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El Constitucional declara nulas las tasas judiciales a personas jurídicas impuestas por Gallardón

El Alto Tribunal estima parcialmente el recurso presentado por el PSOE y tumba las tasas aprobadas en 2012. FACUA critica el grave perjuicio causado por dicha medida a empresas y asociaciones.

El Constitucional declara nulas las tasas judiciales a personas jurídicas impuestas por Gallardón

El Tribunal Constitucional ha declarado nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas impulsadas en su momento por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, según han informado fuentes jurídicas.

En una sentencia adoptada por unanimidad ha estimado parcialmente el recurso presentado por el PSOE y declara inconstitucionales las tasas aprobada en noviembre de 2012. La normativa contó desde el primer momento con el rechazo de profesionales, sindicatos y consumidores, entre ellos FACUA-Consumidores en Acción.

El Gobierno recaudó más de 500 millones de euros gracias al cobro de estas tasas. En este sentido, FACUA reclama al gobierno en funciones que deje de ocultar a dónde ha ido a parar todo ese dinero, un extremo que se ha negado a aclarar en reiteradas ocasiones.

La asociación critica el grave perjuicio causado por las medidas del gobierno del PP con las tasas a particulares, eliminadas en febrero de 2015, y las elevadas tasas a empresas y asociaciones. Además, lamenta que el Constitucional considere que las tasas no vulneran derechos fundamentales y sólo plantee que su cuantía es desproporcionada.

Un derecho limitado

FACUA también critica la lentitud del Constitucional, que ha dejado durante años indefensas a multitud de personas, pequeñas empresas y asociaciones. La asociación criticó desde el primer momento que la ley de tasas judiciales aprobada por el Gobierno suponía la implantación de una justicia para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos, pymes y movimientos ciudadanos.

Tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la norma se sometió a una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas en determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo. El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue más allá y eliminó mediante Real-Decreto las tasas judiciales para personas físicas, si bien mantuvo el tributo a las personas jurídicas.

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