La nueva Ley de Garantías

¿Dos años?
Edita: FACUA Andalucía
Fecha: 2004
Formato: 150 x 180 mm.
Páginas: 12
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El aspecto de esta Ley que se esta presentando como el más novedoso y positivo es la ampliación de la garantía a dos años. Algo que queda desvirtuado desde el momento en que pasados seis meses de la compra recae en el consumidor el deber de probar que el defecto era de origen.

Se podía haber aprovechado la ocasión para regular esta materia tan necesaria, por lo que habría que destacar que el eje de la relación de consumo y la situación de inferioridad sigue sufriéndola el consumidor y que las reformas legislativas deben ir en aras de su protección.

La diversidad de plazos que regula la Ley ha creado un laberinto de vencimientos y prescripciones, en el que el usuario se perderá con facilidad puesto que son muchas las trabas que surgen en la formulación y solución de sus reclamaciones.

En principio, parece que el periodo de garantía por el que debe responder el vendedor es de dos años, pero esto se desvirtúa cuando a partir del sexto mes de garantía le corresponde probar al consumidor, mediante un informe técnico o pericial, por ejemplo, que el defecto era de origen y ya existía en el momento de la entrega del producto, y que no ha sido provocado por un mal uso.

No se pueden ignorar las dificultades que esto conlleva y la indefensión del consumidor al tener que asumir una carga de la prueba, que le será, en muchas ocasiones, casi imposible; por ejemplo, asumir los gastos que le provocaría recurrir a informes técnicos o periciales.

En cualquier caso, ante la discrepancia de las partes, salvo que éstas voluntariamente acuerden someter el litigio al Sistema Arbitral de Consumo, serán los tribunales los que determinarán la certeza de los hechos en los que se funde su derecho, siendo relevante a tal efecto la previsión del apartado 6, del artículo 217, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el deber del tribunal de tener presente, en la aplicación de las reglas de la carga de la prueba, la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes en litigio.

De esta norma hay que criticar la diversidad de plazos que establece: un primer período de responsabilidad del vendedor, un segundo para que el consumidor informe al vendedor de la falta de conformidad del bien al contrato, y un tercero para ejercitar las acciones. Este entramado de plazos crea una compleja y confusa situación para el consumidor, y puede generarle desprotección.
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