El Spam: qué es y cómo enfrentarte a él

Cómo evitar irregularidades ante el comercio electrónico
Edita: FACUA
Fecha: 2011
Formato: 170 x 240 mm.
Páginas: 48
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Para evitar irregularidades frente al comercio electrónico es necesario extremar las precauciones para confirmar y asegurarse de la identidad del comercio en una transacción electrónica y para asegurarse de conocer todas las características de un producto que el consumidor no podrá examinar hasta que lo tenga frente a él. 

También debe tenerse en cuenta si la empresa o comerciante de bienes y/o servicios que oferta su mercancía en Internet se encuentra o no ubicada en un país donde las garantías legales establecidas para el comercio electrónico no sean aplicables. Por ello, es aconsejable no contratar con aquellas empresas que tienen sus domicilios sociales en paraísos legales y donde por tanto el consumidor tendrá serias dificultades de reclamar y exigir sus derechos si es engañado. Toda oferta de compra por comercio electrónico deberá contener necesariamente la identidad y el domicilio social del proveedor, las características especiales del producto, el precio y, en su caso, el coste del transporte, así como las posibles formas de pago, la modalidad de entrega y el plazo de validez de la oferta. Debe exigirse toda la información necesaria sobre el producto por escrito para evitar sorpresas. A modo de consejos prácticos debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

• Evitar contratar servicios o adquirir bienes a través del comercio electrónico cuando el comercio, empresa o prestador del servicio no esté identificado o no se ofrezcan datos suficientes sobre los productos o servicios que permitan motivar la decisión de compra o contratación.
• Asegurarse del país en el que está ubicado el comercio y de que no se trata de un paraíso legal-fiscal donde no es de aplicación las normas de protección a los consumidores que rigen en la Unión Europea o similares.
• Antes de adquirir el producto o servicio accede y lee detenidamente las condiciones generales de contratación. Si no están accesibles, solicítalas para que te las envíen por escrito.Exige que entre las condiciones se recoja un plazo de entrega y las consecuencias de su incumplimiento. 
• Comprueba las garantías que te ofrecen: derecho de resolución y devolución del producto. 
• Infórmate de los sistemas de entrega que la empresa tiene así como de los costes del mismo. 
• Conserva todos los comprobantes de las compras que realices y revisa los extractos bancarios y los cargos por utilización de la tarjeta de crédito cuando abones las compras a través de este medio de pago.
• Comunica y anula los cargos que de forma irregular te hayan realizado en tu cuenta corriente.
• Comprueba que la empresa o el prestador del servicio permite una transacción segura, con garantía del uso de tus datos personales.
• Asegúrate de que la empresa cuenta con canales de reclamación y te informa de ellos. Igualmente, consulta si se encuentra adherida al Sistema Arbitral de Consumo.
• Utiliza un sistema de pago seguro.
• Guarda un registro de las transacciones: detalles de la página web, copias de los correos electrónicos enviados y recibidos del proveedor, pantallazo de la página donde se confirma la transacción, etc. 
• Comprueba cuanto antes que el producto recibido es exactamente el solicitado, y si está en buen estado y funciona correctamente.

Reclamaciones

En algunas ocasiones, pese a haber tenido en cuenta todos los consejos y recomendaciones y haber tomado todas las precauciones necesarias, el consumidor no está exento de recibir correos spam. En este caso, es necesario que los consumidores tengan conocimiento de cuáles son los cauces y los mecanismos de reclamación que en cada caso proceden.Sobre este aspecto, la Ley General de Telecomunicaciones atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos la tutela de  los derechos y garantías de abonados (persona física o jurídica con contrato con el operador)  y usuarios  (quienes utilizan los servicios sin haberlos contratado)  en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, encomendándole la imposición de sanciones cuando en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas se vulneren los siguientes derechos: 


• A que se hagan anónimos o se cancelen sus datos de tráfico cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación. Los datos de tráfico necesarios a efectos de la facturación de los abonados y los pagos de las interconexiones podrán ser tratados únicamente hasta que haya expirado el plazo para la impugnación de la factura del servicio o para que el operador pueda exigir su pago.
• A que sus datos de tráfico sean utilizados con fines comerciales o para la prestación de servicios de valor añadido únicamente cuando hubieran prestado su consentimiento informado para ello.
• A que sólo se proceda al tratamiento de sus datos de localización distintos a los datos de tráfico cuando se hayan hecho anónimos o previo su consentimiento informado y únicamente en la medida y por el tiempo necesarios para la prestación, en su caso, de servicios de valor añadido, con conocimiento inequívoco de los datos que vayan a ser sometidos a tratamiento, la finalidad y duración del mismo y el servicio de valor añadido que vaya a ser prestado.
• A detener el desvío automático de llamadas efectuado a su terminal por parte de un tercero.
• A impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación de la identificación de la línea de origen en las llamadas entrantes y a rechazar las llamadas entrantes en que dicha línea no aparezca identificada.
•  A no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de venta directa sin haber prestado su consentimiento previo e informado para ello.  
• Además se garantizará a los abonados el derecho a no figurar en las guías ni en los servicios que informan sobre ellos.

Por otra parte, la  Ley de Servicios de la Sociedad de la Información establece que corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la imposición de sanciones en el caso de infracciones por el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes que previamente no hubieran sido  solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas, salvo que exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

Asimismo, corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la imposición de sanciones cuando los prestadores de servicios empleen dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales (cookies) sin informar a los destinatarios de manera clara y completa sobre su utilización y finalidad, ofreciéndoles la posibilidad de rechazar el tratamiento de los datos mediante un procedimiento sencillo y gratuito. Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso a datos con el fin de efectuar o facilitar técnicamente la  transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.

Las sanciones previstas en la Ley de Servicios de la Sociedad de la  Información respecto del spam son también aplicables cuando no se respeta el derecho de los abonados a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax con fines de venta directa sin haber prestado su consentimiento previo e informado para ello.

No obstante lo anterior, investigar los casos de spam se está convirtiendo en una tarea cada vez más complicada, en tanto en cuanto los spammers contratan piratas informáticos  para ocultar su verdadera identidad (spoofing).

Los proveedores de servicios de Internet (ISP) suelen ser diligentes a la hora de cortar el servicio a los spammers cuando constatan que se generan correos basura desde sus redes.  

Por ello, si se tiene conocimiento del país a partir del cual se emite el spam, se debe indicar a las autoridades interesadas.

Tratándose de spam emitido en un Estado de la Unión Europea, los datos del conjunto de las autoridades europeas  de protección de datos están disponibles en la página web de la AEPD. Por último, indicar que si el envío de spam se ha realizado desde los Estados Unidos de Norteamérica,  pueden transferir los mensajes no solicitados al Departamento del Comercio Americano (Federal Trade Commission) que propone un procedimiento de  alerta en su página web cookies y con el que la Agencia Española de Protección de Datos ha suscrito un acuerdo de colaboración.

Por ello, cuando un usuario reciba una llamada, mensaje o correo electrónico no deseado, debe actuar de la siguiente manera:

• Vía amistosa: en su caso, habría que interponer una reclamación a la empresa que haya vulnerado o infringido la norma con el fin de solicitar el cese de la misma y la cancelación de todos los datos de carácter personal de los que puedan disponer. Asimismo, y en el caso de que se haya producido algún tipo de daño o perjuicio, también tiene que ser reclamado.
• Vía administrativa: por otra parte, la correspondiente Reclamación-Denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos, poniendo en conocimiento de la misma la infracción cometida.
• Vía arbitral: de escaso uso en este tipo de casos, ya que la mayoría de las veces se trata de empresas sobre las que ni siquiera se conoce su denominación o su domicilio social. La vía arbitral es un sistema extrajudicial de conflictos voluntario y gratuito que permite solucionar litigios con la misma fuerza que una sentencia judicial (carácter vinculante de las resoluciones).
• Vía judicial: en el caso de no haber llegado a resolver el problema a través de ninguna de las vías anteriores, quedaría siempre abierta la posibilidad de acudir a la vía judicial para resolver el problema.