Motor y viajes

Volkswagen, intocable para las autoridades

Inacción de los gobiernos europeos pese a la magnitud del fraude. La empresa mantiene su secretismo y se niega a comprometerse con los consumidores.

Por Ángeles Castellano

Sin garantías. Seis meses después de que estallase el caso Volkswagen, los propietarios de los vehículos afectados por el fraude de las emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) siguen sin saber si, tras el arreglo que la empresa pretende llevar a cabo, sus coches mantendrán las prestaciones que les fueron garantizadas cuando los adquirieron. Y todo ello ante la pasividad e incluso el respaldo de las autoridades. La multinacional que representa el estandarte del imperio alemán parece intocable para quienes tienen la obligación de garantizar la protección medioambiental y los derechos de los consumidores.

El secretismo de la empresa y la inacción de las autoridades (autonómicas, nacionales y europeas) han sido la tónica desde que se conociese que la multinacional alemana manipuló los vehículos diésel con motores TDI 1.2, 1.6 y 2.0 EA 189 de sus marcas Volkswagen, Seat, Skoda y Audi con un software que les permitía pasar los exámenes de emisiones previos a la puesta en circulación de los nuevos modelos pero que una vez en carretera dejaban que los coches contaminasen muy por encima de los límites legales.

En Europa hay una legislación sobre emisiones común para todos los países de la Unión, que establece que un servicio técnico autorizado por las autoridades de los Estados miembro son los responsables de garantizar que los vehículos cumplen con las condiciones técnicas requeridas para poder circular. Ese servicio técnico examina los vehículos y, tras el examen, los Estados emiten un certificado de homologación que permite la matriculación del coche. Los fabricantes sólo tienen que homologar sus vehículos en país de la UE para que tenga validez en todo el territorio europeo.

El Grupo Volkswagen homologa la mayor parte de sus modelos de vehículos diésel en Alemania, por lo que le corresponde a las autoridades de este país autorizar las medidas correctoras ante el fraude del software manipulador para los vehículos homologados en este país, aunque se hayan vendido en España.

LA KBA (Autoridad Federal para el Transporte a Motor) informó a FACUA que ha valorado positivamente la solución propuesta por el grupo automovilístico para resolver el fraude, pero no confirma si ha homologado las soluciones técnicas propuestas por Volkswagen. Tampoco indica si les ha exigido que garanticen por escrito que tras la intervención se mantendrán las prestaciones previas de los vehículos.

Ni las autoridades europeas ni las alemanas han exigido tampoco que se explique el funcionamiento exacto del software que manipula las emisiones, pese a que según datos del propio Parlamento europeo, la contaminación del aire causa alrededor de 400.000 muertes prematuras al año en la UE. Tampoco han reclamado a la empresa que compense a los afectados.

Imagen de la campaña de Greenpeace contra las emisiones contaminantes de Volkswagen.

Este mes de marzo, las empresas del grupo Volkswagen a las que pertenecen los vehículos afectados por el fraude de las emisiones han comenzado a contactar en España con sus propietarios para que lleven sus coches a los servicios oficiales, donde se les someterá a una "actualización de software" para que las emisiones de NOx cumplan con la ley. Tampoco en España se garantiza por escrito y de forma expresa la inocuidad de las intervenciones que realizarán en los coches.

Sin respuesta de las autoridades

En ninguno de los dos informes remitidos por Industria a la Aecosan (el primero en diciembre de 2015 y el segundo en marzo de 2016) se responde a las preguntas concretas remitidas por FACUA: si está garantizado de forma definitiva y sin ningún género de dudas que las soluciones técnicas propuestas por Volkswagen no afectarán a las prestaciones del coche; si se le exige a la empresa que así sea; y si han comprobado que las soluciones técnicas propuestas cumplirán con los niveles de emisiones legalmente permitidos.

Industria ha indicado que, desde diciembre de 2015 e igual que se está haciendo en otros países europeos, se está llevando a cabo una campaña de ensayos en los servicios técnicos autorizados para las homologaciones en relación a las emisiones contaminantes. Sin embargo, todavía no se han ofrecido datos sobre dicha campaña.

FACUA ha presentado denuncias contra las filiales en España del Grupo Volkswagen ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las diecisiete agencias, institutos y direcciones generales con competencias en la protección de los consumidores de los gobiernos autonómicos, así como ante la Aecosan.

Hasta ahora, la Aecosan se ha limitado a trasladar a FACUA y otras organizaciones de consumidores los dos informes de Industria, así como la información que les ha facilitado la empresa. No ha anunciado ni investigación ni otro tipo de actuaciones.

En cuanto a las autoridades autonómicas de Consumo, en su mayor parte han archivado las denuncias de FACUA o las han trasladado a la Agencia Catalana de Consumo, alegando que se trata de la autoridad competente por razón de territorialidad, a pesar de que el fraude afecta a consumidores de todo el territorio nacional, lo que les otorga potestad sancionadora. Es el caso de Canarias, La Rioja, Asturias, Navarra, Murcia, Castilla y León y Baleares. FACUA está recurriendo estas decisiones, pues corresponde a las autoridades de Consumo defender los derechos de los usuarios afectados.

La Agencia Catalana de Consumo y la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid tan sólo han informado de que iniciarán las averiguaciones oportunas para determinar si es procedente abrir un expediente sancionador.

Otras no indican nada sobre las actuaciones que están llevando a cabo (Cantabria, Castilla La Mancha, Aragón, País Vasco, Comunidad Valenciana y Ceuta) en el caso de que lo estén haciendo, y algunas (Melilla, Galicia, Extremadura y Andalucía) no han respondido aún a las denuncias de FACUA.

En cuanto a la CNMC, su Dirección de Competencia resolvió que mientras estuviese abierto el procedimiento penal en curso en la Audiencia Nacional no puede iniciar actuaciones. Sin embargo, esta decisión fue recurrida por FACUA y la Sala de Competencia del Consejo ha decidido estimar parcialmente el recurso de la asociación y ha requerido a la Dirección de Competencia que estudie si se dan las circunstancias para incoar expediente sancionador.

Vehículos diésel con motores EA 189

El fraude de las emisiones estalló en septiembre de 2015, cuando el grupo Volkswagen, tras una investigación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) a raíz de la denuncia de una ONG, reconoció que había trucado 11 millones de vehículos diésel vendidos en todo el mundo entre 2008 y 2015 con un software que reducía las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) cuando detectaba que estaba siendo sometido a una prueba de homologación para cumplir con la ley. Sin embargo, los vehículos superan ampliamente los límites legales de emisiones en condiciones de conducción real.

Desde entonces, FACUA ha insistido en la garantía del mantenimiento de las prestaciones por escrito como un elemento fundamental para los usuarios afectados. La asociación recuerda que, en un comunicado hecho público en noviembre de 2015, Volkswagen indicó que no podía garantizar que la revisión no provocase un cambio en las prestaciones de los vehículos y a pesar de que en sucesivos comunicados ha indicado que su objetivo es el mantenimiento de dichas prestaciones, no se compromete a garantizarlas expresamente y por escrito.

Volkswagen.

FACUA recuerda que Volkswagen no ha aclarado cómo funciona el mecanismo que permite manipular las emisiones, información que la asociación ha reclamado tanto a la empresa como a Industria. Pese a que el procedimiento por el que la empresa pretende corregir dicha manipulación en los vehículos homologados en España (algunos modelos de Seat) ha sido autorizado, tampoco este Ministerio ha ofrecido información al respecto.

Compensaciones y extensión de la garantía a los consumidores afectados

La asociación representa a más de 41.000 propietarios de automóviles Volkswagen, Audi, Skoda y Seat, agrupados en la plataforma nacional de #afectadosVolkswagen creada por la organización. Los usuarios pueden sumarse a ella en la página web FACUA.org/volkswagen. A través de esta web, la asociación está asesorando a los afectados sobre sus derechos y las acciones que la asociación está llevando a cabo en su nombre para la defensa de sus intereses. Ya se han presentado más de 3.000 reclamaciones en nombre de los socios afectados y miembros de la plataforma.

FACUA reclama al grupo Volkswagen, y así se lo ha hecho saber en las comunicaciones mantenidas con sus representantes en España, que garantice por escrito y de manera clara y fehaciente que después de pasar por la revisión que hará que sus motores cumplan con la ley en relación a las emisiones de NOx, los coches seguirán manteniendo las mismas prestaciones –como consumo y potencia del motor- que tenían previamente.

Asimismo, la asociación exige a la empresa una compensación económica a los usuarios afectados. Volkswagen ha reconocido haber causado un perjuicio a terceros y el pago de indemnizaciones a los propietarios afectados en EE UU y, por lo tanto, debería también compensar a los usuarios españoles. La compañía mantiene hasta ahora un trato discriminatorio hacia los consumidores europeos, al no aceptar compensarles económicamente por los perjuicios causados, con el beneplácito de los gobiernos de la UE y las autoridades comunitarias.

FACUA también demanda a Volkswagen una ampliación en la garantía de los vehículos que sean sometidos a revisión, como tercera medida, además del compromiso por escrito del mantenimiento de las prestaciones y las compensaciones económicas a los afectados.

Volkswagen.

Demandas en EE UU

La laxitud de las autoridades españolas y europeas en relación al fraude de las emisiones contrasta con las exigencias en EE UU, donde diferentes organismos gubernamentales han presentado dos demandas contra la empresa. Por un lado, el Departamento de Justicia ha demandado a Volkswagen en nombre de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés). La máxima sanción que se podría aplicar a Volkswagen en este caso asciende a 37.500 dólares (33.554 euros) por vehículo, esto es, alrededor de 20.000 millones de dólares (17.895millones de euros) en total.

Por otro lado, La Comisión Federal de Comercio ha denunciado al fabricante alemán de automóviles Volkswagen al considerar que engañó a los consumidores con su campaña de publicidad de diésel limpio. Su objetivo, ha indicado la Comisión en un comunicado, es que se indemnice a los consumidores estadounidenses que adquirieron estos vehículos.

Además, en este país, las autoridades rechazaron en enero la primera propuesta de revisión de los coches afectados por el fraude y han ampliado el plazo de tiempo para que la empresa presente otra propuesta. La legislación medioambiental es más estricta en este país y el nivel de emisiones permitido es menor, por lo que no sirve la revisión propuesta en Europa.

Asimismo, Volkswagen sí ha ofrecido compensaciones directas a los propietarios de vehículos diésel que han sufrido el engaño en EE UU, de 1.000 dólares por coche (alrededor de 900 euros).

Cambio en la legislación europea

Mientras las acciones de las autoridades españolas se han limitado a dar el visto bueno a las propuestas de la compañía sin proteger los intereses de los ciudadanos, en otros países, como Francia, se han iniciado investigaciones.

Por su parte, el Parlamento europeo creó el pasado mes de diciembre una comisión de investigación sobre el fraude, que indagará si Volkswagen ha infringido la legislación europea sobre emisiones contaminantes y los fallos de los Estados miembro y la Comisión Europea a la hora de hacer cumplir la normativa. La comisión deberá presentar un informe preliminar en junio y el definitivo a finales de año, aunque sus actuaciones no tienen por qué derivar en acciones legales.

Volkswagen.

En cualquier caso, FACUA critica que, en pleno escándalo por el fraude de Volkswagen, el Parlamento europeo decidió el pasado mes de febrero aprobar una propuesta de la Comisión que permite que los coches diésel puedan emitir un 110% más de NOx del límite establecido en la ley. La asociación ve aberrante que en lugar de endurecer la normativa, las autoridades europeas estén cediendo a la presión de la industria automovilística para hacerla más laxa y permitir que se pueda incumplir sin ningún tipo de repercusión para las empresas infractoras.

Es especialmente indignante que, pese a que en España hay cerca de 700.000 afectados por el fraude Volkswagen, la propuesta de la Comisión saliese adelante en el Parlamento europeo gracias a la abstención de los europarlamentarios socialistas españoles y con el voto a favor de los populares.

Desde 2007, cuando entró en vigor la norma Euro 6, los vehículos diésel no pueden emitir más de 80 miligramos de NOx por kilómetro recorrido. Sin embargo, estas emisiones sólo se miden en el laboratorio, antes de que los vehículos sean homologados. En condiciones de conducción real, estos vehículos emiten cantidades de NOx que multiplica en varias veces el máximo permitido por la ley, pero no hay controles sobre estas condiciones.

Después de la decisión del Parlamento europeo, los coches se someterán a pruebas en carretera y podrán emitir 168 miligramos de NOX (hasta 2019) y 120 miligramos de NOx hasta 2022. Sólo a partir de 2023, los coches estarán obligados a respetar el límite legal de los 80 mg de Nox/km recorrido.

Los coches diésel fabricados hasta septiembre de 2015, esto es, los afectados por el fraude de Volkswagen, deben cumplir la norma Euro 5, que permite emisiones de hasta 180 miligramos de NOx por kilómetro recorrido en situación de laboratorio.

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Ángeles Castellano es periodista y forma parte del equipo de redacción de Consumerismo.

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