Motor y viajes

Un año después, Volkswagen niega en Europa lo que ofrece en EEUU

La Comisión Europea denuncia la vulneración de la normativa por parte de la compañía, pero no inicia actuaciones para que pague por el engaño; mientras, la empresa se niega a compensar a los afectados.

Por Ángeles Castellano

Ha tenido que pasar un año desde que estallase el escándalo de las emisiones de Volkswagen -la empresa reconoció que sus coches diésel emiten gases nocivos muy por encima de lo permitido gracias a un software que permite superar los controles técnicos legales- para que la Comisión Europea haya admitido públicamente que la empresa ha infringido la normativa europea -oh, sorpresa-. Cabe preguntarse si ahora la máxima autoridad ejecutiva de la UE esperará otro año más para decidirse a iniciar un procedimiento que desemboque en un castigo para la compañía y que le obligue a resarcir a los afectados por el daño causado, algo que la empresa trata de evitar.

Volkswagen manipuló durante años los vehículos diésel con motores TDI 1.2, 1.6 y 2.0 EA 189 de sus marcas Volkswagen, Seat, Skoda y Audi con un software que les permitía pasar los exámenes de emisiones previos a la puesta en circulación de los nuevos modelos.

El fraude de las emisiones de Volkswagen afecta en todo el mundo a 11 millones de vehículos. De ellos, alrededor de 8,5 millones están en Europa -cerca de 700.000 en España-. Precisamente por este motivo -el número de coches afectados-, la compañía no ha querido ofrecer otra solución que la reparación, obviando que el incumplimiento de la legislación y el engaño masivo a los consumidores deben acarrear una compensación.

La propia Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, ha advirtió, el pasado 8 de septiembre, en una reunión con representantes de una treintena de organizaciones de consumidores europeas (entre ellas, FACUA-Consumidores en Acción): "La situación es diferente que en EE UU por el número de coches afectados y porque la legislación es diferente". Con esto, Jourová pretendía justificar la falta de contundencia de las autoridades europeas frente al engaño a los consumidores, pese a que en esa misma reunión, la directora general de Consumidores de la Comisión Europea, Despina Spanou indicó que Volkswagen ha vulnerado dos directivas: la de Prácticas Comerciales Desleales (Directiva 2005/29/CE) y la de Ventas y Garantías (Directiva 1999/44/CE). ¿Qué consecuencias ha tenido este incumplimiento de la ley? De momento, ninguna.

Reunión celebrada el pasado 8 de septiembre en Bruselas entre la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género y las organizaciones europeas de consumidores. | Imagen: FACUA.
Reunión celebrada el pasado 8 de septiembre en Bruselas entre la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género y las organizaciones europeas de consumidores. | Imagen: FACUA.

 

En ese mismo encuentro, una por una, las 30 organizaciones de consumidores presentes expusieron las dificultades que están encontrando para defender los intereses de los conductores afectados. La mayoría coincide: Volkswagen está ocultando información deliberadamente; es imposible disponer de datos técnicos independientes sobre los efectos del software ilegal instalado en los vehículos y las autoridades nacionales no actúan y obligan a llevar a la empresa a los tribunales.

La necesidad de judicializar el asunto -pese a que tanto autoridades como la propia empresa han admitido el engaño- conlleva no pocas dificultades en todos los países: no sólo es un proceso lento y caro, hay otras complicaciones derivadas de los propios sistemas judiciales nacionales para la representación masiva de afectados y además es extremadamente complejo demostrar y cuantificar el daño causado. En cualquier caso, en todos los países se persigue el mismo objetivo: una compensación a los afectados.

Cinco mil euros de indemnización para los afectados estadounidenses

En EE UU, donde hay 482.000 afectados, la empresa enfrenta una demanda civil y otra penal, que le ha obligado a negociar con la Fiscalía un acuerdo para compensar a los afectados y pagar una multa millonaria. El juez encargado del caso civil ha aceptado el acuerdo firmado entre las autoridades estadounidenses y la compañía. Este acuerdo contempla dos posibilidades para los afectados: la recompra de su vehículo o la reparación para que cumplan con la normativa medioambiental de EE UU. En ambos casos, además, recibirán una indemnización económica que oscila según el valor del vehículo en cuestión, dado que la cantidad se calcula sumando el 20% del valor total del coche más 2.986,73 dólares (2.734,72 euros). De esta manera, el mínimo que recibirán los conductores será 5.100 dólares y el máximo que pueden llegar a percibir son 9.852 dólares (9.021 euros). Dado que depende del valor del coche, cuanto más actual sea el modelo y más reciente la compra, mayor la indemnización que recibirá su dueño.

Además de los procesos civil y penal, en paralelo, los estados de Nueva York, Maryland y Massachusetts han demandado también a Volkswagen, dado que consideran que el acuerdo alcanzado con la Fiscalía no cubre la responsabilidad civil del caso.

Mientras tanto, en la Unión Europea ningún Gobierno ha tomado medidas similares. Tampoco la Comisión lo ha hecho. De momento, la empresa a lo único que se compromete es a reparar los coches, para lo cual ha hecho unas propuestas técnicas que han sido aprobadas por la KBA (la autoridad federal de transporte a motor de Alemania). Hasta la fecha, ni se ha explicado cómo funciona el software que permite reducir las emisiones para pasar los controles ni tampoco cómo lo hace la solución propuesta, que previsiblemente afectará a cuestiones como el consumo de combustible o la potencia del motor.

Tampoco lo ha hecho la Comisión. Pese a la petición de FACUA y otras organizaciones de consumidores en la reunión del pasado 8 de septiembre, la directora general de Consumidores se negó a que la Comisión pida públicamente a la compañía que indemnice a los propietarios de vehículos afectados y a exigir a los Estados miembro que lleven a los tribunales a la multinacional alemana. Lo más lejos que ha llegado la Comisión ha sido la petición de Vera Jourová, responsable de la cartera de Justicia, Consumidores e Igualdad, de que dé "pasos" hacia compensaciones económicas para los consumidores afectados y que "abra la posibilidad" a recomprarlos en determinadas circunstancias.

Elżbieta Bieńkowska, comisaria de Comercio, afirmó unos días después, ante la comisión del Parlamento Europeo que investiga la actuación de las autoridades europeas en el caso, que los Estados miembro deben imponer sanciones a la compañía y que si no lo hacen serán expedientados.

Volkswagen pretende cerrar el caso sin indemnizar a los consumidores por el engaño y a la sociedad por el daño infringido al Medio Ambiente y a la salud pública, algo que podría suponer un fuerte golpe a las finanzas de la compañía. Hasta ahora, sus presiones han surtido efecto: ningún Gobierno, ni nacional ni el comunitario, trabaja para que lo haga. Si finalmente permiten que esto ocurra, las autoridades nacionales y la Comisión trasladarán la impresión de que las leyes no son más que papel mojado, y que da lo mismo incumplirlas cuando se trata de multinacionales.

Cabe la sospecha cuando se analizan las cifras: Volkswagen es líder mundial de ventas de automóviles, además de la quinta empresa cotizada en bolsa por volumen de ventas (de acuerdo a la clasificación de la revista Forbes). La industria automovilística, con Volkswagen a la cabeza es, además, el sector industrial más importante en Alemania, con alrededor del 2,7% de su PIB y responsable del 70% de las exportaciones. Si Volkswagen sufre, la economía alemana sufre. Y esto parece importar más que el cumplimiento de las leyes.

Inicio de expediente en Andalucía, Galicia y Castilla La Mancha

En España, la actuación del Gobierno en relación a este fraude ha sido bochornosa, dirigida desde el Ministerio de Industria cuyo titular -hasta su dimisión el pasado mes de abril-, José Manuel Soria, se limitó a seguir instrucciones de la compañía, tal y como quedó reflejado en la filtración de su correspondencia con el vicepresidente de la multinacional.

Recientemente, el Ministerio ha decidido abrir expediente sancionador contra Seat (única marca que homologa sus motores en España). Sin embargo, es previsible que se suspenda el procedimiento hasta que concluya el juicio que se sigue por este fraude en la Audiencia Nacional). La apertura de expediente era necesaria para evitar que prescribieran las posibles infracciones, pero aún habrá que esperar para comprobar si prospera.

Ni la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), máxima autoridad de protección a los consumidores española, ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han iniciado actuaciones en relación a este fraude. En el caso de la CNMC, la Dirección de Competencia de este organismo ni siquiera ha reaccionado aún a la resolución de su propia Sala de Competencia del Consejo, que instó, tras la denuncia y posterior recurso de FACUA, a iniciar una investigación que determine si se dan las circunstancias para incoar expediente sancionador.

Reunión celebrada el pasado 8 de septiembre en Bruselas entre la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género y las organizaciones europeas de consumidores. | Imagen: FACUA.
Reunión celebrada el pasado 8 de septiembre en Bruselas entre la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género y las organizaciones europeas de consumidores. | Imagen: FACUA.

 

El apoyo del Gobierno a Volkswagen también se ha traducido en el envío de una carta a los conductores afectados, por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), en la que se enmascara lo sucedido y se les anima a acudir a la reparación que pretende hacer la compañía, respaldando la solución propuesta por la empresa. Volkswagen ha indicado que para que los coches con motores 1.2 y 2.0 litros cumplan con la legislación actual de emisiones de NOx sólo hay que reprogramar el software del vehículo. Sin embargo, es prácticamente imposible que los consumidores comprueben, por sus propios medios, si dicha revisión afecta a las prestaciones del vehículo, o si las medidas adoptadas son realmente efectivas en la emisión de gases nocivos y tampoco ha trascendido si el Gobierno ha hecho las comprobaciones técnicas necesarias para comprobar que, tras haber mentido deliberadamente durante años, esta vez la empresa sí dice la verdad. Por último, Volkswagen no ofrece a los conductores que pasen la revisión una extensión de la garantía de sus vehículos, algo que reclama FACUA.

Mientras tanto, sólo tres de los 17 gobiernos autonómicos han abierto expediente: Andalucía, Castilla La Mancha (que lo ha paralizado hasta que la Audiencia Nacional resuelva el proceso penal abierto) y Galicia. Esta última estudia imponer una sanción del doble del valor de cada vehículo afectado, aunque podría reducirse si Volkswagen acepta compensar a los afectados. El Instituto Galego de Consumo tiene registradas en torno a 200 reclamaciones. FACUA está tramitando más de tres mil reclamaciones por la vía administrativa, es decir, ante las diferentes autoridades de Consumo de las comunidades autónomas.

Proceso penal en la Audiencia Nacional

Ante la falta de determinación de las autoridades los consumidores se han visto obligados a acudir a los tribunales. FACUA se personó en el proceso penal abierto contra la compañía en la Audiencia Nacional el pasado mes de julio, en representación de más de seis mil afectados.

El procedimiento se encuentra aún en fase de instrucción, por lo que no es previsible que se resuelva en un plazo breve de tiempo. De momento, el equipo jurídico de FACUA reclama que la empresa ofrezca a los consumidores españoles al menos el mismo trato que a los estadounidenses.

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