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TTIP: la pretendida arcadia de las grandes corporaciones

Los Gobiernos de EE UU y la UE negocian en secreto un acuerdo de libre comercio que dará un poder casi ilimitado a las grandes empresas y reducirá la capacidad de la toma de decisiones de la ciudadanía.

Por Ángeles Castellano

Imagina que vas a comprar al mercado una pechuga de pollo y éste ha sido lavado en cloro antes de estar a la venta, y su etiqueta no dice nada. Imagina que vas a comprar una botella de vino fino de Jerez y no es de Jerez, sino hecho en Massachusetts. Imagina que compras una bandeja de carne picada y la etiqueta no dice de dónde viene. Imagina que vas a comprar un pintalabios y en ningún sitio dice que provoca alergia. Imagina que tu barrio no tiene suministro de agua a domicilio o servicio de alcantarillado porque la empresa dueña de la gestión del agua considera que no es rentable llegar hasta allí.

Deja de imaginar. Todo esto será real si finalmente sale adelante el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, por sus siglas en inglés), que negocian en secreto el Gobierno de EE UU y la Comisión Europea desde 2013. Con la excusa de liberalizar el comercio entre ambos bloques, este tratado pretende "eliminar trabas" al comercio, esto es, acabar con la legislación y protección de los derechos de los consumidores, medioambientales e incluso sociales.

Pero el TTIP va mucho más allá, porque "trabas", para los negociadores (y las empresas multinacionales que son consultadas y opinan sobre el Tratado) también son las legislaciones nacionales, los tribunales ordinarios de justicia y las decisiones de los representantes elegidos democráticamente, desde los ayuntamientos hasta el Parlamento Europeo.

Pese a que se negocia en secreto, diversas filtraciones de la negociación demuestran lo anterior. Para contrarrestar la creciente oposición de la población a un tratado que a todas luces perjudica a la ciudadanía, algunos líderes políticos y empresariales defienden que creará empleo (aunque no explican de dónde salen las cifras de nuevos empleos que manejan, ni qué condiciones de trabajo y / o derechos asistirán a los trabajadores) y que se trata de facilitar el comercio. Sin embargo, la realidad es que los aranceles comerciales entre los países de la UE y EE UU ya son especialmente bajos (un 2% de media) y la mitad de los productos que se intercambian entre ambos bloques no soportan ninguna tasa. Lo que el TTIP pone en peligro son los pilares del Estado del Bienestar: la protección de la ciudadanía y la garantía de funcionamiento de los servicios básicos, que suponen una “traba” a los beneficios sin límite de las empresas multinacionales.

Productos con menos calidad y garantías

El TTIP supondría una rebaja sin precedentes en los estándares para los productos comercializados, porque la regulación es una traba al comercio desde la óptica de los grandes empresarios. Los documentos de la negociación filtrados hasta ahora (el último, hecho público por Greenpeace, se refiere a la ronda de negociaciones que tuvo lugar en abril de 2016) muestran que EE UU quiere, entre otras cosas, eliminar el principio de precaución, que recoge que cualquier sustancia sospechosa de ser tóxica no puede salir al mercado hasta que la empresa demuestre su inocuidad. Este principio está recogido en el propio Tratado de la UE, pero EE UU quiere imponer un enfoque similar al que rige en este país, basado en el riesgo, que contemple la gestión de las sustancias peligrosas y que impida a los legisladores tomar medidas preventivas.

Esto permitiría que se comercialicen en Europa cosméticos que no han sido probados dermatológicamente para demostrar que no producen alergias en la piel, por ejemplo. Estarían a la venta hasta que alguien pueda demostrar que causan alergia. Pero este principio se aplicaría en todos los productos a la venta: alimentos, medicamentos, etc.

En la imagen, manifestación reciente en Madrid en contra del TTIP. | Imagen: Twitter.com.
En la imagen, manifestación reciente en Madrid en contra del TTIP. | Imagen: Twitter.com.

 

En un sector especialmente sensible como es el de los fármacos, EE UU quiere, además, rebajar las normas de las patentes y los estándares de calidad necesarios para aprobar definitivamente el uso de determinadas medicinas, dificultar el acceso a los medicamentos genéricos, limitar la transparencia de los ensayos clínicos, etc. Esto redundará en medicamentos más caros, más inseguros y de los que habrá menos información.

Según los documentos filtrados, EE UU también trabaja para que desaparezca el origen del producto en el etiquetado en los productos alimenticios. Esto es, que cuando compres una bandeja de carne picada de ternera y cerdo, por ejemplo, no sepas de dónde viene la ternera, de dónde la carne de cerdo, dónde se procesó y dónde fue envasada antes de entrar en la cadena de comercialización.

En el sector alimenticio, el TTIP también contempla rebajar la normativa en Europa para el tratamiento de animales de consumo humano (ternera, pollo, cerdo, etc) con hormonas de engorde y antibióticos, incluso si no se trata de animales enfermos. Esto favorece el crecimiento más rápido de los animales e impide que enfermen y por tanto acorta los tiempos de producción, pero estas hormonas y antibióticos pasan, tras su ingesta, a los humanos que los consumen, y según algunos estudios, esto está directamente relacionado con algunos tipos de cáncer y los trastornos endocrinos (hormonales, que afectan al funcionamiento normal del organismo), además de hacer a los consumidores más resistentes a los antibióticos (y por lo tanto, las enfermedades son más difíciles de curar), entre otras cuestiones.

Además, si el TTIP entra en vigor, desaparecerán de la etiqueta de los productos alimenticios la presencia de Organismos Genéticamente Modificados (transgénicos), que ahora mismo es obligatoria en Europa y que EE UU pretende eliminar.

También pretende EE UU acabar con las denominaciones de origen, un distintivo netamente europeo que dice que determinados productos sólo pueden llamarse de una manera si se producen en una región determinada y con un proceso de producción determinado. Eso hace especial a productos como el vino (el Cognac sólo se produce en esta región de Francia, igual que el champagne o el vino de Burdeos, o en España el Rioja o el vino de Jerez, pero también afecta a quesos artesanos o al jamón de Jabugo, por citar algunos de los productos más conocidos). En EE UU, cualquier vino espumoso puede recibir el nombre de champagne, por lo que, si su planteamiento sale adelante, se podría comercializar vino de Jerez hecho en Massachusetts, cava de California o jamón de Jabugo criado en Kansas.

Pérdida de soberanía

Una de las cuestiones fundamentales del TTIP es que pretende desplazar la toma de decisiones, de manera que no sean los representantes democráticos de la ciudadanía quienes decidan sobre la legislación sino que ésta esté influida y participada por las grandes empresas. El documento filtrado por Greenpeace recoge que no se permitirán nuevas regulaciones si no es estrictamente necesario y no sin antes llevar a cabo un estudio de coste-beneficio. Además, EE UU pretende que la normativa que pueda afectar al comercio y a la prestación de servicios sea consultada por las grandes empresas y patronales, hasta el punto de que en asuntos como la agricultura o la industria química no se pueda tomar una decisión sin consultar antes con la industria.

Además de esto, ha trascendido que el TTIP será vinculante en todos los niveles de la Administración, esto es, limitará a los Gobiernos locales, autonómicos y nacionales que decidan de manera soberana tomar medidas en virtud de la protección de la ciudadanía. Esto es, impedirá que los ayuntamientos, por ejemplo, mantengan una gestión pública de servicios básicos como la recogida de basura o el suministro de agua potable.

En su afán por aumentar los intercambios comerciales, los documentos filtrados también recogen el fomento de la participación privada en todos los servicios que hasta ahora han estado garantizados a la ciudadanía por las administraciones públicas: esto es, una progresiva privatización de la sanidad, educación, etc, en las que las máximas sean el mayor beneficio al menor costo.

Sevilla es una de las ciudades españolas que ha aprobado una moción contra el TTIP. | Imagen: Ángeles Castellano-FACUA.
Sevilla es una de las ciudades españolas que ha aprobado una moción contra el TTIP. | Imagen: Ángeles Castellano-FACUA.

 

Y enlazado con esto, la cláusula de irrevocabilidad: los servicios que sean privatizados no podrán ser devueltos a la gestión pública. Esta cláusula, actualmente vigente en otros tratados de comercio internacional, implica que los Estados no pueden reintroducir un obstáculo a la privatización si la ha eliminado con anterioridad.

Privatización de la justicia

En una vuelta de tuerca más, el TTIP permitirá que las empresas puedan demandar a los Estados que tomen medidas pensadas en el bienestar de la población pero que perjudiquen los intereses empresariales.

Esto se hará a través de los tribunales de arbitraje (de los que ya hay numerosos ejemplos, dado que hay numerosos tratados de libre comercio firmados entre países). Se trata de uno de los puntos más polémicos y que más rechazo han provocado entre la población: el ICS (Investment Court System), un sistema judicial privado que funcionará con árbitros –abogados- independientes a los sistemas judiciales de los países y no se someterán a la jurisdicción de ninguno.

Este mecanismo permitirá que las empresas denuncien a los Estados que aprueben legislaciones que perjudiquen a sus intereses y que éstos enfrenten multas millonarias por leyes aprobadas o cualquier proyecto de ley que esté tramitando y no retire.

Un ejemplo real de otros sistemas de arbitraje es la demanda de la multinacional tabaquera Philip Morris a Uruguay y Australia por sus leyes antitabaco, porque las advertencias de los riesgos de fumar en las cajas de cigarrillos impedían mostrar bien la marca y perjudicaba a sus ventas. Otro ejemplo es la demanda de la multinacional sueca Vattenfall al Gobierno alemán por las restricciones que impuso a sus centrales eléctricas de carbón y en defensa del medio ambiente, que hizo que Alemania rebajase la protección ambiental para evitar pagar una multa millonaria. La multinacional francesa Veolia (en España, Dalkia) demandó a Egipto en uno de estos tribunales porque el Gobierno de este país subió el salario mínimo interprofesional y esto le redujo los beneficios.

Situación actual: división entre los políticos europeos

Desde que comenzó a negociarse en 2013, la Comisión Europea mandató a un grupo de personas para dirigir las conversaciones con EE UU ajena a la propia Comisión y al Parlamento Europeo. El secretismo de estas gestiones ha sido tal que ni siquiera los propios europarlamentarios han tenido acceso abierto a los documentos manejados por las partes. Tan sólo han podido consultar algunos de ellos en una habitación prácticamente sellada a la que no podían acceder con ningún medio para tomar notas, ni con teléfonos móviles, y en las que entraban tras firmar un documento de confidencialidad.

Gracias a las filtraciones se ha conocido, sin embargo, que hay constantes consultas a las grandes multinacionales y patronales sobre las medidas que se pretenden adoptar, y sin embargo, no se consulta ni a la sociedad civil ni a sus representantes.

La creciente oposición de la ciudadanía ha hecho que muchos grupos políticos se posiciones también en contra del Tratado, o al menos, muestren su rechazo a las formas de negociarlo y a los aspectos más polémicos que se conocen de él. En julio de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de apoyo a las negociaciones, que salió adelante con el apoyo mayoritario de la derecha y democracia cristiana (PPE) y liberales (ALDE) y los socialdemócratas (S&D), aunque dentro de éste último grupo hubo división. Los laboristas británicos y socialistas belgas, franceses y austríacos se opusieron a la resolución. Ésta fue aprobada por 436 votos a favor, 241 en contra y 32 abstenciones. El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea (que incluye a los verdes de varios países y los españoles Podemos e IU), así como otros grupos de izquierda y de extrema derecha son los únicos que se oponen abiertamente al Tratado en la Eurocámara.

Desde entonces, la oposición más sonada ha sido la del presidente francés, François Hollande (socialista), que indicó a principios de mayo que en el estado actual de las negociaciones, Francia se opondrá al TTIP. Le han seguido, entre otros, el propio ministro alemán de comercio, Sigmar Gabriel, pese que a su jefa, la cabeza del Ejecutivo alemán Angela Merkel, es la principal impulsora del Tratado en la UE.

En España, Ciudadanos y Partido Popular (PP) han defendido abiertamente el TTIP, mientras el PSOE mantiene una posición ambigua (aunque en el Parlamento Europeo los socialistas españoles votaron a favor) y Podemos e Izquierda Unida se oponen radicalmente al mismo, y lo han incluido en los debates y programas electorales de sus formaciones.

La ciudadanía española ha sido de las últimas en unirse a las movilizaciones en contra del Tratado en la UE, pero su oposición es creciente. La campaña estatal No al TTIP, que engloba a más de cien organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y políticas de todo el Estado (entre ellas FACUA-Consumidores en Acción), ha desarrollado una campaña para que los municipios y comunidades autónomas muestren su rechazo al TTIP. Hasta principios de junio, un total de seis comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Islas Baleares y Navarra), una diputación provincial (Sevilla), cinco cabildos y consejos insulares y 160 municipios han aprobado mociones o proposiciones no de ley de rechazo al Tratado.

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Ángeles Castellano es periodista y forma parte del equipo de redacción de Consumerismo.

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