Tras la aprobación de su eliminación por la Asamblea en 2019

FACUA exige transparencia a la Junta de Extremadura sobre la gestión del canon del agua

Ni el Ejecutivo actual ni el anterior que puso en marcha la tasa han indicado a qué se ha destinado lo recaudado hasta ahora por un impuesto que debe ser finalista ni las razones que justifiquen su aplicación.

FACUA exige transparencia a la Junta de Extremadura sobre la gestión del canon del agua

FACUA-Consumidores en Acción exige transparencia a la Junta de Extremadura sobre la gestión del canon del agua, después de que la Asamblea haya aprobado su reducción al 50% en 2018 y su eliminación total en 2019.

La asociación recuerda que el canon del agua, una tasa autonómica que se aplica en el recibo del agua a todos los domicilios de la comunidad autónoma, tiene un carácter finalista, esto es, debe estar relacionado con un objetivo concreto, que puede ser la mejora de las infraestructuras, mantenimiento de las mismas, etc. Desde su aprobación por el entonces Gobierno del PP en 2012 hasta hoy, que ocupa la Junta el PSOE, no se ha justificado para qué se estableció el canon, qué mejoras se han hecho en el sistema, si hay obras que aún están en ejecución y cuál es el criterio seguido para que la tasa se establezca en unas cuantías determinadas y no en otras.

En este sentido y recogiendo estas reivindicaciones, que la asociación viene haciendo desde la aprobación del canon en 2012, FACUA presentó las debidas alegaciones a instancias de su Delegación en Extremadura al Anteproyecto de Ley de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas el pasado mes de marzo, e intervino en la Asamblea para exponer las mismas, en octubre de 2016, antes de que la Asamblea tomase la decisión de aprobar la mencionada ley este jueves 1 de diciembre, con los votos del PP y del PSOE. La ley recoge la rebaja del 50% del canon en 2018 y su eliminación total en 2019.

Extremadura comenzó a gravar el agua de uso urbano en agosto de 2012, tras la aprobación de la Ley 2/2012, de 28 de junio de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la comunidad autónoma de Extremadura.

Desde entonces, la asociación critica que el canon, que tiene una figura finalista, es decir que sólo se puede establecer para la realización de unas obras concretas, sea objeto de continuas rebajas sin explicar si se está cumpliendo o no con su objetivo.

Así, en octubre de 2013, el Gobierno extremeño disminuyó el importe del citado canon sin argumentar los motivos de tal decisión, y sin dejar claro si éstos obedecían a la conclusión avanzada de las supuestas obras o a una posible disminución de sus costes.

En este sentido, la asociación se ha dirigido en numerosas ocasiones a instancias de su Delegación en Extremadura al Ejecutivo autonómico para solicitar información sobre las obras hidráulicas que se han realizado con el importe recaudado mediante el canon, sin recibir respuesta en ninguna ocasión.

Necesidad de un reglamento marco para el suministro domiciliario

Asimismo, FACUA recuerda que lleva años demandando la elaboración de un reglamento domiciliario de agua en Extremadura que recoja elementos tales como los derechos y deberes de los suministrados, las responsabilidades de las empresas de agua o las inspecciones de la administración, entre otros.

Si bien el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, FACUA demanda una norma marco que regule aspectos básicos del servicio que contemple, entre otras cuestiones, una estructura de tarifas progresiva y vinculada al número de residentes de los hogares de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa. La asociación considera que este elemento está directamente vinculado con el ahorro y el despilfarro del agua y que sistema tarifario que lo contemple es más equitativo para la ciudadanía.

De esta manera, los hogares con mayor número de habitantes y por lo tanto mayor consumo, podrán demostrar que no derrochan agua y no se verán penalizados por ello. Un precio unitario, sin considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está realmente ahorrando en el consumo, valora FACUA.

Dicha regulación debe ser además garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios. En este sentido, FACUA recuerda que la ONU ha reconocido el agua como un derecho humano y establece un cálculo (informe 35 sobre Derecho al Agua) que puede servir de referencia para establecer el mínimo vital. Así, la asociación recomienda que éste quede en cien litros por persona al día.

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