Hagamos frente a la parálisis del poder frente a los abusos empresariales

La protección y defensa de los consumidores y usuarios, además de un principio rector de nuestro modelo social y económico recogido en la Constitución, es un instrumento básico en la lucha contra los desequilibrios y las injusticias de un modelo económico depredador como el actual, el cual se ceba fundamentalmente con las personas más vulnerables.

Las medidas neoliberales y antisociales aplicadas hasta el momento como respuesta a la crisis económica han afectado directamente a las economías domésticas más débiles, doblemente castigadas por ello. Los abusos de los mercados se han acrecentado y los gobiernos renuncian a hacerles frente, abandonando a su suerte a los consumidores y judicializando su protección. Pobreza, desigualdad y abusos van de la mano y están generando un aumento de la exclusión social y graves desequilibrios en el acceso a bienes y servicios básicos.

Por todo ello, se hace más necesario que nunca hacer frente a esta situación en la que se aúna la inacción de los gobiernos con un aumento de los abusos y la desigualdad, así como una mayor concentración de poder de aquellos mismos que provocaron la crisis.

En España no existen políticas públicas comprometidas con la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, haciéndolos aún más vulnerables frente a los fraudes. Los imparables abusos en el sector de las telecomunicaciones, la banca, los servicios y suministros energéticos básicos o el gravísimo problema de los desahucios, son, entre otros, ejemplos claros de la situación actual de desprotección que viven los consumidores, quienes exigirían una respuesta proporcional por parte de los gobiernos: estatal, autonómicos y locales. Ese fue el mandato constitucional del artículo 51 hoy completamente desatendido.   

La virulencia de los fraudes que están sufriendo los consumidores en los últimos tiempos, la desigualdad creciente frente a los poderes económicos y la ausencia de mecanismos eficaces de protección hacen que hoy sea más necesario que nunca que la defensa de los consumidores y la lucha contra el fraude se conviertan en una política pública prioritaria en España.

Por ello, desde FACUA exigimos:

- Un auténtico control de los mercados y regulaciones suficientes que garanticen los derechos y las garantías de los consumidores y usuarios.

- La garantía de derechos básicos para la vida y el desarrollo humano en condiciones de dignidad, priorizando el derecho al agua y al saneamiento, el acceso universal a suministros energéticos básicos y la paralización de los desahucios con pleno reconocimiento del derecho a una vivienda.

- Una respuesta contundente y eficaz de los poderes públicos frente a los abusos que sufren los consumidores con revisión del marco sancionador para hacerlo proporcional a las dimensiones de los fraudes y de carácter disuasorio.

- El desarrollo de instrumentos eficaces para la resolución extrajudicial de conflictos y para el reconocimiento del derecho a indemnización o reparación del daño por vía administrativa. 

- Una intervención pública en sectores liberalizados (telecomunicaciones, energía y carburantes) para garantizar el acceso universal a los mismos, regular sus precios máximos, mejorar el marco de protección de derechos de los usuarios y poner freno a prácticas oligopolísticas.

- La apuesta por un modelo energético sostenible, justo y democrático, basado en el impulso de las energías renovables y el autoconsumo.    

- La mejora de la regulación del sector bancario y financiero en beneficio de la  protección los derechos de los usuarios e instrumentos vinculantes para poner fin a los abusos de la banca, mediante la regulación de las cuantías máximas de sus comisiones, la definición de los tipos de interés que incurran en usura y la eliminación de prácticas fraudulentas.

- Fortalecimiento del movimiento consumerista como contrapoder equilibrador y del conjunto de la sociedad civil organizada, garantizando su participación real y efectiva en los organismos e instrumentos de regulación y control, tanto en sus órganos decisorios como consultivos, equilibrando los intereses representados que hoy están claramente escorados hacia el sector empresarial.