Tras la denuncia de la asociación

El Defensor del Pueblo Andaluz pide a la alcaldesa la inclusión de FACUA Córdoba en la mesa de Emacsa

Considera un error que no se tenga en cuenta a las asociaciones más representativas de los usuarios.

El Defensor del Pueblo Andaluz pide a la alcaldesa la inclusión de FACUA Córdoba en la mesa de Emacsa

Tras la denuncia de FACUA Córdoba, el Defensor del Pueblo Andaluz recomienda a la alcaldesa de la ciudad que incorpore a las asociaciones de consumidores más representativas, como es el caso de FACUA, en la mesa de trabajo de las nuevas tarifas del agua de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) y considera un error no haberlo hecho ya.

La asociación denunció el veto que viene sufriendo para su participación en dicha mesa por parte de la presidenta de Emacsa y alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio.

La resolución emitida por el Defensor del Pueblo Andaluz que consta de diez folios (puedes verla completa aquí), señala que precisamente la participación ciudadana es uno de los principios fundamentales del modelo de gestión que propugna, en la línea de la Convención de Aarhus y la Ley 27/2006, además de la propia Constitución Española, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Trasparencia y Acceso a la Información pública y buen gobierno, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el artículo 101 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, entre otras.

El Defensor destaca además en su informe el papel importante de FACUA en otros procesos del ciclo. "En el caso concreto de Facua, además, tenemos conocimiento de su implicación en otros procesos de elaboración de tarifas del ciclo integral del agua", señala.

La representación de los consumidores, exclusiva de las asociaciones

La participación ciudadana se traduce, según el Defensor del Pueblo, tanto en la rendición de cuentas y el acceso a la información como en la adopción de decisiones, y señala que "es preciso promover nuevas formas de control social y de democracia participativa, que garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva".

Además, en la página 7 de su informe, deja en claro a la presidenta de Emacsa que "la legitimación para actuar en nombre y representación de los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias se atribuye exclusivamente a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias constituidas conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias, en la Ldpcua y en el Decreto 121/2014, de 26 de agosto, por el que se regula el régimen jurídico y el Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía".

El Defensor tacha de error el no incluir a las asociaciones

Por otra parte, en el informe, se destaca que se desconocen quienes son los sectores sociales que habrán sido llamados a participar en la comisión en representación del movimiento ciudadano y qué criterios se habrán empleado para la asignación de estas plazas. Pero lo que le parece un error "es que no se haya incorporado a las asociaciones más representativas de los intereses de consumidores y usuarios, cuando son éstos los destinatarios de las tarifas de Emacsa".

Así mismo, el Defensor del Pueblo destaca en su documento, la implicación en los procesos de tarifas del ciclo integral del Agua en los que ha participado FACUA, y resalta que su experiencia puede aportar muchos conocimientos en el debate que se plantea en el momento de repartir los costes del servicio para que tengan un reflejo justo en las tarifas que debe abonar la ciudadanía.

Por último, el Defensor del Pueblo Andaluz, aboga porque se produzca una reconsideración de las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de Córdoba en relación con la participación de las asociaciones de consumidores en la comisión de trabajo creada para la determinación de las tarifas de Emacsa a fin de evitar que resulte desvirtuada una iniciativa que se presentaba como modélica en el ámbito de la promoción de los procesos participativos y del empoderamiento ciudadano.

Ahora, se abre un plazo no superior a un mes para que la alcaldesa facilite respuesta por escrito a la resolución dictada, donde ponga de manifiesto la aceptación de la recomendación formulada o, en su caso, exponga los motivos que estime oportunos para no aceptarla.

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