El Congreso aprueba un proyecto de Ley sobre la Propiedad Intelectual en contra de los consumidores y la globalización de la cultura

El texto que se traslada al Senado concibe la Cultura como una mercancía que sólo debe difundirse si el consumidor paga por ella.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que los contenidos del proyecto de Ley de Modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual van en contra de los consumidores y la globalización de la cultura, concibiendo ésta como una mercancía que sólo debe difundirse si se paga por ella, y provocarán un encarecimiento de numerosos productos ya que los usuarios tendrán que abonar un canon al adquirirlos. Aprobado por el Congreso de los Diputados, el texto pasa ahora al Senado.

FACUA critica que la norma plantee la imposición de un canon injusto y arbitrario por la compra de sistemas de almacenamiento o reproducción digital (CDs, DVDs, reproductores de MP3, teléfonos móviles...).

En su opinión, el texto concibe la Cultura de forma patrimonialista y mercantilista, no respondiendo al objetivo que se propone de impulsarla en todas sus manifestaciones y de armonizar y equilibrar los derechos e intereses de los distintos sujetos implicados. La norma se inclina claramente y apuesta por consagrar la propiedad intelectual y los derechos e intereses de los autores, o más bien de las productoras, por encima de los consumidores, en detrimento de una cultura globalizada.

FACUA advierte que el acceso a la Cultura en todas sus expresiones es un derecho de los ciudadanos y su fomento y tutela por parte de los poderes públicos es un precepto constitucional, lo que justifica las limitaciones que puedan imponerse a la llamada propiedad intelectual, cuya importante función social es en cualquier caso incuestionable.

Canon

En marzo de 2005, FACUA emprendió una campaña de recogida de firmas a través de su portal en Internet para reivindicar que en el establecimiento de remuneraciones para compensar los derechos de propiedad intelectual no sólo queden excluidos, como hasta la fecha, los programas de ordenador, sino también los soportes en CD y DVD, los equipos informáticos, las conexiones a Internet y cualquier otro dispositivo informático y sistemas de almacenamiento o reproducción digital.

El canon se abona independientemente de que el destino de estos soportes sea la reproducción de música y películas o la de otros archivos no protegidos por derechos de autor, como por ejemplo sus propias fotografías.

Lamentablemente, el texto que el Congreso ha remitido al Senado sólo libera del pago del canon (junto al software) a los "discos duros de ordenador", una decisión arbitraria y carente de argumentos que sólo parece dar respuesta a los intereses económicos de las productoras y que en cualquier caso, por su ambigüedad, generará una enorme inseguridad jurídica dado que existen cada vez más instrumentos que tecnológicamente se pueden asimilar a lo que comercial o coloquialmente se denomina disco duro u ordenador (por ejemplo, un teléfono móvil, capaz de archivar y reproducir música e imágenes).

FACUA también critica que la copia privada se concibe exclusivamente como un perjuicio para el autor que debe ser compensado con un canon, pero se obvia que también puede suponer un beneficio para éste al representar una mayor difusión y distribución de su obra, es decir, una publicidad gratuita.

Copia privada

Otra de las reivindicaciones de la campaña FACUA.org/noalcanon, que ha logrado más de 25.000 adhesiones, es que la reproducción para uso privado, lo que implica la ausencia de ánimo de lucro, quede reconocida expresamente en la norma como un derecho. Y ello con el objetivo de acabar con la utilización de sistemas anticopia en obras musicales y audiovisuales, los cuales son fácilmente sorteados por las mafias de la piratería y no hacen más que limitar al usuario la posibilidad de realizar copias de sus discos digitales para, por ejemplo, disfrutarlos en reproductores de MP3, además de impedir que los CDs puedan escucharse en determinados reproductores, como los de los automóviles.

Para FACUA, el reto que representa la sociedad de la información y la aportación que las nuevas tecnologías suponen para la universalización del conocimiento no son recogidos en el texto de la Ley, que sigue respondiendo a un concepto patrimonialista y mercantilista de la Cultura. Cuando se da lectura a la exposición de motivos de la Ley parece que las nuevas tecnologías, más que un beneficio para el conjunto de la sociedad, son un handicap para los creadores que preocupan porque aumentan las amenazas de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Más que sus posibilidades se analizan sus peligros.

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