El Ayuntamiento de A Coruña expedienta a una empresa de Florentino Pérez por desatender a dependientes

Los problemas, que podrían provocar sanciones o la cancelación del contrato, son un servicio insuficiente o ausencia total en algunos casos, falta de coordinación o demasiados cambios de auxiliar.

El Ayuntamiento de A Coruña expedienta a una empresa de Florentino Pérez por desatender a dependientes
La Concejalía de Justicia Social y Cuidados de A Coruña ha abierto expediente a Clece, filial de ACS, y podría sancionarla o incluso cancelar el contrato si continúa con los incumplimientos. | Imagen: clece.es.

El Gobierno local de A Coruña ha abierto un expediente a la empresa Clece, concesionaria del Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad, después de que haya comprobado diferentes "incumplimientos" en el contrato y tras no haber implementado las mejoras que desde el Ayuntamiento le habían solicitado en una reciente reunión, informa eldiario.es. Esta filial de la multinacional ACS, constructora propiedad de Florentino Pérez, ha recibido ya numerosas quejas, denuncias y problemas por incumplir con lo pactado o cobrar por servicios que no había realizado en ayuntamientos e instituciones gallegas.

La Concejalía de Justicia Social y Cuidados de A Coruña le ha abierto un expediente a la espera de sus alegaciones y podría imponerle sanciones o incluso cancelar el contrato si continúa con los incumplimientos. "Es un desastre", dicen fuentes municipales sobre el funcionamiento de una empresa cuyo contrato le fue adjudicado el pasado año por el anterior Gobierno del PP y que supondría para el Ayuntamiento más de 7,5 millones de euros en tres años.

En este caso, los problemas llegan por un servicio insuficiente para los dependientes -a algunos incluso no se los ofrecieron-, falta de coordinación o demasiados cambios de auxiliar. Desde los sindicatos, Alejandra Gesto, responsable de la Federación de Construcción, Madera y Afines (Fecoma) de CCOO, explica que los incumplimientos por parte de esta empresa "son continuos", también en el plano laboral. Impagos de horas extras, incumplimiento de los descansos obligatorios o del reglamento de prevención de riesgos, labores fuera del horario laboral, negativa a cubrir una baja de manera inmediata, denegación de los días de asuntos propios o regulación mediante el convenio estatal cuando ya hay uno a nivel autonómico. Y tanto en lo que tiene que ver con la ayuda en el hogar como en la limpieza.

La propia Clece había realizado prácticas parecidas en Pontevedra. El Ayuntamiento reconoció hace más de dos años que la filial de ACS le había facturado 38.000 euros por servicios no prestados después de que a la empresa se le abriesen varios expedientes. En los últimos meses, más conflictos han surgido en una empresa demandada por los sindicatos en varias ocasiones. La Administración local anunció en el mes de enero que había iniciado "la tramitación de un nuevo contrato para el Servicio de Ayuda a Domicilio" tras rechazar la posibilidad de prorrogar el contrato cuatro años más.

Otra filial de ACS, Urbaser, fue denunciada en Ferrol tras admitir que su depuradora del Cabo Prioriño no realizaba su función a pesar de facturar por hacerlo durante un año.

Conflictos en la UDC, en Compostela o en el Arsenal de Ferrol

Tal y como aclara Gesto, los conflictos con los trabajadores de ayuda en el hogar "son aún más complejos" porque la Inspección de Trabajo "tiene muchos problemas por las limitaciones a entrar en un domicilio". La responsable de CCOO dice que la situación "es gravísima" en Clece y advierte incluso de la "importante incidencia de las bajas" en la firma y de la "incapacidad laboral" que ya tiene alguna trabajadora por los rigores de unos trabajos "en los que hasta se privó de grúas para ayudar los enfermos".

El último conflicto, además de en el Ayuntamiento de A Coruña, surgió también en la Universidad con sede en la misma ciudad. Hay varias denuncias presentadas por los sindicatos y "movimientos de personal que provocaron varios despidos". La Inspección ya ha acudido a comprobar si se cumplía o no con todos los deberes legales tras las demandas de los trabajadores de limpieza.

No hace mucho, en Compostela, la Junta de Gobierno dio cuenta de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulaba la adjudicación de las escuelas infantiles de Conxo y Fontiñas a Clece aprobada en 2013 y que llegó cuando estaba a punto de expirar la prórroga del contrato con la firma, lo que puede suponer "una reclamación patrimonial al Ayuntamiento". En verano de 2014, el Gobierno local del PP había abierto expediente a la filial del grupo de Florentino Pérez por la gestión de dichas escuelas por incumplimiento "grave" de las condiciones del contrato y tras las múltiples quejas presentadas por los padres de los niños. El caso finalizó en una mínima sanción de 3.000 euros a la compañía.

En el pasado verano, Inspección de Trabajo, después de una demanda de CCOO, había calificado como "grave vulneración de los derechos fundamentales" la cláusula de subrrogación formulada por Clece, adjudicataria del servicio de limpieza del Arsenal Militar de Ferrol. La compañía había obligado a las trabajadoras a firmar una cláusula en la que renunciaban expresamente a reclamar a la nueva empresa las deudas salariales de las anteriores.

Según Alejandra Gesto, de CCOO, estas prácticas "son habituales" en Clece que "pasa absolutamente de la ley y todo lo lleva al juzgado". "Busca siempre ganar tiempo e individualizar los conflictos", explica quien conoce de buena tinta muchos de los problemas laborales y de incumplimientos legales que rodean a la compañía de Florentino Pérez, que suele emplear "toda su maquinaria legal", que es mucha y amplia.

Además, en Vigo, la Oficina de Dereitos Sociais de Coia lleva tiempo denunciando que esta empresa del grupo ACS, a pesar de las denuncias y problemas que acumula, "se lleva la mitad del presupuesto de la Concejalía de Bienestar Social" (más de 5 millones de euros) al gestionar el Pograma de Infancia, el Servicio de Ayuda en el Hogar y una parte de los servicios y personal de Cedro. No es un caso único en Galicia.

Las concesiones a compañías filiales de la constructora madrileña se extienden por docenas de ayuntamientos y administraciones públicas en Galicia, a pesar de las continuas irregularidades denunciadas por muchas de ellas.

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