Reclama una Agencia de Protección de los Consumidores que dé respuesta a los fraudes masivos

FACUA rechaza la propuesta de PSOE y Cs de diluir las competencias de protección al consumidor en la CNMC

Considera escasas, ambiguas y poco concretas las iniciativas sobre defensa de los consumidores incluidas en el acuerdo de gobierno de socialistas y Ciudadanos.

FACUA rechaza la propuesta de PSOE y Cs de diluir las competencias de protección al consumidor en la CNMC
FACUA reclama la creación de una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores y Usuarios. | Imagen: flickr/lordferguson (CC BY-SA 2.0)

FACUA-Consumidores en Acción considera escasas, ambiguas y poco concretas las propuestas incluidas en el acuerdo de gobierno de PSOE y Ciudadanos en materia de protección de los consumidores. Además, el documento obvia la necesidad de dar respuesta a los numerosos y graves fraudes masivos que sufren los consumidores, y las desprorpocionadas tarifas que aplican las empresas de los sectores liberalizados.

La asociación rechaza rotundamente la idea de PSOE y Ciudadanos de que las competencias de protección de los consumidores sean asumidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo cual supondría diluirlas en un organismo que ya está absolutamente saturado de responsabilidades. Frente a esto, FACUA exige la creación de una Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores y Usuarios.

La asociación recuerda que ya en la legislatura de Mariano Rajoy se ha dado un grave paso atrás con la eliminación del Instituto Nacional del Consumo, absorbido por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (ahora denominada Aecosan).

FACUA considera además que la fórmula planteada por PSOE y Ciudadanos es confusa y poco clara, ya que propone que la CNMC asuma las competencias de protección de los consumidores "al menos en lo que respecta al ámbito de la competencia desleal", cuando el organismo ya las tiene atribuidas desde su creación, cuando fagocitó, entre otras, a la antigua Comisión Nacional de la Competencia.

En este sentido, la asociación reclama una agencia independiente con competencias para sancionar los fraudes masivos, capaz de definir y planificar las políticas y estrategias de protección de los consumidores desde una óptica transversal e implicando a todas las áreas de gobierno y en coordinación con las comunidades autónomas. Para ello, la asociación considera fundamental un organismo propio -no compartido con otras áreas y competencias- que asuma realmente las políticas de defensa de los consumidores en el ámbito nacional y cuente con capacidad sancionadora.

Tarifas máximas en luz, gas y telecomunicaciones

Entre las cuestiones prioritarias que reivindica FACUA se incluye la intervención de los sectores liberalizados -telecomunicaciones, luz y gas-, cuyas tarifas resultan desproporcionadas. Así, la asociación reclama que el Gobierno imponga precios máximos en estos servicios para evitar que los consumidores tengan que seguir asumiendo facturaciones excesivas en sectores donde no existe la competencia o está desapareciendo.

En cuanto a las medidas frente a la pobreza energética, FACUA lamenta la ambigüedad de las mismas, como también el hecho de que PSOE y Ciudadanos no se planteen la paralización extrajudicial de los desahucios ni medidas frente a la especulación de la banca con las viviendas que han quedado vacías.

Sector bancario

En lo que se refiere a la revisión de la normativa sobre el sector bancario, FACUA lamenta la ambigüedad de la propuesta de PSOE y Ciudadanos, ya que solo concreta un objetivo, la eliminación de las cláusulas suelo, y además no aclara si sería con carácter retroactivo en todos los contratos hipotecarios vigentes o simplemente en los que se firmasen en el futuro. Además, el acuerdo alcanzado por ambas formaciones elude el objetivo de actuar ante las prácticas de usura en las que incurre la banca, como si ésta sólo se produjese en los préstamos de entidades no bancarias.

En este sentido, la asociación reclama, entre otras medidas, la fijación de tipos de interés máximos en los préstamos y penalizaciones por la demora en el pago para evitar las prácticas de usura de numerosas entidades, así como prohibición de determinadas comisiones por su carácter abusivo y la fijación de cuantías máximas en todas ellas, como se hizo en su día con las que se aplican por la cancelación de hipotecas.

Reforma de la ley general de defensa de los consumidores

En cuanto a la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que proponen PSOE y Ciudadanos, FACUA recuerda que ya se hizo en la última legislatura y durante los gobiernos de Zapatero, por lo que resulta necesario concretar cuáles son los objetivos. En este sentido, la asociación reclama la necesidad de que el Estado asuma las competencias para sancionar los fraudes masivos que se produzcan en varias comunidades, con lo que compartiría estas atribuciones con los gobiernos autonómicos, así como de endurecer el obsoleto régimen sancionador, tiene más de treinta años, para hacerlo realmente disuasorio.

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