IU y Podemos piden explicaciones a petición de FACUA

Sánchez Maldonado elude aclarar en el Parlamento por qué no investiga la magnitud de un fraude de Endesa

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio pretende cerrar en falso el expediente sancionador, sin investigar el número de afectados y calificando el fraude como "leve", pese a supone decenas de millones.

Sánchez Maldonado elude aclarar en el Parlamento por qué no investiga la magnitud de un fraude de Endesa

FACUA Andalucía lamenta que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, haya eludido aclarar en el Parlamento por qué no investiga las dimensiones de un fraude masivo cometido por Endesa durante más de una década.

La compañía subió la potencia contratada a cientos de miles de clientes aprovechando un cambio en la tensión nominal en la red de distribución al que le obligaba el Gobierno. Con esta modificación al alza en la potencia contratada, incrementó automáticamente lo que cobraba por el término fijo en la factura de la luz de forma generalizada en Andalucía.

El secretario general de FACUA Andalucía, Rubén Sánchez, denuncia que "la Consejería pretende cerrar en falso el expediente sancionador abierto a la compañía, que ha calificado como 'leve' para minimizar la posible multa pese a representar decenas de millones de euros". "Además", advierte Sánchez, "no ha investigado el número de usuarios que han sido víctimas del fraude y da por buena la versión de Endesa, que los limita a 400.000 personas".

"Resulta sospechoso que el Gobierno andaluz tampoco haya querido dar difusión pública al fraude y al expediente sancionador abierto a Endesa", denuncia el secretario general de FACUA Andalucía, "impidiendo así que los usuarios verifiquen si han sido víctimas de las irregularidades y reclamen su dinero en caso de que no les haya sido reembolsado".

Maíllo acusa de "incompetencia" a la Consejería

A petición de FACUA Andalucía, los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Podemos han pedido explicaciones este jueves al consejero.

El portavoz de IU, Antonio Maíllo, ha acusado de "incompetencia" a la Consejería. Así, ha recordado que la Junta no ha investigando el número de afectados por el fraude y se limita a dar por válida la cifra aportada por la propia Endesa, 400.000 personas. Desde Podemos, que ha pedido tener acceso al expediente sancionador, Juan Moreno Yagüe ha señalado que "el expediente ha permitido verificar que la compañía eléctrica comete otras irregularidades, sin que la Junta tome medidas al respecto".

El consejero, José Sánchez Maldonado, ha asegurado en sede parlamentaria que las infracciones fueron "leves" y que ha instado a la devolución de "la totalidad de las cantidades indebidamente facturadas", pero sin aclarar por qué no investiga la magnitud real de este fraude de decenas de millones de euros.

"Un fraude masivo no puede sancionarse como falta leve", le ha replicado Maíllo. "¿Qué es para Endesa una multa de 600.000 euros? Nada. No representa ni lo que supone para cualquier familia el papel higiénico que se compra".

La semana pasada, la Consejería de Salud suspendió la reunión del Órgano Sectorial del Suministro Eléctrico del Consejo Andaluz de Consumo en la que, a petición de FACUA Andalucía, se iban a tratar las medidas llevadas a cabo por la Junta ante el fraude de Endesa.

El instructor del expediente denuncia acoso

El funcionario de la Junta que tramitaba el expediente sancionador a la empresa, Santiago Ochoa Fernández, ha denunciado que fue acosado al punto de tener que renunciar a su trabajo por las presiones recibidas por parte de sus dos superiores: María José Asensio Coto, directora general de Industria, Energía y Minas, y María Isabel González Cuenca, jefa de servicio de Energía de la Dirección General. Asi lo desveló el pasado lunes el diario El Confidencial.

En su carta de renuncia, el funcionario denunció que "se ha beneficiado ilegalmente a la mercantil objeto del expediente sancionador al proponer sólo una infracción leve por importe de 600.000 euros y poder ahorrarle, en su caso, una infracción grave añadida de seis millones de euros". Tras la renuncia del instructor, el expediente sancionador fue archivado con el argumento de que había caducado el plazo máximo de nueve meses para resolverlo y posteriormente fue reabierto.

Fraude en el cambio de tensión

Este fraude masivo de Endesa tiene su origen en un cambio de tensión que se dio en toda la red. Este cambio se produjo en 2003 (un año después de la publicación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en el BOE, en 2002), pero no fue hasta 2006 cuando se publicó la tabla oficial de potencias normalizadas para todos los suministros de baja tensión -es decir, domésticos- (Resolución de 8 de septiembre de 2006). Es en ese momento cuando quedó fijado por ley qué potencia contratada se correspondía con cada tensión. Esto obligaba a las compañías eléctricas distribuidoras a revisar al alza la potencia contratada de sus clientes. Sin embargo, la ley prohibía expresamente que este aumento se repercutiese a los consumidores y para evitarlo el Gobierno ofreció a las eléctricas un coeficiente corrector que evitaba el incremento en la factura de la luz.

Sin embargo, Endesa no lo aplicó, y por lo tanto, a cientos de miles de usuarios se les modificó la potencia contratada y desde entonces han venido pagando más cara la electricidad en sus hogares.

FACUA Andalucía considera escandaloso que la Dirección General de Industria, Energía y Minas no haya investigado si Endesa comenzó a subir las potencias de los clientes en 2003 y que sólo conozca el número total de afectados por los datos que le ha facilitado la propia compañía, que los cifra en torno a los 400.000. El Sistema de Información de Puntos de Suministro en baja tensión de Endesa en Andalucía cuenta con 4,63 millones de puntos de suministros, pero la Junta no los ha analizado todos. En el informe técnico elaborado en el procedimiento sancionador consta que sólo se han estudiado 464.126 puntos, apenas un 10% del sistema de baja tensión que Endesa tiene en Andalucía.

La federación critica que Industria no haya aclarado públicamente cuál es el perfil de los usuarios afectados por este nuevo abuso de Endesa en Andalucía, dado que el perfil indicado en la Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado mes de octubre es confuso y claramente insuficiente. Además, tampoco ha comprobado si la cifra real es la indicada por la compañía o hay más afectados. Todos los usuarios que tuviesen contratada la electricidad con Endesa Distribución antes de 2003, no hayan solicitado un cambio en la potencia contratada y sin embargo se les haya hecho sin que se les haya aplicado el coeficiente corrector en la factura, pueden estar afectados por este fraude de Endesa.

La Junta no abrió expediente hasta 2011

FACUA Andalucía considera injustificable que Industria no investigase la situación hasta 2009, después de que lo denunciara un particular y que no haya tomado ninguna decisión hasta 2015, a pesar de que abrió expediente informativo en 2011. Tampoco se ha tratado la cuestión en el Órgano Regional de Mediación Sectorial del Servicio Eléctrico, órgano conjunto de intermediación en el que participan los representantes de los consumidores, las empresas y la administración, critica FACUA Andalucía.

A petición de FACUA Andalucía se había incluido esta cuestión en el orden del día de la reunión de este órgano prevista para el 2 de junio que, finalmente, ha sido cancelada ante los problemas de agenda de algunos de sus participantes para poder acudir.

Asimismo, la Federación denuncia que la Junta de Andalucía no haya dado difusión al incumplimiento de Endesa. Si bien Industria concluye su expediente informativo en marzo de 2015, la Resolución correspondiente (de 13 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, relativa a la discrepancia iniciada de oficio por cambio unilateral por Endesa Distribución Eléctrica del término de potencia de forma generalizada a suministros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía) no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta octubre.

Además, la Junta ha ocultado deliberadamente la cuestión a los representantes de los consumidores y a Consumo, que participan en el Órgano sectorial correspondiente, además de Industria y Endesa.

La Administración andaluza ha dificultado que los consumidores ejerzan su derecho a conocer las diligencias que se estaban llevando a cabo en relación con la irregularidad cometida por la empresa, que le ha producido notables beneficios económicos a costa de los usuarios, valora FACUA Andalucía.

La Federación considera escandalosa la actuación de la Junta ante las irregularidades de Endesa. No sólo por cerrar en falso el expediente sancionador, sino también por la falta de compensación a la totalidad de los usuarios afectados.

La empresa ha devuelto el dinero cobrado de más sólo a los usuarios afectados de acuerdo a sus propios cálculos y sólo a aquellos que en 2015 eran sus clientes, pero podría haber muchos más afectados. Lo ha hecho a través de las comercializadoras, que calculan en una media de 50 euros por cliente. Sin embargo, Industria no ha obligado a Endesa a que informe de manera suficientemente clara a los usuarios afectados en sus facturas los cálculos que ha realizado para devolverles el dinero cobrado de más, ni en concepto de qué se realiza dicha devolución. Sí les ha especificado cómo deben calcular las cantidades a devolver, aunque la empresa no lo detalla en la notificación a los usuarios.

FACUA Andalucía critica que en esta devolución queden excluidos los clientes de Endesa que se hayan dado de baja a partir de 2003 y que pudieron sufrir la subida irregular por el aumento de potencia durante un tiempo pero cambiasen de contrato o compañía con posterioridad. La Federación recuerda que todos los consumidores que hayan sufrido este abuso tienen derecho a reclamar las cantidades cobradas de más y exige a Industria que establezca un protocolo que permita comprobar el número real de afectados y su compensación, sean o no clientes actuales de Endesa.

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