Perjudicarían en numerosos aspectos la vida diaria de la ciudadanía

FACUA expone en la Asamblea de Extremadura su rechazo al TTIP y CETA

El delegado territorial de la asociación, José Manuel Núñez, traslada al órgano autonómico la valoración de la asociación sobre los tratados de libre comercio que negocia la UE con EE UU y Canadá.

FACUA expone en la Asamblea de Extremadura su rechazo al TTIP y CETA
José Manuel Núñez, delegado de FACUA en Extremadura, durante su comparecencia en la Asamblea. | Imagen: flickr.com/asambleaextremadura.

FACUA-Consumidores en Acción, a través de su delegado territorial en Extremadura José Manuel Núñez, ha comparecido este viernes en la Asamblea de dicha Comunidad para exponer su rechazo a los tratados de libre comercio en los que trabaja la Unión Europea con EE UU (TTIP) y Canadá (CETA).

La exposición de Núñez ha tenido lugar en la Comisión no permanente de estudio sobre los efectos del TTIP entre la UE y EE UU en Extremadura, en la que también han comparecido, de manera voluntaria, la Asociación Española de Denominaciones de Origen y la Confederación Regional Empresarial Extremeña.

FACUA considera que tanto el TTIP como el CETA implican una mayor cesión de soberanía en beneficio exclusivo de los mercados. Estos tratados comerciales darán un poder casi ilimitado a las grandes empresas y reducirán la capacidad de la toma de decisiones de los representantes de la ciudadanía, por lo que tendrán un fuerte impacto en Extremadura, así como en el resto de comunidades autónomas de España.

Es destacable que ya son siete los municipios extremeños que han aprobado mociones en sus plenos municipales en contra del TTIP: Badajoz, Carcaboso, Guareña, Mérida, Serradilla, Talaveruela de la Vera y Vivares.

Núñez ha recodado en su exposición que "para contrarrestar la creciente oposición de la población a un tratado que a todas luces perjudica a la ciudadanía, algunos líderes políticos y empresariales defienden que creará empleo (aunque no explican de dónde salen las cifras de nuevos empleos que manejan, ni qué condiciones de trabajo y / o derechos asistirán a los trabajadores) y que se trata de facilitar el comercio". La realidad es que los aranceles comerciales entre los países de la UE y EE UU ya son especialmente bajos (un 2% de media) y la mitad de los productos que se intercambian entre ambos bloques no soportan ninguna tasa. "Lo que el TTIP pone en peligro son los pilares del Estado del Bienestar: la protección de la ciudadanía y la garantía de funcionamiento de los servicios básicos, que suponen una 'traba' a los beneficios sin límite de las empresas multinacionales", ha añadido el delegado territorial de FACUA.

Según los documentos filtrados de la negociación del TTIP, que es secreta, EE UU trabaja para que desaparezca el origen del producto en el etiquetado en los productos alimenticios. Esto es, que en l compra de una bandeja de carne picada de ternera y cerdo, por ejemplo, no se sepa de dónde viene la ternera, de dónde la carne de cerdo, dónde se procesó y dónde fue envasada antes de entrar en la cadena de comercialización.

También pretende EE UU acabar con las denominaciones de origen, un distintivo netamente europeo que dice que determinados productos sólo pueden llamarse de una manera si se producen en una región determinada y con un proceso de producción determinado. Eso hace especial a numerosos productos alimenticios, como el vino, quesos artesanos o el jamón de pata negra. Si este planteamiento sale adelante, se podría comercializar vino de Jerez hecho en Massachusetts, queso Torta del Casar hecho en California o jamón de la Dehesa de Extremadura curado en Kansas.

Con la excusa de liberalizar el comercio entre ambos bloques, este tratado pretende “eliminar trabas” al comercio, esto es, acabar con la legislación y protección de los derechos de los consumidores, medioambientales e incluso sociales.

Pérdida de soberanía

Una de las cuestiones fundamentales del TTIP es que pretende desplazar la toma de decisiones, de manera que no sean los representantes democráticos de la ciudadanía quienes decidan sobre la legislación sino que ésta esté influida y participada por las grandes empresas. EE UU pretende que la normativa que pueda afectar al comercio y a la prestación de servicios sea consultada por las grandes empresas y patronales, hasta el punto de que en asuntos como la agricultura o la industria química no se pueda tomar una decisión sin consultar antes con la industria.

Además de esto, ha trascendido que el TTIP será vinculante en todos los niveles de la Administración, esto es, limitará a los Gobiernos locales, autonómicos y nacionales que decidan de manera soberana tomar medidas en virtud de la protección de la ciudadanía. Esto quiere decir que impedirá que los ayuntamientos, por ejemplo, mantengan una gestión pública de servicios básicos como la recogida de basura o el suministro de agua potable.

Y enlazado con esto, la cláusula de irrevocabilidad: los servicios que sean privatizados no podrán ser devueltos a la gestión pública. Esta cláusula, actualmente vigente en otros tratados de comercio internacional, implica que los Estados no pueden reintroducir un obstáculo a la privatización si la ha eliminado con anterioridad.

Oposición al CETA

FACUA también ha mostrado ante la Asamblea su rechazo al CETA, el Acuerdo Económico y Comercial Global y de Asociación Estratégica entre Canadá y la UE, por sustentarse sobre las mismas bases que el TTIP: negociación secreta, pérdida de soberanía y legislación a la baja, lo que supondrá una pérdida de derechos de la ciudadanía.

La asociación considera incomprensible que el Gobierno español diese una valoración positiva para su reciente firma, pese a estar en funciones cuando ocurrió, la falta de información de la ciudadanía y el rechazo de una buena parte de la sociedad europea, como fueron las manifestaciones que se realizaron en numerosas ciudades, también en Extremadura, entre los días 8 y 15 de octubre.

En este sentido, Núñez ha recordado que la Asamblea de Extremadura aprobó una Proposición No de Ley en la que instó al Gobierno español a no autorizar la firma del CETA, a solicitar dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del acuerdo con los Tratados Europeos y a rechazar cualquier aplicación provisional del mismo.

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