Fue sancionada en noviembre con 25 millones de euros

A petición de FACUA, la Fiscalía investiga si Iberdrola cometió delito al manipular el precio de la luz

FACUA considera inaceptable que ni la CNMC ni el Ministerio de Industria pusieran los hechos en conocimiento de la Justicia.

A petición de FACUA, la Fiscalía investiga si Iberdrola cometió delito al manipular el precio de la luz

A petición de FACUA-Consumidores en Acción, la Fiscalía Provincial de Vizcaya ha incoado diligencias de investigación para determinar si Iberdrola incurrió en delito al manipular los precios de la electricidad. Se trata de prácticas que supusieron el pasado noviembre una multa de 25 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Fiscalía General del Estado ha dado traslado de la documentación remitida por FACUA a la de Vizcaya, al tener  Iberdrola su sede social en Bilbao. La asociación solicitó que se investigase si la compañía ha cometido un delito contra el mercado y los consumidores.

FACUA considera inaceptable que ni la CNMC ni el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pusieran los hechos en conocimiento de la Justicia. La asociación señala en su escrito que de los hechos expuestos en el expediente sancionador, que el organismo de Competencia considera probados y que derivan en la mencionada multa, se podría desprender una posible conducta delictiva de la empresa. El expediente fue recurrido por Iberdrola.

Manipuló los precios disminuyendo la producción hidráulica

La sanción a Iberdrola se refiere al incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013. La empresa manipuló "el precio de un bien de primera necesidad como es el suministro eléctrico, utilizando entre sus estrategias una disminución de la producción hidráulica", lo que provocó "un aumento en el precio ofertado de generación, al tener que acudir a tecnologías más caras para cubrir la demanda energética", indica FACUA.

En este sentido, la asociación recuerda que el artículo 281 del Código Penal establece de forma expresa que "el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses".

En su resolución, que FACUA ha adjuntado a la Fiscalía, la propia CNMC se refiere a la conducta de Iberdrola como una "manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía" eléctrica. El organismo afirma que la compañía, "consciente de la existencia de un escenario de elevada demanda al que corresponde el mes de diciembre, decide retirar una capacidad de producción para provocar un incremento adicional en el precio del mercado". Competencia indica que esta conducta  hizo que el precio del mercado diario estimado aumentase en unos 7 euros por megavatio hora (MWh). El beneficio propio ocasionado por esa actuación fue de unos 21,5 millones de euros, mientras que el impacto para el conjunto de la demanda se cifra en unos 105 millones de euros, según la CNMC.

Industria cambió el sistema de fijación de precios

Las sospechas de que había manipulado el mercado llevaron al Gobierno a cambiar todo el sistema de fijación de precios. Por esto, Industria decidió suspender la subasta Cesur, celebrada el 19 de diciembre de 2013, para evitar que la luz subiera de golpe casi el 11%. Sin embargo, el nuevo sistema de fijación de precios no hizo más que ayudar al sector a aumentar sus márgenes un 30% en menos de un año, como ha revelado el último informe de la CNMC.

FACUA viene reclamando una intervención contundente en el sector para que el Gobierno el que establezca periódicamente unas tarifas máximas sobre la base de los costes reales de la generación energética, de manera que los usuarios dejen de ser víctimas de prácticas oligopolísticas.

La asociación también reclama una auditoría histórica del déficit de tarifa y un cambio legal para prohibir las puertas giratorias mediante las que las eléctricas fichan a expresidentes, exministros y otros altos cargos gubernamentales y los gobiernos incorporan como altos cargos a exconsejeros de estas compañías.

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