Ante la próxima extinción de las concesiones

El Parlamento de Aragón aprueba una resolución para la recuperación de la gestión de las hidroeléctricas

La Comisión de Economía de las Cortes insta al Gobierno a elaborar un primer plan de explotación directa para bajar el recibo de la luz y destinar parte de la energía a usos sociales.

El Parlamento de Aragón aprueba una resolución para la recuperación de la gestión de las hidroeléctricas
Embalse de Mequinenza, en Zaragoza, explotado por Endesa. | Imagen: flickr.com/anselmpallas (CC BY-NC-ND 2.0).

La Comisión de Economía de las Cortes de Aragón ha aprobado una resolución que insta al Gobierno de esta comunidad autónoma a "presentar, de acuerdo con los municipios afectados, un primer plan de recuperación y explotación directa" para recuperar la gestión de las centrales hidroeléctricas de su territorio. Según informa el diario Público, la propuesta, impulsada por Podemos y que ha salido adelante con enmiendas del PSOE y Ciudadanos y sin votos en contra, tiene como objetivo reducir la cuantía del recibo de la luz que pagan los consumidores en Aragón y destinar parte de la energía a usos sociales.

El plan contempla una primera fase de recuperación de los saltos hidroeléctricos cuya concesión haya caducado o vaya a hacerlo en los próximos meses, y una segunda etapa para el resto de centrales de Aragón.

Las compañías eléctricas explotan en España alrededor de 800 centrales hidráulicas que cubren, aproximadamente y en función de las reservas de agua, la sexta parte del consumo total del país. Las gestionan mediante concesiones otorgadas por el Estado con plazos de entre 50 y 75 años, buena parte de ellas transferidas a manos privadas en el último cuarto de siglo mediante el proceso de privatización de las empresas públicas del extinto INI, lo que permitió aumentar el creciente negocio del sector.

Del total de hidroeléctricas, más de 150 se encuentran en Aragón. Éstas producen la décima parte de la electricidad generada por saltos de agua en España, que abastecen de energía a Barcelona, Bilbao y sus cinturones industriales.

Ejemplo de gestión pública

La mayoría de las concesiones del Estado caducan en los próximos veinte años, lo que podría permitir su vuelta a la gestión pública. Hasta ahora sólo ha vuelto a ser de gestión estatal una central, la de El Puyeo de Jaca, en los municipios de Panticosa y Hoz de Jaca. La Confederación Hidrográfica del Ebro produce el kilowatio hora a menos de un céntimo, mientras que el precio medio de venta al consumidor supera los 16. Esta central general más de 90.000 megawatios al año, que se destina fundamentalmente para sus propios usos y para el funcionamiento de regadíos sociales.

La central cede el 5% a la empresa pública Energías de Panticosa, propiedad de dicho municipio, que le da uso social a esta energía. Esto permite rebajar a la mitad el recibo de la luz de jubilados y personas en riesgo de exclusión, además de aplicar otras reducciones a pequeños negocios y vecinos. El alcalde, Ricardo Laguna, matiza que hacen "hacemos un descuento en el consumo, no en la tarifa". El acuerdo permite que el consistorio tenga también una importante rebaja en la factura energética de los servicios municipales.

El municipio, sin embargo, aspira a gestionar el salto en solitario. Por ese motivo, mantiene ante la Audiencia Nacional un pleito con el Estado en el que sostiene que la reversión de las instalaciones debería haberse producido a favor de los dos municipios. "La concesión, de 1920, señala que al caducar el permiso la central debería haber revertido a los propietarios del suelo en el que se encuentra, que en este caso es una mancomunidad de Panticosa y Hoz", anota.

Concesiones próximas a extinción

La iniciativa de las Cortes de Aragón, que también insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de recurrir la concesión de saltos hidroeléctricos de más de 25 años de duración, se produce ante la próxima caducidad –prevista para este mes de mayo y junio- de las concesiones por las que Acciona explota los saltos de Barrosa y de Urdiceto, en el Pirineo de Huesca, cuya "explotación directa" proponen asumir "a través de una empresa pública aragonesa o a través del instrumento que se considere más interesante que garantice la titularidad pública y la mejor gestión".

Además, insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de recurrir la concesión de saltos hidroeléctricos de más de 25 años de duración

La resolución mandata también al Gobierno de Aragón, en este caso con el apoyo de todos los grupos, para que solicite al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro "toda la información relativa a las condiciones de concesión y posteriores modificaciones de explotación de los saltos de agua y de las centrales hidroeléctricas". La diputada socialista Leticia Soria señaló que el Ejecutivo ya ha reclamado esos datos.

En Aragón están en trámite, además de los de Urdiceto y Barrosa, los expedientes de extinción de una concesión en Lafortunada y otra en Campo –ambos gestionadas por Endesa-, y las de Rivera II y Pitarque, en el Maestrazgo, según han explicado fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La producción anual de todas ellas supera los 115 millones de kilovatios, equivalente al consumo de 38.000 hogares; es decir, suficiente para atender el consumo doméstico de una provincia como Soria.

Pasividad del Gobierno central con las eléctricas

El posicionamiento de la comunidad aragonesa, y la actividad de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro ponen en entredicho la posición del Ministerio de Agricultura, que hace unos meses, y tras haberlo tenido durante año y medio en un cajón, dejó caducar el expediente de reversión de la central de Lafortunada, una planta del río Cinqueta con una potencia instalada de 40 megawatios que produce 90 gigawatios al año y que entró en servicio en 1920.

El Ejecutivo autonómico ofrece una alternativa para asumir la gestión, mientras el organismo de cuenca ha abierto un nuevo trámite para la reversión, en la que también están interesados los ayuntamientos de Tella y de Plan.

En ese periodo, el Ministerio optó también por no pronunciarse sobre el valor de la denominada "energía reservada", un peaje social del 25% de su producción que deben pagar las eléctricas, lo que en la práctica supone eximir a Endesa de cumplirlo.

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