La asociación ha pedido su mediación

FACUA Córdoba presenta una queja al Defensor del Pueblo por el veto a la asociación en la mesa del agua

La alcaldesa Ambrosio, también presidenta de la empresa municipal de agua, sigue sin permitir a los representantes de los usuarios participar en la negociación de las nuevas tarifas provocando su indefensión.

FACUA Córdoba presenta una queja al Defensor del Pueblo por el veto a la asociación en la mesa del agua
FACUA Córdoba considera legítima y ajustada a derecho su participación en la mesa de trabajo de Emacsa. | Imagen: wikimedia.org/Hameryko.

FACUA Córdoba ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por el veto que esta sufriendo la asociación por parte de la alcaldesa de la capital cordobesa y presidenta de la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa), Isabel Ambrosio, para participar en la mesa que ya está elaborando las nuevas tarifas de agua de Córdoba. Una decisión arbitraria que coloca a los usuarios en una clara e inadmisible posición de indefensión.

La asociación lamenta la postura radical de la regidora cordobesa, que ha censurado la participación de la asociación sin ofrecer ningún tipo de explicación ni motivación en una cuestión tan importante como la elaboración de las nuevas tarifas de agua.

FACUA Córdoba subraya incumplimiento de la promesa realizada en mayo de 2013 por parte de Ambrosio, quien declaró públicamente que el cuarto pilar de su programa tenía como eje fundamental la participación ciudadana, y que la transparencia era su modelo y manera de ejercitar la política de cara al ciudadano. Una declaración de intenciones que la alcaldesa no parece ahora dispuesta a cumplir, pese a que impedir la participación de la asociación no se ajusta a lo que la ley establece.

En este sentido, FACUA Córdoba considera legítima y ajustada a derecho su participación en la mesa de trabajo de Emacsa, donde se elabora la nueva estructura tarifaria del agua de la ciudad. Así se lo ha trasladado al Defensor del Pueblo Andaluz, fundamentando su argumentación en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, la Directiva Marco de Agua 2000/60 del Parlamento y el Consejo de 23 de octubre de la Comunidad Europea y la propia Constitución Española de 1978, en su artículo 51.2.

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