Las autoridades belgas concluyen que Swift ha violado la ley sobre protección de datos personales

Al haber entregado a Estados Unidos datos de caracter personal de usuarios de entidades banarias en el marco de la lucha antiterrorista.

La Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial, Swift, una compañía radicada en Bélgica, ha violado varias disposiciones de la ley belga sobre protección de la vida privada, al haber entregado a Estados Unidos datos de caracter personal en el marco de la lucha antiterrorista, según la conclusión a la que ha llegado la comisión sobre la protección de la vida privada y que le ha sido remitida al Gobierno belga.

Swift reconoció el pasado junio haber transmitido un número limitado de datos a las autoridades norteamericanas, después de que la información fuera desvelada por la prensa norteamericana.

Tras los atentados del 11-S, el Departamento del Tesoro norteamericano puso en marcha un programa secreto de espionaje de las transacciones internacionales a través de la filial norteamericana de Swift, una sociedad cooperativa de derecho belga que hace de intermediario en la mayoría de las transacciones financieras mundiales. Según Estados Unidos, los datos que se trasfieren son sólo los sospechosos de estar ligados a la financiación del terrorismo.

"Seguramente Swift se encontró con un conflicto entre el derecho europeo y el norteamericano pero, además de haber pactado mecanismos de protección antes de responder a las peticiones norteamericanas, tendría que haber previsto garantías adicionales sobre la base del derecho europeo, que es más estricto", explicó hoy el primer ministro belga, Guy Verhofstadt, que pidió una acción concertada de la UE sobre este asunto.

"Tendría que haberse puesto en contacto con las autoridades belgas y europeas antes actuar", añadió.

Además, la comisión constata que Swift se limitó a respetar el derecho norteamericano y la búsqueda de una solución por la vía de la negociación secreta con el Tesoro norteamericano.

Al hacerlo, "cometió un grave error de evaluación al someter gran cantidad de datos personales a una vigilancia sin justificación suficiente y clara y sin control independiente conforme a la ley belga y europea", opina la comisión, que entiende que la empresa debería de haber sido consciente, desde un principio, de que, además de la aplicación del derecho norteamericano, tienen que respetarse también los principios fundamentales del derecho europeo.

"Swift, por tanto, ha violado varias disposiciones de la ley belga sobre protección de la vida privada y la Directiva europea que exige un control independiente sobre la transferencia de datos", concluye.

Por otro lado, Verhofstadt y el ministro de Finanzas, Didier Reynders, han reiterado que el Banco Nacional de Bélgica (BNB), informado de la operación por Swift desde 2002, está sometido al secreto profesional y no puede dar datos pertenecientes a la esfera privada.

Verhofstadt anunció que el Gobierno federal se pondrá en contacto con sus socios europeos, para iniciar una negociación con Estados Unidos que permita resolver los reiterados conflictos entre los dos sistemas jurídicos y poder así "conciliar la lucha contra la financiación del terrorismo con el obligado respeto a la protección de la vida privada de los ciudadanos".

El primer ministro belga insistió también en el hecho de que la comisión no ha cuestionado la necesidad de controlar los flujos de capitales en el marco de la lucha contra el terrorismo, sino que se ha pronunciado sobre las garantías que deben acompañar a las transferencias de datos.

Violación de la legislación comunitaria

Mientras, el portavoz comunitario de Justicia, Libertad y Seguridad, Friso Roscam, adelantó que la Comisión Europea estudiará "atentamente" la información que le proporcionen las autoridades belgas para saber si se ha violado o no la ley europea, en concreto la directiva sobre protección de datos de 1999.

En todo caso, subrayó que el Ejecutivo comunitario no tiene competencias para imponer una multa ni a Bélgica ni a la compañía en cuestión, sino que su misión es asegurarse de que todos los Estados miembros trasponen y aplican adecuadamente la normativa comunitaria. Tampoco quiso adelantar cuál será la posición de la Comisión hasta no disponer de toda la información necesaria.

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