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Móviles y salud

Algunos datos que los consumidores deben conocer.

FACUA.org - 22 - junio de 2001
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Las primeras denuncias

En 1992, el neurocirujano norteamericano David Reynard presentó una demanda en un tribunal de Florida contra NEC, sosteniendo que el uso de un teléfono móvil de la marca había sido el responsable del cáncer que acabó con la vida de su esposa, que había desarrollado un tumor detrás de la oreja derecha, donde siempre sostenía el teléfono. Tres años después, la demanda fue desestimada por falta de pruebas científicas. Pero el juicio y su repercusión mediática (Reynard contó su historia en el popular programa de la CNN Larry King Live) desataron cientos de estudios científicos, muchos de ellos financiados por los fabricantes de móviles con el prefijado objetivo de demostrar su inocuidad.

El rotativo británico The Express se hizo eco en agosto de 1997 de las denuncias de alrededor de un centenar de ingenieros de British Telecom (BT) que advertían que los teléfonos móviles provocan serios problemas de salud. Algo que fue rotundamente denegado por la compañía.

Dos años después, Steve Corney, que trabajó durante diez años como ingeniero de BT, anunció una demanda contra la empresa aludiendo que el uso prolongado de teléfonos móviles le provocó daños en el cerebro. Los familiares de Corney, que padece demencia precoz, están convencidos de que la enfermedad se debe a su trabajo, que le obligaba a usar el móvil durante una media de cinco horas al día ya que el ingeniero debía verificar la fuerza de las señales. "Todo fue bien mientras usé el móvil analógico", declaró Corney al diario británico Sunday Mirror, "luego pasamos a los digitales y comencé a tener problemas de memoria. Ni siquiera me acordaba de lo que acababa de hacer". El denunciante tuvo que abandonar el caso por falta de evidencias científicas que asociasen su enfermedad al uso de teléfonos móviles.

En agosto de 2000, un neurólogo de Baltimore (Maryland, EE.UU.), Christopher Newman, formalizó una demanda contra siete empresas de la industria de la telefonía móvil (Verizon Communications, Motorola, Bell Atlantic, Bell Atlantic Mobile, Southwestern Bell Mobile Systems, Washington/Baltimore Cellular y SBC Communications), la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones Móviles (CTIA, en sus siglas en inglés) y la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA). El doctor Newman reclamaba una indemnización de 800 millones de dólares (929,64 millones de euros) asegurando que el tumor cerebral detrás de la oreja derecha que le diagnosticaron en 1998 le fue provocado por los teléfonos móviles, que venía usando de forma frecuente cada día desde 1992.

En la actualidad, la abogada de Newman está siendo ayudada en su demanda por el célebre abogado Peter G. Angelos. El despacho de Angelos, con sede central en Maryland y un ejército de 110 abogados repartidos por oficinas en seis estados, logró que el Estado de Maryland ganase su litigio contra la industria tabaquera, que tuvo que pagar 4.200 millones de dólares (unos 4.881 millones de euros).

A comienzos de 2001, Angelos demandó a veinticinco de las principales empresas de la industria de la telefonía móvil (desde compañías como Verizon Communications, Sprint PCS y Reston-based Nextel Communications Inc hasta fabricantes como LM Ericcson AB, Matsushita, Motorola, Nokia, NEC, Philips, Samsung, Sanyo y Sony) acusándolas de poner en el mercado su tecnología a sabiendas de que emite radiaciones peligrosas para sus usuarios.

El abogado alega que existen vínculos entre el uso de los teléfonos móviles y el aumento de riesgos para la salud, incluyendo daños en funciones básicas cerebrales, irregularidades genéticas y un aumento en la vulnerabilidad a toxinas e infecciones. En su demanda, presentada en los estados de Maryland, Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York, Angelos pide que se obligue a las compañías a regalar sistemas manos libres a sus usuarios para reducir las radiaciones recibidas de los móviles. Curiosamente, un reciente estudio, realizado por la Asociación de Consumidores de Gran Bretaña, advierte que los kits manos libres pueden multiplicar estas radiaciones.

Angelos se ha asociado con la firma de abogados de Robert Gordon, Weitz & Luxenberg, de Maiden Lane (Nueva York, EE.UU.), para trabajar en varios casos contra la industria de la telefonía móvil. Una de estas demandas es la de un joven ex empleado de Motorola que se dedicaba a probar teléfonos móviles y que ha desarrollado dos tumores cerebrales. El bufete de Gordon, que cuenta con cuarenta y un abogados, también es famoso por sus victorias en pleitos contra las tabaqueras y por haber logrado indemnizaciones por valor de más de 340 millones de dólares (alrededor de 395 millones de euros) para afectados y familias de fallecidos por cáncer y enfermedades respiratorias a consecuencia de la exposición prolongada al amianto, de los que ha representado a más de 17.000 clientes.

En declaraciones a la revista Quo, Gordon ha señalado que los casos anteriores que no prosperaron "no estaban lo suficientemente documentados". "Estos litigios son muy costosos, muy largos, las grandes corporaciones tienen mucho dinero y firmas de abogados de miles de personas. Esta es sin duda alguna una lucha como la de David contra Goliat", dice Gordon, quien se muestra convencido de que "vamos a tener una epidemia de casos dentro de unos años".

En Europa han prosperado ya varias demandas contra empresas de telefonía móvil, relacionadas con los posibles daños de las antenas repetidoras.

El 27 de septiembre de 2000, la Audiencia de Frankfurt (Alemania) dictó una sentencia de carácter preventivo por la que prohibió con efectos inmediatos a la compañía operadora De TeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH el funcionamiento de una antena instalada en el campanario de la Comunidad Evangélica de Oberursel por motivos de salud.

La sentencia señala que los treinta y ocho demandantes demostraron que "la instalación montada por la demandada (...) emite radiaciones pulsantes de alta frecuencia que representan un serio peligro para la salud de los demandantes". Tomando como referencia investigaciones realizadas por el doctor Lebrecht von Klitzing y las advertencias del SSK, organismo alemán para la protección contra radiaciones, la Audiencia consideró poco segura la normativa alemana que regula las emisiones de estas antenas, basada esencialmente en las recomendaciones de los organismos internacionales de estandarización Icnirp e IRPA.

Cinco días después de la sentencia alemana, el 2 de octubre de 2000, una jueza de Bilbao (España) dictó una providencia instando a precintar y desconectar los elementos eléctricos de una antena repetidora de Airtel-Vodafone tras la denuncia de un matrimonio que vive en el inmueble donde estaba instalada, cuya hija padece (con anterioridad a su instalación) una enfermedad denominada TDAH (transtorno por déficit de atención con hiperactividad).

La pareja había aportado sendos informes, que desaconsejaban el funcionamiento de la antena en el edificio, emitidos por un psiquiatra y un ingeniero de Telecomunicaciones. El segundo se remitía al Informe Steward, elaborado por encargo del Gobierno británico, que advierte que las lagunas científicas y epidemiológicas que hay sobre las radiaciones de la telefonía móvil justifican tomar precauciones, especialmente entre la población infantil.