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Hacia un desarrollo sostenible

Cualquier avance en ese sentido es esencial para seguir ganando espacios y consolidar los avances en materia de protección de los derechos de los consumidores.

Por Juan Trímboli

Mientras el mundo en general y América Latina y el Caribe en particular atraviesan por un período complejo, marcado por incertidumbres y agudos problemas económicos y sociales, dos reciente resoluciones de las Naciones Unidas son de indudable importancia para el presente y el futuro de los consumidores y del conjunto de la sociedad. Ambas merecen no sólo atención y reflexión, sino también la puesta en práctica de iniciativas que hagan que sus enunciados y aspiraciones se materialicen en decisiones de políticas públicas en todos nuestros países.

En una de estas resoluciones, que nos involucra de manera directa, la "actualización de las directrices de la ONU para la Protección del Consumidor", el movimiento de consumidores fue fundamental para lograr su aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas. Fueron tres años de trabajo intenso, donde en nuestra región latinoamericana y caribeña las organizaciones de consumidores y las agencias gubernamentales de protección del consumidor, ejercieron toda su capacidad de movilización e incidencia para convencer a las autoridades de gobierno de la necesidad y urgencia de proceder a la actualización de las directrices.

Las directrices de ONU, si bien no son vinculantes, siempre fueron una herramienta muy potente en nuestro trabajo cotidiano para promover y defender los derechos ciudadanos en el ámbito del mercado de bienes y servicios. Si esto siempre fue así, ahora esta herramienta se ve potenciada por la incorporación de nuevas orientaciones sobre el acceso a necesidades legítimas, comercio electrónico, servicios financieros, buenas prácticas comerciales y cooperación internacional.

En relación con las denominadas necesidades legítimas, las directrices mencionan el acceso a bienes y servicios esenciales y la protección de consumidores en condiciones de vulnerabilidad, en materia de servicios financieros se proyecta la obligación de los Estados de adoptar medidas para reforzar las políticas que protejan al consumidor cuando accede y utiliza servicios financieros, incluyendo políticas de inclusión y educación financiera.

Comercio económico

En lo que tiene que ver con el comercio electrónico se impulsa a los Estados para que se ocupen, entre otros, de asuntos tales como prácticas empresariales, comerciales y de mercadotecnia justas, información clara sobre la identidad en línea de las empresas, así como de los bienes y servicios que ofrecen y de los términos y condiciones de cualquier transacción, procesos transparentes para la confirmación de las transacciones, mecanismos seguros de pago, resolución de conflictos y compensación justos, privacidad y protección de datos personales.

Ante situaciones que se reiteran en el mercado y que vulneran los derechos de los consumidores, nos parece particularmente relevante que se establezca que las empresas deben relacionarse de manera justa y honesta con los consumidores evitando prácticas que causen perjuicios, especialmente a aquellos sectores más vulnerables. Las directrices hacen un llamado claro a la construcción de un comportamiento ético que evite prácticas abusivas, discriminatorias y engañosas.

En el largo proceso que condujo a la actualización de las directrices, siempre nos pareció relevante que se incluyera la creación de un grupo de expertos sobre Políticas del Consumidor, entre cuyo objetivos se encontrara la revisión periódica de las directrices, se evaluaran los avances en su aplicación a nivel nacional y entregara recomendaciones y apoyo mediante trabajos de investigación. Finalmente este grupo intergubernamental funcionará dentro de la Comisión de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD y colaborará con el Comité de Políticas de Consumo de la OCDE. Esta instancia será un punto de encuentro de la UNCTAD y Consumers International, existiendo así para el movimiento de consumidores la posibilidad real de influir en su agenda y el desarrollo de su trabajo.

Para la ONU, el  acceso a bienes y servicios esenciales como la electricidad es una necesidad legítima.
Para la ONU, el acceso a bienes y servicios esenciales como la electricidad es una necesidad legítima.

 

Si bien no todo lo que pretendíamos se logró, nos parece que hemos dado un nuevo paso en este largo camino que conduzca a relaciones de consumo justas, donde los derechos en el mercado sean respetados integralmente. Ahora, tenemos por delante la tarea difícil pero posible de hacer que estos y otros temas, que se han incorporado a las directrices se materialicen en los países de la región. Cuando decimos que será difícil pero también posible, nos basamos en la rica experiencia acumulada desde el momento en que el texto original de la Directrices de ONU fuera aprobado en el año 1985.

Protección del consumidor

En ese período en la mayoría de nuestros países no existía legislación de protección del consumidor o esta no cumplía con estándares mínimos requeridos para una protección adecuada de los derechos ciudadanos en el mercado. Fue entonces que las organizaciones de consumidores, muchas de ellas todavía incipientes pero todas con una enorme vocación y voluntad política para hacer avanzar la protección del consumidor en la región, vieron en las directrices un valioso instrumento de trabajo. Por supuesto que los avances no estuvieron exentos de dificultades, y que las directrices entonces aprobadas no fueron el único instrumento para abrir nuevos espacios, pero sí fueron un apoyo relevante para que hoy podamos contar con marcos legislativos en la totalidad de nuestros países.

La experiencia de entonces y toda nuestra práctica posterior nos permiten concluir que ahora, con directrices de ONU más abarcadoras, tenemos y podemos seguir avanzando en un contexto regional marcado por desigualdades profundas y derechos vulnerados. Para ello, entre otras exigencias e iniciativas será siempre importante poner en práctica la colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil que, desde otros ámbitos -ambiental, género, sindical, derechos humanos, etc...-, trabajan por objetivos comunes a los nuestros. Así como también es necesario abrir espacios de acuerdo con instancias gubernamentales y agencias internacionales, como ha sido en este proceso la estrecha cooperación con el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección del Consumidor y la UNCTAD. Con esta mirada integradora necesitamos también levantar puentes y tender diálogos con aquel mundo empresarial que creando valor no abusa ni vulnera los derechos de las personas y sectores con los cuales se relaciona.

Al comenzar este artículo mencionamos dos resoluciones de la ONU, y es precisamente ese escenario el que nos ofrece una oportunidad para vincular nuestras prioridades en materia de protección del consumidor con aquellas que derivan de la agenda global y que se encuentran en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en Agosto del 2015. Pensamos que las directrices de ONU actualizadas, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pueden potenciarse mutuamente tras el objetivo principal de su aplicación en beneficio de todas los habitantes de este planeta. Esto nos exige, como movimiento de consumidores, una mirada más abarcadora de nuestro hacer cotidiano, una mirada que perciba que la materialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son esenciales para seguir ganando espacios y consolidar los avances en materia de protección de los derechos de los consumidores.

América Latina y el Caribe atraviesan incertidumbres y problemas económico-sociales.
América Latina y el Caribe atraviesan incertidumbres y problemas económico-sociales.

 

Un debate amplio

Existe consenso que nunca en la historia se había registrado un debate tan amplio e incluyente como el relativo a la Agenda para el Desarrollo Sostenible, la más ambiciosa que el mundo haya acordado en décadas y que convoca a tener una mirada estratégica sobre la construcción de nuestro futuro.

Fueron millones de personas provenientes del mundo público y privado las que participaron en debates nacionales y globales, estableciendo prioridades y acordando finalmente los 17 objetivos de desarrollo sostenibles que se incluyen en la resolución de Naciones Unidas. Si vemos esos objetivos podemos constatar que muchos de ellos son parte de los programas de trabajo de las organizaciones de consumidores a nivel global y regional. Podemos mencionar, por ejemplo, el objetivo 12 que demanda una Producción y Consumo Responsable, o el 6, que se plantea apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora del acceso y de la gestión del agua y el saneamiento, o el 2 que exige adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios, o el objetivo 1 que pretende garantizar para el 2030 que todos los hombre y mujeres, en particular los más pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios financieros.

Las organizaciones de consumidores que ya estamos trabajando por poner en la agenda de cada país los contenidos actualizados de las directrices, debemos ser parte de ese amplísimo movimiento global que, impulsando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está demandando transparencia, rendición de cuentas, democracia plena –política, social, económica y ambiental, y participación en los procesos de definición, ejecución e implementación de las políticas públicas. En definitiva una ciudadanía, que concurre como portadora de derechos y también de obligaciones, de cuyo cumplimiento el Estado tiene que ser garante.

Vivimos un momento complejo y colmado de incertidumbres, pero estamos también ante una gran oportunidad. La dimensión del largo plazo suele estar ausente en las políticas y estrategias de los gobiernos, por ello tenemos la obligación como movimiento de consumidores de estar siempre articulados con las demandas más amplias de la sociedad y colocar al desarrollo sostenible en la agenda de la región. Vamos a seguir atendiendo la urgencia y los retos que nos impone una coyuntura donde es necesario poner límites a la vulneración de los derechos de los consumidores, sin perder de vista el horizonte de largo plazo.

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Juan Trímboli es director de la oficina de Consumers International para América Latina y el Caribe.

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