Amplía sus competencias

La Corte Penal Internacional podrá juzgar el delito ambiental como crimen contra la humanidad

La institución podrá perseguir el acaparamiento de tierras o la explotación ilegal de recursos por parte de empresas privadas o gobiernos, prácticas cada vez más extendidas.

La Corte Penal Internacional podrá juzgar el delito ambiental como crimen contra la humanidad

La Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado nuevos criterios a la hora de juzgar delitos de su competencia. A partir de ahora, dicho organismo será competente en casos de posible acaparamiento de tierras o de explotación ilegal de recursos por parte de empresas privadas y gobiernos.

"El impacto de los crímenes puede evaluarse a la luz de, entre otras cosas, el aumento de la vulnerabilidad de las víctimas, el terror causado en consecuencia, o el daño social, económico o medioambiental causado a las comunidades afectadas", ha argumentado la CPI en un comunicado

Además, advierte de que "prestará especial consideración a la persecución de los crímenes comprometidos a través del Estatuto de Roma o que tengan como resultado la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de los recursos naturales o el despojo ilegal de las tierras".

Esta medida, muy aplaudida por asociaciones ecologistas y defensoras de los derechos humanos, supone como principal novedad que delitos contra la naturaleza que afecten de manera directa sobre comunidades y poblaciones puedan ser considerados también como crímenes contra la humanidad.

Intereses empresariales

El comunicado de la Corte supone, por tanto, una sustancial ampliación en sus potestades y competencias en un ámbito donde se multiplican los casos. Así, casi 40 millones de hectáreas han sido arrendadas a empresas o están en proceso de negociación desde el año 2000, según desvela la organización Land Matrix Project.

Contradictoriamente, no existen organismos jurídicos internacionales que juzguen a las empresas denunciar por posible violación de derechos humanos o del medio ambiente. Las escasas propuestas que hasta la fecha han surgido, como la tratada por la ONU a instancias de Sudáfrica y Ecuador, fue boicoteada por países que mantienen intereses e inversiones que se verían amenazadas si se reforzase la persecución de ese tipo de infracciones.

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