Ocio

No se pierden derechos porque sea divertido

Los espectáculos de música en vivo siguen siendo ignorados por las autoridades de Consumo, pese a que arrastran a miles de personas cada año.

Por Ángeles Castellano

A veces, un plan divertido, como es acudir a un festival de música en verano o a un concierto con los amigos, se convierte en una imposible gymkhana en la que prueba tras prueba uno ya sólo puede aspirar a que le devuelvan el dinero. Las recientes cancelaciones de los festivales Territorios de Sevilla, el Marenostrum de Valencia, conciertos de Bunbury en varias ciudades o el de Melendi en Granada son algunos casos en los que los usuarios tienen que apretar el cuchillo entre los dientes y pelear para que no se les vulneren sus derechos en algo tan sencillo como la devolución del importe que pagaron para asistir a un evento que finalmente no se ha realizado.

Pero no son casos aislados. En ocasiones, los conciertos no cuentan con la mínima seguridad exigible, el sonido es catastrófico, no se permite la entrada con un bocadillo con la absurda excusa de que dentro del recinto venden comida o no se ve nada desde el asiento que te vendieron y ni siquiera cuentan con las hojas de reclamaciones a las que obliga la ley. Sin embargo, y pese a que existe normativa nacional y autonómica (y en cualquier caso, es de aplicación la Ley General para la Defensa de los Consumidores) las autoridades parecen mirar para otro lado cuando se trata de este sector. Se les olvida que los consumidores no pierden derechos, aunque se trate de un servicio al que se acude a pasarlo bien.

En el sector de los espectáculos en vivo faltan inspecciones en las que se compruebe que no sólo no se vulneran los derechos de los asistentes a los espectáculos, sino que garanticen que se cumple lo que se publicita (como la visibilidad desde todos los puntos del recinto y una mínima calidad del sonido). Tampoco hay sanciones ejemplarizantes proporcionales a los beneficios obtenidos con las actuaciones irregulares y que disuadan a los infractores de volver a hacerlo, además de otras consecuencias para promotores que reincidan en los incumplimientos, una armonización de las legislaciones y un mayor desarrollo de las mismas.

Y esto, pese a que la asistencia a espectáculos en directo es la cuarta actividad cultural más frecuente en España, según datos oficiales del Gobierno (Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2014-2015). Un 43,5% de los encuestados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, acuden regularmente a estos eventos, fundamentalmente a conciertos de música actual (24,5%).

Falta de controles

Quienes compraron entradas para el Festival Territorios que debía celebrarse en Sevilla los días 20 y 21 de mayo aún están a la espera de que la empresa promotora les devuelva el importe de las entradas. Esto, por no hablar de quienes reservaron noches de hotel en la ciudad para venir expresamente a ver los conciertos. La ley dice que las entradas deben ser devueltas en un plazo máximo de un mes (según el artículo 21.3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), pero además hay una normativa específica andaluza (Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas) que reduce el tiempo a cuatro días después de la fecha fijada para la celebración del espectáculo (artículo 23). Ninguna de las dos normativas se ha cumplido en este caso.

Sin embargo, las autoridades de Consumo de la Junta de Andalucía aún no han comunicado si han iniciado actuaciones al respecto, ni siquiera han informado sobre una posible apertura de expediente investigador. La Fundación Territorios, promotora del festival, contaba con todos los permisos para realizarlo pese a no tener asegurada su financiación, algo que conocían las autoridades competentes y que podía augurar una futura cancelación, como finalmente terminó ocurriendo. Por si no fuese suficiente, apenas diez días después, la misma promotora suspendió otro festival (Festival Trafalgar), que debía celebrarse los días 24 y 25 de junio en Brabate (Cádiz), por no contar con los permisos correspondientes.

Otro caso similar ha ocurrido recientemente en Valencia. El Festival Marenostrum debía celebrarse los días 8 y 9 de julio en Alboraya, pero se suspendió apenas 24 horas antes por no contar con los permisos necesarios, a pesar de que se habían vendido 20.000 entradas de forma anticipada. Finalmente, este festival se ha celebrado en otra localización en Valencia en otras fechas, lo que seguro habrá provocado que muchos de quienes compraron las entradas no hayan podido acudir y hayan solicitado la devolución de su importe.

En el caso del Festival Cabo de Plata, celebrado en Barbate (Cádiz) el 1 y 2 de julio, se da una situación aún más preocupante: los conciertos se llevaron a cabo pese a no contar con los permisos pertinentes de la Junta de Andalucía, que advirtió a los organizadores de que la zona prevista de acampada era ilegal.

En ninguno de los casos anteriores, ni las administraciones locales ni las autonómicas establecieron los suficientes controles para garantizar que el servicio que se estaba vendiendo y publicitando con antelación finalmente se iba a poder llevar a cabo. Tampoco han sido contundentes a la hora de vigilar y comprobar que, tras la cancelación, los perjudicados reciben en tiempo y forma el dinero que gastaron en las entradas y otros servicios complementarios, como billetes de medios de transporte o reservas hoteleras relacionadas con el acontecimiento musical.

La falta de controles y de exigencia de responsabilidades de de la Administración a los organizadores de este tipo de eventos no sólo es evidente en casos en los que tienen que otorgar permisos de celebración de eventos de los que se están vendiendo entradas previamente, también es un hecho durante la celebración de los propios conciertos.

FACUA recibe quejas constantes de asistentes a conciertos a los que se les niegan hojas de reclamaciones en las instalaciones de los conciertos, o por problemas como la falta de visibilidad desde determinados asientos, el sobre aforo en festivales o el impedimento de introducir alimentos o bebidas adquiridas en el exterior. Todas estas irregularidades podrían evitarse si hubiese controles exhaustivos y constantes por parte de las autoridades locales y autonómicas correspondientes y se aplicasen los reglamentos vigentes a nivel estatal y autonómico.

Multas ridículas que llegan tarde y no resarcen a los afectados

La dejadez de las autoridades ante los incumplimientos en este sector se demuestra, además de por la falta de controles previos, por la ausencia de contundencia en las multas impuestas ante las promotoras que cometen las irregularidades.

Casi dos años tardó la Agencia Catalana de Consumo en sancionar a la empresa de venta de entradas Ticketmaster por las anomalías en la venta de entradas del concierto que los Rolling Stones ofrecieron en Madrid en junio de 2014. FACUA denunció que la empresa omitía en su publicidad un suplemento de entre 6 y 25 euros, según el tipo de entrada, que se aplicaba como "gastos de distribución" y del que el usuario sólo tenía conocimiento cuando estaba ya realizando la compra.

Las autoridades de Consumo, casi dos años después, dieron la razón a FACUA, pero consideraron la infracción como "leve", la categoría más baja, que sólo contempla sanciones de hasta 10.000 euros, una cifra irrelevante en relación a la irregularidad cometida.

Las multas son escasas, llegan mucho tiempo después de la celebración de los conciertos y no sirven para reponer el daño causado. Tampoco ocurrió en el caso del festival SpaceFest que debía haberse celebrado en Madrid en enero de 2013 y se canceló. La multa, impuesta casi dos años después a la organizadora por una denuncia de FACUA, fue de 16.000 euros.

Se da la circunstancia de que la promotora era Divertt SL, la misma que organizó la fiesta de Halloween en octubre de 2012 en el Madrid Arena, evento en el que murieron cinco personas por una avalancha en el recinto, que duplicaba el aforo.

Las cantidades impuestas por los incumplimientos, además, no suelen servir resarcir a los consumidores afectados por los abusos. Los asistentes al desastroso concierto de Alejandro Sanz en Cádiz celebrado el 1 de julio de 2013 aún están esperando que la empresa organizadora, Link Entertainment, les devuelva el importe de las entradas.

FACUA recibió numerosas quejas de asistentes que indicaron que desde algunas de las ubicaciones del recinto (el estadio de fútbol Ramón de Carranza) no pudo seguirse la actuación con un mínimo de calidad, la inexistencia de hojas de reclamaciones o el retaso de más de una hora en el inicio de la actuación. La asociación denunció a la promotora ante la Junta de Andalucía que, un año después, impuso una multa de 10.000 euros a los organizadores del concierto.

Sin embargo, la empresa no ha accedido a devolver el importe de las entradas a los perjudicados que lo reclamaron y sigue organizando eventos similares en la zona sin que la Administración autonómica haya tomado medidas para garantizar que no se vuelven a repetir las irregularidades.

Una faringitis o entrar en la cárcel no son causa mayor

uende_maya (CC BY-NC 2.0).
uende_maya (CC BY-NC 2.0).

 

En el caso de las cancelaciones, en ocasiones los promotores tratan de alegar causa mayor para no devolver las entradas a los consumidores. Es lo que ha ocurrido con varios conciertos previstos por Bunbury, que sufrió una faringitis que le obligó a cancelar un recital que debía ofrecer dentro del Festival Santander Music el 5 de agosto y a posponer un concierto previsto el 6 de agosto en Málaga.

Una faringitis no es una causa de fuerza mayor, dado que, pese a ser sobrevenida, es una circunstancia previsible y un riesgo inherente a cualquier cantante que celebre una gira de conciertos. Las consecuencias, por tanto, deben ser legalmente asumidas por la promotora, no por los asistentes al concierto.

Tampoco fue causa mayor, por los mismos motivos, la entrada en prisión de Isabel Pantoja en noviembre de 2014, que dejó colgados a numerosos usuarios que habían comprado pases para sus conciertos en Oviedo, Madrid y Barcelona  que debían celebrarse entre noviembre y diciembre de ese mismo año. La artista había sido condenada a veinticuatro meses de prisión en abril de 2013, sentencia que fue ratificada en octubre de 2014 por el Tribunal Supremo, por lo que YMAX Producciones es el responsable de la devolución de las entradas.

Cuando no te dejan entrar un bocadillo… para cobrártelo dentro a precio de oro

Una de las prácticas abusivas más comunes en el caso de los festivales y conciertos que es respondida con la habitual pasividad de las autoridades competentes suele ser la prohibición de entrar con comida o bebida comprada fuera de las instalaciones del evento. FACUA ha denunciado este tipo de prácticas en numerosas ocasiones, el caso más reciente, el festival RockFest de Barcelona, organizado por Producciones Rocknrock.

Si el festival permite el consumo de alimentos y bebidas en sus instalaciones es abusivo que no permitan que procedan del exterior, dado que su actividad principal no es la venta de tales productos, sino la celebración de conciertos. La medida de no permitir alimentos sólo tiene sentido si se trata de un restaurante, por ejemplo, dado que su actividad principal sí es la restauración.

La venta de alimentos y bebidas es una de las fuentes de ingresos de los organizadores de los festivales, que además suelen cargar precios abusivos a los asistentes. Esto es contrario, por abusivo, a la normativa general de Consumo (artículo 82 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores) porque limitan los derechos del consumidor, resultan desproporcionadas y suponen un desequilibrio importante entre el empresario y el usuario. Pero además, lo recogen también así algunas sentencias del Tribunal Supremo, que fijan jurisprudencia.

Tampoco se puede obviar que permitir sólo alimentos y bebidas comprados dentro del recinto es un atentado contra la competencia, que impide a los usuarios elegir libremente la oferta que mejor le convenga e impide a otros actores precisamente hacer una oferta que pueda ser interesante para los consumidores.

En algunas comunidades autónomas, los reglamentos específicos que regulan los espectáculos públicos contienen en su articulado la prohibición expresa a entrar en los recintos en los que tienen lugar estos espectáculos con alimentos y bebidas comprados en el exterior. Sin embargo, debe prevalecer la normativa de Consumo, que es de rango superior (estatal, frente a la normativa autonómica) y que además tiene amparo constitucional. La protección de los derechos de los consumidores es un mandato constitucional, recogido en el artículo 51.1 de la Carta Magna.

La responsabilidad se diluye porque la ley es obsoleta

A la pasividad habitual de las autoridades competentes se añade el problema de la legislación. En ocasiones, los consumidores no saben ante quién tiene que reclamar cuando se produce una irregularidad en un concierto: ¿ante el artista?, ¿el promotor?, ¿el dueño del teatro o espacio en el que tiene lugar el evento?, ¿la empresa de venta de entradas? Actualmente intervienen numerosos agentes en la organización y las normas autonómicas no lo reflejan.

Muchos de los reglamentos específicos sobre espectáculos públicos han quedado obsoletos, dado que se trata de un sector que en los últimos años ha cambiado mucho. La crisis económica y la diversificación del trabajo como consecuencia de la aparición de internet son algunos de los factores que han variado la manera en la que se organizan y gestionan conciertos y festivales.

gphoto (CC BY-NC 2.0).
gphoto (CC BY-NC 2.0).

 

La legislación aún no recoge la responsabilidad solidaria, para los casos de cancelaciones o de irregularidades como la sobre venta de entradas. Esto protegería mejor los intereses de los consumidores, que podrían tramitar sus reclamaciones a través de uno de los agentes sin tener que hacer una investigación exhaustiva de cuál, de todos los agentes que intervienen en la celebración de un concierto, ha sido en cada caso el responsable de la irregularidad o cancelación.

Otro ejemplo de la necesidad de actualizar las normativas autonómicas tiene que ver con el uso de internet, que ha permitido, entre otras cosas, que las propias empresas que se dedican a la venta de entradas monten plataformas de reventa de dudosa legalidad y prácticas sospechosas. La normativa nacional vigente es de 1982, por lo que obviamente no considera esta posibilidad. En el caso de los reglamentos autonómicos, algunos prohíben explícitamente la reventa y otros siguen la estela de la norma nacional, por lo que se dan situaciones cuando menos confusas.

El caso más reciente y más llamativo ha sido el del concierto de Bruce Springsteen en Madrid del pasado mes de mayo. La promotora del concierto, Doctor Music, ha llegado a anunciar acciones legales contra la empresa de venta de entradas, Ticketmaster, que a su vez es dueña del portal de reventa Seatwave. En el caso del concierto de Springsteen en Madrid se dio la extraña circunstancia de que las entradas se agotaron en apenas dos horas, y en unos pocos minutos más, aparecieron a precios abultadísimos en la plataforma de reventa de la misma empresa. FACUA ha pedido una investigación a las autoridades de Consumo de la Comunidad de Madrid, ante la sospecha de que la misteriosa velocidad de venta tenga que ver con un comportamiento irregular de Ticketmaster, que estaría obteniendo pingües beneficios reteniendo las entradas, cobrando precios desorbitados por ellas y cobrando dobles comisiones por su venta.

Pero además, se debe acometer una revisión de la legislación sobre espectáculos para que no entre en conflicto con la relativa a la protección de los derechos de los consumidores, que tiene mayor rango y es más genérica. Los reglamentos específicos no deberían entrar en conflicto con el que es de general aplicación y se refiere a un derecho constitucional, cuando además debe prevalecer la protección de los consumidores frente a otros intereses.

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