El consumidor y la intermediación inmobiliaria

Vías de reclamación
Edita: FACUA Andalucía
Fecha: 2008
Formato: 150 x 210 mm.
Páginas: 12
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Para efectuar una reclamación el primero paso serrá siempre solicitar la hoja de reclamaciones a efectos de plantear la reclamación correspondiente ante la entidad. Es obligatorio tener a disposición del cliente el Libro de Reclamaciones según el Decreto 171/89, de 11 de julio. Asimismo, dicha queja servirá para interrumpir el plazo de prescripción de la acción que pueda ejercitar el usuario contra la entidad, la cual está obligada a contestar a la reclamación en diez días. Si no lo hace o su contestación no satisface, el comprador puede presentar la hoja de reclamaciones en el Servicio de Consumo de las Delegaciones del Gobierno, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor o en una asociación de consumidores como FACUA, que tiene como finalidad la defensa de los intereses de los consumidores, así como proporcionar información, educación y representación, además de ejercer las correspondientes acciones en defensa de los consumidores.

El día 27 de marzo de 2008, se ha publicado el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas, que conforme a su propio contenido entró en vigor el 27 de junio de 2008.

La presentación de quejas y reclamaciones mediante medios electrónicos constituye una de las principales novedades del presente Decreto, así como el establecimiento de un criterio común de tramitación de las mismas para determinar el organismo público competente, que será el del domicilio de la persona reclamante.

Sistema arbitral de consumo

Otro paso a dar para resolver una reclamación es acudir al Sistema Arbitral de Consumo, que tiene como objetivo resolver, con carácter vinculante y ejecutivo para las partes, las quejas y reclamaciones que se presentan por los consumidores ante la Junta Arbitral de Consumo competente, siendo órganos decisorios los Colegios Arbitrales, cuya composición garantiza el equilibrio y la igualdad de las partes. Las características de este sistema son, especialmente, el ser un procedimiento económico, rápido y sencillo, lo que lo hace muy ventajoso con respecto a la utilización de la vía judicial.

En la actualidad está en vigor el Real Decreto 236/1993, de 17 de diciembre, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, pero esta situación es de carácter transitorio por cuanto el día 25 de febrero de 2008, se publicó el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, que conforme a su propio contenido, entrará en vigor a los seis meses de su publicación, con alguna excepción. Dos novedades se incorporan en esta normativa: la regulación del arbitraje de consumo electrónico y del arbitraje de consumo colectivo. En el arbitraje de consumo colectivo, que se podría dar en los casos de promociones de viviendas, se abordan expresamente sus particularidades en relación con la determinación de la competencia territorial, la iniciación del procedimiento, el llamamiento a los consumidores y usuarios cuyos intereses individuales pudieran haberse visto afectados por los hechos de los que trae su causa el arbitraje y la fecha de iniciación del plazo para dictar laudo, haciéndolo coincidir con la finalización del plazo para el llamamiento y, en consecuencia, con el momento en el que se habrán formalizado válidamente la mayor parte de los convenios arbitrales que permitirán el conocimiento y resolución de este arbitraje colectivo. La tramitación del arbitraje colectivo determinará la acumulación en este procedimiento de las solicitudes de arbitraje individual y la posibilidad de que el reclamado se oponga a tal tramitación individual. Adicionalmente, se prevé en la norma la acumulación de procedimientos individuales.

Órgano Provincial de Consulta y Mediación

Acudir al Órgano Provincial de Consulta y Mediación para el Sector de la Vivienda en aquellas provincias donde esté creado, ya que es otra alternativa que tiene por finalidad resolver, sin carácter vinculante y ejecutivo, sólo mediador, las quejas y reclamaciones que se presentan por los consumidores en este sector.

Para las promociones de nueva construcción para cuyos proyectos se solicitó licencia de edificación antes de 6/5/2000, los plazos de garantía para el comprador son:

- Vicios ocultos o defectos menos graves: seis meses desde la entrega de la vivienda.
- Defectos constructivos que afectan a la habitabilidad del inmueble y a su estructura y estabilidad y resistencia: diez años, ampliándose a quince si los defectos fueran por falta del contratista a las condiciones estipuladas en el contrato de ejecución, a contar desde que concluya la construcción.

Para las promociones de nueva construcción para cuyos proyectos se solicitó la licencia de edificación después de 6/5/2000, los plazos de garantía que el comprador tiene son:

- Defectos que afecten al acabado o terminación de la obra: un año. - Defectos constructivos que afecten a la habitabilidad del inmueble: tres años.
- Defectos que afecten a la estructura, estabilidad y resistencia del inmueble: diez años.

Todos ellos a contar a partir de la fecha de recepción de la obra. Los plazos para ejercitar las acciones contra los agentes intervinientes en la edificación no se pueden confundir con el plazo de garantía anteriormente reflejado.

En las promociones para cuyos proyectos se solicitó la licencia de edificación antes de 6/5/2000, al no tener establecido plazo específico, se entiende que es el genérico de quince años, siempre que los defectos constructivos hayan surgido durante los periodos de garantía anteriormente indicados.

En las promociones para cuyos proyectos se solicite la licencia de edificación a partir de 6/5/2000, el plazo para ejercitar la acción es de dos años a contar desde que éstos se produzcan y siempre que surjan durante el tiempo de garantía anteriormente indicado.
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