Tras los encuentros con Podemos, IU y PSOE

El portavoz de FACUA se reúne con el presidente de Ciudadanos Andalucía

Continúa la ronda de reuniones de FACUA Andalucía con los grupos parlamentarios para exponerles la inacción de la Junta en la protección de los consumidores.

El portavoz de FACUA se reúne con el presidente de Ciudadanos Andalucía

FACUA Andalucía se ha reunido este jueves con Ciudadanos en el marco de su ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para exponerles la inacción de la Junta de Andalucía en la protección de los consumidores, que está favoreciendo la existencia de fraudes masivos cometidos con impunidad especialmente por parte de la banca, las grandes compañías de telecomunicaciones, energéticas y automovilísticas.

Rubén Sánchez, portavoz nacional de FACUA y secretario general de su federación en Andalucía, y Jordi Castilla, de su equipo de relaciones institucionales, se han reunido con Juan Marín, presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos en el Parlamento, y Sergio Romero, su portavoz adjunto.

La reunión ha tenido lugar tras los encuentros mantenidos desde enero por dirigentes de FACUA Andalucía con los grupos parlamentarios de Podemos, IU y PSOE. En ellas, la federación está solicitando a los grupos parlamentarios que expongan en el Parlamento siete propuestas urgentes para reactivar las políticas de protección de los consumidores, dada la falta de receptividad del Gobierno andaluz.

FACUA Andalucía advierte de que en 2015, un año histórico por el número de denuncias y la magnitud de los fraudes empresariales sufridos por los ciudadanos la Junta de Andalucía, mantuvo su autoridad de Consumo bajo mínimos en medios técnicos y sin unas líneas de actuación marcadas por su dirección política. De hecho, la Dirección General de Consumo estuvo funcionando sin un responsable al frente durante buena parte del año.

El año pasado los andaluces plantearon casi 40.000 consultas y reclamaciones en FACUA y sus ocho asociaciones provinciales. Las denuncias batieron en 2015 todos sus récords, con un incremento de nada menos que el 72% con respecto al ejercicio anterior (ver tablas).

7 propuestas urgentes de FACUA Andalucía

1. Dotación de personal, formación y recursos materiales a la Dirección General de Consumo y sus delegaciones provinciales. La admnistración competente en materia de protección de los consumidores está absolutamente desbordada ante las denuncias presentadas por los ciudadanos y FACUA, lo que provoca que la tramitación de los expedientes se demore, llegando a tardar incluso años en resolverse y con riesgo de que prescriban. Especialmente grave es el caso del expediente abierto tras la denuncia presentada por FACUA a comienzos de 2013 contra una veintena de bancos por las cláusulas suelo. Casi tres años después, la Junta sigue sin resolverlo.

2. Transparencia en las actuaciones frente a los fraudes masivos. En 2015, la autoridad de consumo no hizo pública ni una sola sanción a empresas por vulnerar la normativa de defensa de los consumidores. Los consumidores andaluces desconocen si la Junta lleva a cabo medidas contra las graves y crecientes irregularidades que sufren, como tampoco trasciende si las multas que se aplican acaban siendo abonadas.

3. Contundencia ante los atentados contra los derechos de los consumidores. La Junta de Andalucía no aplica la legislación de consumo, que establece que las sanciones pueden alcanzar el importe del dinero defraudado. En los reducidos casos en los que se aplican multas por fraudes masivos, su cuantía resulta ridícula en relación a las cantidades obtenidas con ellos por las empresas.

4. Actualización del régimen sancionador andaluz, el más reducido de todas las comunidades autónomas. La Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía fue aprobada en 2003 introduciendo una reducción de la cuantía de las multas establecido en la normativa anterior, de 1985.

5. Respuesta rápida ante los fraudes. En Andalucía, al igual que en el resto de España, se están produciendo fraudes masivos que afectan a cientos de miles de consumidores sin que el Gobierno andaluz reaccione públicamente. Desde el inicio de esta legislatura no se ha producido ninguna comparecencia o anuncio de responsables políticos para anunciar medidas frente a casos como el de Volkswagen o las subidas ilegales de tarifas de Movistar, Vodafone y Orange.

6. Reconocimiento de las asociaciones de consumidores como parte en los procedimientos sancionadores, algo que ha sido solicitada por el propio Defensor del Pueblo Andaluz. La autoridad de consumo no sólo no les permite personarse en los expedientes abiertos contra empresas, sino que incluso les oculta qué actuaciones lleva a cabo como consecuencia de denuncias presentadas por las propias organizaciones. Así, es un misterio si los expedientes iniciados a petición de FACUA acaban provocando multas y la cuantía de las mismas.

7. Creación de una estructura estable para la protección de los consumidores. Cada legislatura supone un reseteo de las políticas de consumo, con una visión absolutamente cortoplacista, que suele implicar la reubicación de las mismas en distintas consejerías y la subida o bajada de rango de Secretaría General a Dirección General y viceversa. Por ello es necesario contar con un organismo independiente, una Agencia Andaluza de Protección de los Consumidores. Se trataría de un organismo con una estructura administrativa ágil y eficaz donde sea posible concentrar recursos suficientes para luchar eficazmente contra el fraude. Un organismo con presupuesto propio, vinculado a una consejería de carácter transversal y de relevancia económica y política dentro de la estructura del Gobierno andaluz.

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