Debían haberlo hecho antes de marzo de 2016

Bruselas da dos meses a España para que aplique correctamente las normas europeas sobre hipotecas

De no hacerlo, la Comisión amenaza al Gobierno con llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Bruselas da dos meses a España para que aplique correctamente las normas europeas sobre hipotecas

La Comisión Europea ha dado a España y a otros ocho países de la Unión Europea un ultimátum para que apliquen correctamente en el plazo de dos meses la directiva comunitaria sobre hipotecas, puesto que considera que no han integrado "plenamente" estas normas a sus legislaciones nacionales.

El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, en el que se advierte de que si el Gobierno español no responde satisfactoriamente a las medidas exigidas en el plazo de dos meses, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

La directiva sobre crédito hipotecario fue adoptada en febrero de 2014 y su objetivo es mejorar la protección de los consumidores mediante la introducción de "prácticas responsables de préstamo", ha explicado el Ejecutivo comunitario. Los Estados miembro disponían hasta el 21 de marzo de 2016 para trasponerla a sus marcos legislativos. Dado que no se respetó ese plazo, se enviaron cartas de emplazamiento en mayo de 2016.

Además de a España, la Comisión Europea ha enviado este dictamen motivado a Croacia, Chipre, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y Suecia.

En opinión del Ejecutivo comunitario, la directiva es "esencial" para mejorar las reglas hipotecarias. También defiende que impulsará la confianza en el mercado hipotecario e incrementará la libertad de elección de los consumidores.

Asimismo, Bruselas subraya que los consumidores se beneficiarán de información "más clara y comprensible" gracias a un documento estandarizado de información, que permite un mejor entendimiento de los riesgos asociados a cada contrato hipotecario, así como comparar las ofertas en busca de un mejor precio.

La directiva, por otro lado, establece principios para la autorización y registro de intermediarios de crédito.

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