Compras

Consumidores en América Latina: una nueva etapa

Todo indica que durante el 2017 se conjugarán las campañas globales de Consumers International con iniciativas nacionales y regionales impulsadas por las organizaciones y grupos de consumidores de cada país.

Por Juan Trímboli

El 2016 que culmina nos presenta algunas situaciones que los consumidores y sus organizaciones tendremos que tener muy en cuenta para la continuidad futura de nuestro trabajo regional. Entre 2003 y 2013, América Latina y el Caribe alcanzaron cambios significativos en el ámbito político y social. Uno de los hechos relevantes fue lograr que alrededor de 72 millones de personas, en un total de 620 millones, consiguieran salir de la pobreza. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), si a comienzos de los 90 el 43% de los latinoamericanos tenía un ingreso de sólo cuatro dólares, ese porcentaje se redujo a un 24%.

Estos indicadores positivos han ido variando significativamente en los últimos tres años. De acuerdo con datos recientes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre 25 y 30 millones de personas, principalmente jóvenes y mujeres, están recayendo en una situación de pobreza, lo cual en América Latina significa intentar vivir disponiendo solamente de 2,5 a 4 dólares al día.

Al diseñar actividades y propuestas destinadas a incidir en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los consumidores, es ineludible considerar que la pobreza y la desigualdad siguen siendo el mayor factor de atraso en nuestra región, y que ello está repercutiendo en la calidad de nuestras democracias. Cuando más de un tercio de nuestros compatriotas viven en una condición de pobreza, y sólo de un 3 al 5 por ciento de la población dispone de más del 50% del ingreso nacional, el discurso democrático inevitablemente pierde sustancia.

Quien fuera Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, señaló en una reciente conferencia en CEPAL que "la paradoja es que, mientras más se desarrolla la democracia política, se van delineando en el plano económico y social sociedades segmentadas y desiguales en un terreno común en que unos observan el consumo ostentoso de otros y carecen de capacidad de imitarlos".

Contrariamente a lo que algunos piensan, en sociedades esencialmente injustas los riesgos de retroceso democrático siempre están latentes. No es posible construir democracias sólidas sin asegurar bases económicas que potencien los derechos civiles y sociales, entre ellos los de los consumidores.

Reflexionar acerca de esto es importante para un movimiento cuya expansión ocurre precisamente a fines de la década de los 80, cuando en gran parte de la región se restablecía la democracia tras largos años de dictaduras militares. Fue en ese escenario democrático, con movimientos sociales activos y deliberantes, donde los derechos de los consumidores ganaron un mayor espacio y comenzaron a ocupar paulatinamente la agenda pública de nuestros países.

Para una región que sigue requiriendo afirmar la calidad de la democracia, la crisis que afecta a la reputación del mundo empresarial es otro factor de extrema sensibilidad. Las empresas, que junto a los consumidores y el Estado conforman la triada principal de las relaciones de consumo, han continuado en su mayoría adhiriendo al precepto de Milton Friedman, quien señaló que "el negocio de los negocios es hacer negocio".

Pero cuando Friedman acuñó esta frase hace 54 años, el mundo era otro . Hoy la sociedad plantea otras exigencias al mundo empresarial. En nuestra región, al igual que en otra partes del mundo, los innumerables y groseros casos de colusión, algunos descubiertos y otro todavía impugnes; los abusos en el ámbito comercial y financiero; el tráfico de influencias; la compra de voluntades políticas; conforman un abanico de pésimas prácticas cuyos efectos comienzan a tener costos para sus negocios, pero también para la sociedad en su conjunto.

Hoy ya no da lo mismo cómo hacer empresa. Hoy en día el modo en que cada uno se comporta y genera confianza en las relaciones con los otros parece ser muy importante. Distintos ejemplos, tanto a nivel regional como mundial, nos muestran que lo que hace sostenible a toda institución no es la escala ni el tamaño que alcanza, sino sus valores, su transparencia, el cómo se relaciona con sus pares y con la sociedad en su conjunto.

Fuerte presión social

Ante la magnitud de los problemas sociales y éticos existentes, cuya intensidad y forma de manifestarse puede ser diferente en cada uno de nuestros países, lo que ha ido emergiendo es una fuerte presión social que exige, tanto de la empresa privada como del Estado, transparencia y respeto por los derechos de las personas. En un clima de creciente desconfianza con casos reiterados de prácticas abusivas, es también necesario constatar la emergencia de nuevos líderes empresariales, todavía minoritarios, que perciben la necesidad de hacer de la empresa un actor interesado en el bien común, entendiendo que la reputación no mejora con el lobby y las donaciones filantrópicas, sino con un cambio cultural profundo al interior de cada empresa.

Para las organizaciones de consumidores, como parte activa de una sociedad civil que se moviliza, nunca será suficiente con constatar los hechos. Hay que incidir en ellos mediante políticas y propuestas que, junto con la irrenunciable denuncia de los abusos y una vigilancia activa del mercado, tengan una mirada en el mediano y largo plazo buscando superar esa tensión natural entre los problemas que emergen en el día a día y el horizonte del tiempo. Allí donde existe el conflicto, también pueden generarse espacios de diálogo transformador que busquen solucionar problemas ya existentes o prevenir su surgimiento.

Enfrentar los desafíos cotidianos y reflexionar sobre políticas a mediano y largo plazo, no es una tarea sencilla para nuestras organizaciones. El 2016 ha visto coronar con éxito variadas iniciativas, especialmente en el ámbito del etiquetado de alimentos, los impuestos a las bebidas gaseosas, la reglamentación del Marco Civil Brasileño de Internet, los servicios financieros, la seguridad vehicular. Cada logro, por acotado que sea, demanda muchos esfuerzos a organizaciones que disponen de escasos recursos y para las cuales el fortalecimiento institucional, financiero y social se constituye en una exigencia permanente.

La coordinación regional que siempre ha sido una característica del movimiento de consumidores se ha visto afectada por el cambio en el diseño institucional de Consumers International (CI). Si bien los miembros de CI en la región asumen la importancia del trabajo global y de participar de esta importante Federación Mundial, hoy parece necesario complementar esto con iniciativas regionales en aquellas temáticas y situaciones específicas que inciden en la calidad de vida de los consumidores latinoamericanos y caribeños.

Algunas de ellas las mencionamos en este artículo, otras ya pertenecen a la agenda de nuestro movimiento, como es el caso del acceso y la calidad de los servicios públicos, y otras están emergiendo de los cambios sociales, tecnológicos, económicos y culturales a los que asistimos en la región.

Todo indica que durante el 2017 veremos conjugarse las campañas globales de CI con iniciativas nacionales y regionales impulsadas por las organizaciones y grupos de consumidores en cada país, por la Organización de Consumidores de América Latina y el Caribe (Oclac) y nuevas articulaciones como la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable.

Esta época, con sus dificultades y también con las posibilidades que nos abre, nos demanda sumar esfuerzos, coordinarnos generosamente, respetar nuestra diversidad, relacionarnos con otras organizaciones de la sociedad civil y dialogar con otros actores del mercado. Estamos ante una nueva etapa de nuestro movimiento regional. Su consolidación dependerá de múltiples factores que no todos son previsibles.

Pero si enfrentamos la coyuntura teniendo lo más claro posible el rumbo y las metas, si pensamos y actuamos en conjunto, entonces defenderemos con mayor eficacia los derechos del consumidor-ciudadano y contribuiremos a apuntalar la institucionalidad y los valores democráticos en América Latina y el Caribe.

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Juan Trímboli es consultor y director de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable.

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