El rescate podría alcanzar los cinco mil millones

FACUA critica que el Gobierno nacionalice las pérdidas de quienes no han sabido gestionar las autopistas

La asociación denuncia que el Ejecutivo vuelva a priorizar la salvaguarda de los intereses de bancos y constructoras frente a las necesidades más básicas de la mayoría de los ciudadanos.

FACUA critica que el Gobierno nacionalice las pérdidas de quienes no han sabido gestionar las autopistas
Un coche circula por la R3. | Imagen: Reuters.

FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno dé por hecho la nacionalización de las autopistas en quiebra y vuelva a socializar las pérdidas de las empresas que no han sabido gestionarlas. "Mientras el Ejecutivo evita aprobar medidas que eviten los cortes de luz a las familias más vulnerables sí asume que nacionalizará una deuda multimillonaria para rescatar, una vez más, a bancos y constructoras, que están detrás de la gestión de las autopistas quebradas", ha indicado Olga Ruiz, secretaria general de la asociación.

"Las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas", ha dicho el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien garantizó que el principal objetivo es que las infraestructuras "sigan operativas y los ciudadanos puedan seguir utilizándolas", informa Europa Press. De la Serna asume así que finalmente el Estado se quedará con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación, se alcance o no acuerdo con los bancos acreedores de las vías, que soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros, según aseguró el ministro en una entrevista en Los Desayunos de TVE.

El rescate de las autopistas quebradas es una de las asignaturas pendientes del ministerio de Fomento. Tras parar in extremis en octubre el cierre de la R-3 y la R-5 al comprometerse a encontrar una solución para ellas en junio de 2017, todo apuntaba que el Estado debería hacerse con la gestión del resto de vías quebradas.

La cuantía de lo que puede suponer este rescate varía en función de quien haga la estimación y del momento en que se realice el rescate. La patronal de grandes constructoras Seopan cifró en 5.500 millones la cifra del rescate.

FACUA considera indignante que, una vez más, sean los ciudadanos quienes tengan que asumir las pérdidas de las empresas que no han sabido gestionar sus activos. "El Gobierno vuelve a priorizar la salvaguarda de los intereses económicos privados de grandes empresas frente a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos, atrapados en situaciones de desempleo o trabajos precarios y con créditos hipotecarios abusivos o ante la imposibilidad de pagar servicios básicos como la luz", ha añadido Olga Ruiz.

FACUA muestra su total rechazo a que el Ejecutivo asuma las pérdidas de estas carreteras en quiebra porque los seis bancos más importantes (Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Banco Popular) y las principales constructoras las hicieron sobreestimando su tráfico, que ha caído en más del 50% en los últimos años, así como por sobrecostes derivados de las expropiaciones de los terrenos que atraviesan las vías y debido a obras inesperadas.

Segundo rescate

La asociación recuerda que es la segunda vez que el Estado acude al rescate de las autopistas de peaje. En 1984 se hizo una nacionalización similar para salvar prácticamente a los mismos concesionarios que ahora piden ayuda: bancos y constructoras. Una vez que se sanearon las cuentas y se actualizaron las infraestructuras, en 2003, cuando las autopistas volvían a dar beneficios, se ofrecieron en concesión.

Las opciones del Estado ante la quiebra de las autopistas pasan en cualquier caso por un desembolso económico. Por un lado, se pueden nacionalizar las vías, asumir su gestión y pagar lo que se debe a los acreedores u optar por el cierre de las vías, vender los activos que se puedan, echar el candado a las autopistas y pagar por la responsabilidad de la administración pública. Esta segunda parte ocurre porque el Estado tiene una obligación de reparar o de responder por el daño causado por el funcionamiento de algunas de las administraciones, que es lo que se conoce como la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA) y está incluida en la adjudicación de las vías.

La opción de cerrar las autopistas ha sido descartada por De La Serna, que ha dicho que se va a "garantizar que los usuarios van a utilizar las vías permanentemente y que no va a haber un vacío que impida su gestión".

El ministro asegura que está ya en contacto con los bancos acreedores de las ocho vías con el fin de buscar un acuerdo "que facilite" su rescate algo que reconoce que es "complicado". "Estamos intentando negociar con los bancos para ver si es posible un acuerdo que facilite las cosas, pero es complicado, es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda", detalló De La Serna.

Según ha declarado en distintas ocasiones, el ministro pretende retomar el plan de rescate que el anterior equipo de Fomento planteó en marzo de 2014 y entonces no fructificó. La propuesta pasa por que el Estado, a través del Ministerio, asuma las autopistas, tras aplicar una quita del 50% a su deuda y titulizar el resto del pasivo en un bono a treinta años.

Así, el nuevo titular de Fomento reconoce que su Departamento tendrá que quedarse con las autopistas. De hecho, en el caso de dos de las vías radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, el Ministerio deberá asumirlas antes de julio de 2017, según el acuerdo que alcanzó con el juez que el pasado mes de mayo dictó liquidación "sin efectos suspensivos" de las autopistas.

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