Ahora deberá ser ratificado por los Estados

La UE firma el CETA con Canadá pese a la oposición de gran parte de la ciudadanía

FACUA muestra su rechazo al tratado de libre comercio que la UE ha negociado con Canadá por restar soberanía y rebajar los estándares de calidad, entre otras cuestiones.

La UE firma el CETA con Canadá pese a la oposición de gran parte de la ciudadanía
Multitudinaria manifestación en Madrid del pasado 15 de octubre contra el CETA y TTIP. | Imagen: FACUA.

Pese a la oposición de la ciudadanía y al veto previo del Parlamento regional de Valonia (Bélgica), finalmente este domingo se ha firmado el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés, en una cumbre bilateral que ha tenido lugar este domingo.

En la firma han representado a la UE el presidente del Consejo, Donald Tusk, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker y el presidente de turno Robert Fico (primer ministro de Eslovaquia), mientras que Justin Trudeau, primer ministro canadiense, ha firmado en nombre de su país.

La firma ha sido posible después de que el pasado viernes el Parlamento de Valonia la autorizase, después de que se le haya permitido la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la UE para valorar la compatibilidad del sistema de arbitraje recogido en el CETA con la legislación europea y el derecho a evaluar regularmente el impacto socioeconómico y medioambiental de la aplicación provisional del CETA.

Tras la firma del acuerdo, ahora tendrá que ser ratificado por el Europarlamento (algo que se espera que ocurra en diciembre) y los parlamentos nacionales, un proceso que podría alargarse durante años. Sin embargo, mientras se ratifica, el acuerdo se podría aplicar de manera parcial (la parte de competencia comercial exclusiva de la UE) provisionalmente.

Negociado en secreto

FACUA-Consumidores en Acción muestra su más profundo rechazo al CETA, un tratado de libre comercio que la Unión Europea ha negociado en secreto con Canadá entre 2009 y 2014, que con la excusa de eliminar aranceles esconde una rebaja en los estándares de calidad y la merma en la soberanía popular, que reside en los gobiernos locales, autonómicos y nacionales.

El CETA pretende una rebaja sin precedentes en los estándares para los productos comercializados, además de una disminución de la capacidad de los órganos legislativos de los países (locales, regionales y nacionales) para proteger los intereses de la ciudadanía.

FACUA insiste en que el acuerdo no busca beneficiar a la población, sino que tiene como objetivo impulsar la actividad de las grandes multinacionales a través de una menor regulación y con más poder para incluso demandar a los Gobiernos que tomen medidas que ellas consideren que dificulta su beneficio económico.

La asociación considera escandaloso que la Comisión Europea y el Gobierno de Canadá valoren que las garantías y protección de los derechos de los usuarios y el medio ambiente son trabas al comercio y no elementos esenciales para asegurar el bienestar de la ciudadanía.

Lo que buscan los nuevos tratados de libre comercio es fundamentalmente armonizar legislaciones entre los bloques que los negocian, dado que los aranceles actualmente ya son lo suficientemente bajos como para permitir el libre comercio de mercancías. El principal problema está en que los estándares de calidad de los productos son mucho más altos en la UE que en Canadá o EE UU, por lo que una estandarización a la baja supondría la pérdida de calidad de muchos de los productos a los que acceden los ciudadanos, valora FACUA.

Así, si el CETA sale adelante, se permitirá limpiar el pollo o la ternera en cloro antes de ponerlos a la venta, con el consiguiente riesgo para la salud. También se permitiría el uso de hormonas de crecimiento en animales para consumo humano (cerdo, ternera, etc) que actualmente están prohibidas en la UE. Además, se abriría la veda en el uso de Organismos Genéticamente Modificados, los llamados transgénicos, en los productos agrícolas que provocan una alteración de todo el ecosistema en el que interactúan.

Otro ejemplo de lo que puede cambiar con el CETA es la limitación que se impondría a los gobiernos para introducir criterios sociales, medioambientales, de género, etc en las licitaciones de prestaciones de servicios públicos. Estas licitaciones pasarían a regirse por criterios únicamente economicistas, que no contemplen otros aspectos a tener en cuenta como los mencionados anteriormente. No se podría fomentar tampoco el desarrollo local favoreciendo a pequeñas empresas o cooperativas locales tampoco, dado que estas tendrían que competir directamente con las multinacionales que por su volumen pueden ofrecer precios más bajos.

Además, igual que ocurre en el TTIP, el CETA contempla también la creación de un tribunal de arbitraje ajeno a los sistemas judiciales estatales, para resolver disputas entre las empresas y los Estados. Esto significa que las grandes empresas tendrán derecho a denunciar a los Estados que aprueben legislaciones que perjudiquen a sus intereses y estos se enfrentarían a pagar multas millonarias por leyes aprobadas o cualquier proyecto de ley que esté tramitando y no retire. Estos tribunales permitirían a las empresas evitar los tribunales ordinarios de cada país.

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