Espectáculos programados para septiembre y octubre

El Cabildo de Tenerife organiza conciertos a los que prohíbe entrar con comida y bebida, denuncia FACUA

La empresa Ideco, que gestiona las actividades de ocio de la Isla, promueve espectáculos en un pabellón municipal bajo la advertencia de veto. La asociación critica esta imposición por abusiva.

El Cabildo de Tenerife organiza conciertos a los que prohíbe entrar con comida y bebida, denuncia FACUA
El Pabellón Santiago Martín de Tenerife es el recinto que acogerá los eventos. | Imagen: flickr.com/vmendoza (CC BY-NC 2.0).

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa pública que gestiona las actividades deportivas y de ocio en la Isla de Tenerife, Ideco SA, por anunciar distintos conciertos a los que, según advierte, prohibirá acceder con comida y bebida del exterior.

La asociación ha presentado un escrito ante la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias donde alerta de que Ideco SA, dependiente del Cabildo de Tenerife, está organizando varios espectáculos musicales, a celebrar en el Pabellón Santiago Martín de la capital tinerfeña durante los meses de septiembre y octubre, bajo la advertencia de no permitir el acceso de aquellos usuarios que intenten acceder al recinto con alimentos o bebidas adquiridas en el exterior del mismo.

Así lo avisa la web entrees.es, una de las que promueve la venta de entradas para las distintos actuaciones. "Importante: No se permite el acceso con comida y/o bebida al recinto", anuncia la página junto al cartel promocional de los eventos, justo antes de proceder al pago de los tickets. Sin embargo, según ha podido constatar FACUA, en Ticketmaster, otro portal autorizado para la venta de pases (la propia web de Ideco remite a ella), no advierte de prohibición alguna a los usuarios a la hora de realizar la compra de las entradas.

Actividad principal

FACUA considera inadmisible que el Cabildo de Tenerife ampare prácticas como éstas, con las que se pretende obligar a los usuarios a gastar dinero si quieren consumir en el interior del recinto. No obstante, la asociación recuerda que la actividad principal de la empresa denunciada es la de "fomentar el deporte, la cultura y el ocio en toda la población de la Isla de Tenerife", según anuncia la propia Ideco en su web.

La empresa detalla también que el pabellón, propiedad del Cabildo, "está calificado como bien de servicio público en las zonas destinadas a uso deportivo y anexos, y como bien patrimonial, en las zonas destinadas a oficinas y aparcamientos, con una superficie total de 14.334 m2".

Así, FACUA subraya que el recinto en el que se celebrarán los conciertos acoge regularmente partidos de distintas competiciones deportivas como baloncesto, a los que no se impide el acceso con alimentos. Por tanto, la asociación recalca que el dicho recinto no se desarrolla ninguna actividad hostelera que pueda verse afectada por el hecho de que los consumidores que asistan al evento lo hagan con su propia comida y bebida.

En este sentido, FACUA entiende que esta prohibición vulnera el Artículo 82 del Real Decreto 1/2007, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El mismo establece que "se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente y que causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato".

Prevalece la normativa estatal

La asociación critica que la normativa autonómica que regula esta cuestión, el Decreto 86/2013, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, y que regula el derecho de admisión, sea utilizada por los empresarios para justificar prohibiciones como la denunciada por FACUA e impuestas por diferentes establecimientos de ocio.

En cualquier caso, recuerda la organización, dicha normativa no puede en ningún caso prevalecer sobre la legislación estatal de Consumo, de rango superior. Las autoridades competentes en la materia deben garantizar siempre y en todo caso los derechos de los consumidores sobre otros intereses en juego, como los empresariales en este caso.

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