recorte, un 13,1%, seguido de los pensionistas (12,8% menos) y las unidades familiares con dos menores a su cargo (10,0% menos). En enero de 2021 se ha producido una ligera recuperación del número de beneficiarios, aunque no hasta los niveles previos a septiembre.

Reforma de los criterios

En este sentido, FACUA insta al Ministerio que dirige Teresa Ribera a que reforme de manera urgente el bono social eléctrico y los requisitos de acceso para que muchas más familias puedan ser beneficiarias del mismo según su coyuntura económica, que se ha visto además agravada en los últimos tiempos debido a la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.

La asociación también advierte de que debería eliminarse el acceso directo de las familias numerosas al bono para que su concesión se rija por criterios económicos, ya que no tiene sentido que familias con alto poder adquisitivo puedan beneficiarse del bono social por su condición de numerosas, dejando menos recursos para atender a familias que sí tienen problemas para afrontar el pago de la factura de la luz.

Desarrollo de campañas institucionales

Además, considera necesario que se desarrollen campañas institucionales para dar a conocer tanto el bono como la tarifa semirregulada (PVPC). Un amplio número de consumidores desconoce la existencia de ambos, que pueden acogerse a las reducciones del bono social si cumplen una serie de requisitos y que la tarifa PVPC provoca facturas de luz más bajas que cualquier oferta del mercado libre.

De igual forma, FACUA pide que se modifiquen los criterios para la prohibición de la interrupción del suministro a los colectivos vulnerables en caso de impago. Actualmente, la norma recoge que no se podrá cortar el suministro "a los hogares acogidos al bono social en los que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que el consumidor o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III, previo certificado expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes".

FACUA reclama que se realicen las modificaciones normativas necesarias para que esta prohibición de la interrupción se aplique a consumidores con determinadas situaciones de vulnerabilidad económica, sin necesidad de requisitos adicionales como los anteriores que puedan reducir el número de usuarios que se beneficien de la medida.

La presidenta de FACUA, Olga Ruiz, y su secretario general, Rubén Sánchez, se reunieron con Ribera el pasado 20 de enero para trasladar a la ministra y vicepresidenta cuarta del Gobierno la necesidad de poner en marcha estas medidas de forma urgente, entre otras cuestiones.