Comparecencia ante la Comisión de Hacienda

FACUA Andalucía ve ridículo el presupuesto andaluz para luchar contra los fraudes y abusos en 2017

Ante la caída del 3,3% de la partida destinada a la protección de los consumidores, la federación considera que seguirán aumentando los abusos de las empresas y la desprotección de los usuarios.

FACUA Andalucía ve ridículo el presupuesto andaluz para luchar contra los fraudes y abusos en 2017
La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz y Teresa Sánchez, del departamento financiero, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz. | Imagen: parlamentodeandalucia.es.

FACUA Andalucía considera absolutamente ridículas las partidas del presupuesto que la Junta pretende aprobar para la lucha contra los fraudes y la protección de los consumidores para 2017. Ante una caída del 3,3% de la partida destinada a este fin, la federación valora que seguirán aumentando los desequilibrios y abusos de las empresas.

Olga Ruiz Legido, presidenta de FACUA Andalucía, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía para presentar las valoraciones de la federación como parte del proceso de aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017. La comparecencia completa está disponible en este enlace (Comparecencia).

"Si ya era precario el presupuesto en estos años, el de 2017, con la reducción del 3,3%, no permitirá mejorar la protección de los consumidores", ha indicado Ruiz. "No destina más recursos ni tan siquiera a mejorar la acción administrativa, ni tampoco para reforzar el papel de las organizaciones de consumidores". Además, "son unos pobres presupuestos para unos pobres objetivos en materia de protección al consumidor, que no reflejan ni tan siquiera la voluntad política de avanzar, de dar, aunque sea pequeño, un paso cualitativo en la protección de las personas consumidoras en Andalucía".

El programa específico de consumo presenta una dotación presupuestaria para 2017 de 14.714.423 euros, esto es, un 3,3% menos que en 2016. No recupera, por tanto, los niveles anteriores a la crisis, dado que no iguala ni siquiera la partida presupuestaria de 2009.

"Andalucía se encuentra en estos momentos sin auténticas políticas públicas de protección a los consumidores. Carece de modelo, carece de planificación y operativa y sobre todo carece de recursos para abordar una tarea que cada vez es más ardua y compleja y que está contribuyendo a que la brecha de la desigualdad sea cada vez mayor", ha añadido la presidenta de FACUA Andalucía en su comparecencia.

A juicio de la federación, la caída del presupuesto hará que se profundice en la tendencia que se viene produciendo en los últimos años: incremento de los fraudes, incrementos del desequilibrio entre el poder económico y los consumidores y la generación de más pobreza y exclusión. "Los fraudes y abusos sacuden con fuerza a los más débiles y vulnerables y son ellos quienes están más desprotegidos", ha recordado Ruiz.

"La desprotección de los consumidores se ha convertido en un factor clave de nuestro sistema económico como instrumento al servicio del beneficio o la propia continuidad de las empresas, y como factor resultante del retroceso de administraciones y gobiernos. No es casual, por tanto, la judicialización cada vez mayor de los conflictos de consumo", ha valorado Ruiz.

Propuestas: aumento del presupuesto y refuerzo del control del mercado

Frente a la raquítica partida presupuestaria prevista por la Junta para 2017 y ante la falta, por tanto, de acción real en la protección de los consumidores, FACUA Andalucía ha detallado en su comparecencia una serie de propuestas para paliar la situación actual, que pasan, obviamente, por un aumento de la partida destinada a este fin, pero también, por el refuerzo del control que se ejerce sobre el mercado, con un mayor número de inspecciones y de tramitaciones de expedientes sancionadores a la empresas incumplidoras.

La federación considera que se debe mejorar, revisar y actualizar el procedimiento y régimen sancionador y sus cuantías, de tal manera que se garantice que las sanciones impuestas cumplan su función disuasoria frente a las conductas que atentan contra los derechos de los consumidores. Las sanciones, además, deben de cobrarse (dado que en muchos casos no ocurre en la actualidad) y contribuir a reforzar las políticas de protección de los consumidores.

Asimismo, es prioritario que se garanticen los suministros básicos, como el agua o el suministro eléctrico, especialmente en el caso de las familias más vulnerables, desde el reconocimiento de derechos y no desde el asistencialismo.

También es fundamental impulsar y revitalizar los órganos de participación social, con dotación de recursos suficientes para permitir un seguimiento y control real de la ejecución de las políticas públicas y un mayor reconocimiento al movimiento consumerista, que contribuya en mayor medida a poner freno a los abusos.

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