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Pactos diabólicos en el mercado

Es urgente robustecer los entes reguladores y las agencias gubernamentales de protección al consumidor, incrementar las multas, desconcentrar los mercados y empoderar al movimiento de consumidores.

Por Juan Trímboli

Los últimos tiempos se caracterizan por sus complejidades para nuestro objetivo de mejorar los estándares de la protección del consumidor en América Latina y el Caribe. Luego de varios años de crecimiento económico sostenido, nuestros países han vuelto a confrontarse con una creciente crisis social. Se mantienen y en algunos casos se agudizan profundas desigualdades y los niveles de pobreza son más que preocupantes. Por una parte podemos constatar que la democracia se ha extendido ampliamente en el continente, pero a la vez es posible percibir que sus raíces no son todavía lo suficientemente profundas.

En este contexto, las organizaciones de consumidores de la región volvieron a demostrar que, con independencia de su tamaño y recursos financieros, tienen una capacidad y voluntad envidiable para incidir y alcanzar logros en sus países, contribuyendo al mismo tiempo al éxito de campañas globales orientadas a temáticas relevantes para la calidad de vida de los consumidores. Así es en el caso de la Convención Global por una Alimentación Saludable, en el proceso de revisión y actualización de las Directrices de Naciones Unidas, en la exigencia para el cumplimiento en la región de los estándares básicos de seguridad vial de la ONU, o más recientemente en la campaña demandando de empresas transnacionales de alimentación que no se abastezcan con carne de animales tratados en forma rutinaria con antibióticos.

Cuando se trata de hacer que los derechos en el ámbito de las relaciones de consumo existan en la vida cotidiana de la personas y no solo en el papel de la ley, las organizaciones de consumidores asumimos plenamente nuestras responsabilidades. Y también sabemos que la defensa y promoción de nuestros derechos es más efectiva cuando se materializa en un escenario democrático, donde todos somos iguales ante la ley, y no en un contexto en el que la riqueza compra poder e influencia política. Esto debilita el funcionamiento de la democracia, profundiza aún más las desigualdades ya existentes y abre el camino a los abusos que los consumidores latinoamericanos conocemos y experimentamos cada día.

Los pactos empresariales para la fijación de precios son delitos sociales masivos, de enormes consecuencias gravedad.

Siendo un hecho conocido, en los últimos tiempos se han revelado con mayores evidencias casos de colusión entre grandes grupos empresariales. Parece evidente que no estamos ante hechos excepcionales o aislados. Las investigaciones y la propia confesión de sus autores nos muestran que se trata de prácticas generalizadas, planificadas y ejecutadas metódicamente a través del tiempo. Como se ha señalado, a estas colusiones empresariales no se les puede tratar como errores aislados. Estamos en presencia de delitos sociales masivos, de enormes consecuencias y gravedad, y ante una transgresión moral que rompe las confianzas básicas que permiten la convivencia y la responsabilidad compartida.

El caso más relevante y que estaría afectando, al menos, a los consumidores de Chile, Perú y Colombia, es el que se origina mediante acuerdos entre la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) Tissue y la empresa sueca SCA. La CMPC es un holding empresarial forestal y papelero que fuera fundado en Chile en el año 1920. Ambas empresas sostuvieron durante más de diez años un cártel de reparto de mercado y fijación de precios en el negocio del papel higiénico, toallas y pañuelos desechables, servilletas y otros productos tissue en los canales de venta masivos. En el caso de Chile, las dos empresas representan cerca del 90% del mercado de los productos mencionados y sus ventas anuales suman cerca de los 400 millones de dólares. En las diligencias que llevó a cabo la Fiscalía Nacional Económica se constató una serie de actos tendiente a ocultar la colusión por parte de las empresas involucradas. Quedó acreditado que los ejecutivos que gestionaron los acuerdos evitaron traspasar información en formato digital o por correo electrónico institucional, por lo que preferían el uso de documentos impresos y cuentas de correo electrónico personales para estos fines. Al mismo tiempo se usaron teléfonos celulares de prepago para comunicarse con la competencia y representantes de una de estas empresas admitió que se deshicieron de computadores arrojándolos a un río que atraviesa la ciudad de Santiago.

La gravedad de este hecho es evidente, tanto por su extensión en el tiempo como por la masividad del mercado que afectó. Con estas prácticas, ambas empresas han ganado muchos millones de dólares, los cuales salieron de los bolsillos de los consumidores. El Servicio Nacional del Consumidor de Chile (Sernac) inició un proceso de mediación colectiva con la participación de organizaciones de consumidores y cuyo objetivo es que, además de las sanciones penales que se apliquen, exista una compensación en dinero que llegue a los consumidores afectados. El director del Sernac señaló que "el monto en dinero de compensación nos parece lo más simple, lo más adecuado y los más directo". Por su parte la organización de consumidores Conadecus presentó una demanda colectiva estimando el perjuicio de los consumidores en 510 millones de dólares.

Desde 2001, las firmas CMPC Tissue y SCA formaron un cartel para fijar los precios de sus productos.

Este episodio, que fuera calificado como el más grotesco y representativo, está sin embargo precedido por una larga lista de colusiones que en América Latina han afectado y continúan afectando el mercado de los medicamentos, de la carne de aves, de los refrigeradores, de la industria del asfalto, del transporte terrestre y aéreo, del gas natural, entre otros.

Todos estos hechos constituyen verdaderos atentados contra la vida y la dignidad de los consumidores y consumidoras. En su base se encuentra la existencia de un perfil empresarial que tiene una mirada de corto plazo, privilegiando la obtención del lucro a expensas de violentar los derechos de las personas. Existen, al menos, dos elementos que favorecen este tipo de comportamiento empresarial. Uno de ellos es la alta concentración de la propiedad en la región, que facilitando los acuerdos de colusión y la violación de la legislación de libre competencia, disminuye para las empresas el riesgo de sanción social debido a que los consumidores no tienen suficientes alternativas para salir del circuito comercial de los colusores. Un segundo elemento es la ausencia de multas relevantes, lo cual determina que el costo para las empresas coludidas sea mucho menor que las utilidades obtenidas.

En la región tenemos una regulación económica débil y nos urge cambiar las reglas del juego. Es urgente trabajar para robustecer los entes reguladores, incrementar las multas, desconcentrar los mercados, empoderar cada vez más al movimiento de consumidores y sus organizaciones, mejorar la legislación y fortalecer e incrementar las atribuciones de las agencias gubernamentales de protección del consumidor.

Hay que terminar con el juego sucio en el mercado. Las empresas tienen que comportarse en forma transparente y equitativa con los consumidores, no siendo admisibles las conductas abusivas y desleales. Las empresas tienen que obtener sus ganancias en forma legítima y si cometen daños tienen que hacerse cargo de los mismos. Y el Estado tiene que asegurar el cumplimiento de la legislación establecida democráticamente y mejorarla para que sea más efectiva.

Hay que acabar con el juego sucio en el mercado. Las empresas debe comportarse en forma transparente y equitativa con los consumidores, no siendo admisibles las conductas abusivas y desleales.

Todo esto implica un conjunto de consecuencias para el movimiento social y para las organizaciones de consumidores en particular. Tenemos limitaciones objetivas, en especial en materia de recursos financieros, pero a pesar de esto hemos alcanzado en América Latina y el Caribe logros significativos. En lo esencial somos impulsores de una transformación cultural que modificó la forma en que los consumidores se relacionan con el mundo empresarial y el Estado. Hemos transitado del favor, al reclamo de un legítimo respeto a nuestros derechos.

Ahora tenemos que alcanzar un nivel de gestión más eficiente, relacionarnos con mayor generosidad, intercambiar experiencias con regularidad, articular las iniciativas, y todo esto ampliando nuestra mirada del mercado y de la sociedad. Los temas de la desigualdad, pobreza, educación, salud, energía, cambio climático, se ligan y condicionan mutuamente con nuestros temas más habituales: alimentos, servicios financieros, protección de datos, telecomunicaciones, transporte, etc.

América Latina y el Caribe requiere con urgencia extirpar los abusos y alcanzar un trato amable, responsable, respetuoso, equitativo, simétrico en los mercados en los que participamos cotidianamente. Hacia esto tenemos necesariamente que transitar para que nuestras democracias crezcan y no comiencen a languidecer. Es nuestra responsabilidad.

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Juan Trímboli es director de la oficina de Consumers International para América Latina y el Caribe.

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