Sin condicionantes de estabilidad presupuestaria

Compromiso Social de Andalucía apuesta por una Ley de Servicios Sociales que respalde un sistema público

La plataforma incide en que el proyecto de ley debe garantizar los derechos de la ciudadanía y considera fundamental que se incluyan el servicio de ayuda a domicilio y la renta básica.

Compromiso Social de Andalucía apuesta por una Ley de Servicios Sociales que respalde un sistema público

La plataforma Compromiso Social por el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, apuesta por una Ley de Servicios Sociales que respalde un sistema público que garantice los derechos de la ciudadanía sin condicionarlos a la estabilidad presupuestaria.

Las organizaciones sociales andaluzas que la conforman confían en que debate final del proyecto de ley, que llega este miércoles 14 de diciembre al pleno del Parlamento, mejore aspectos del texto como evitar el riesgo de externalización o privatización de servicios, la definición de la dotación financiera, la generación de empleo de calidad o la inclusión de población extranjera exiliada o refugiada residente en Andalucía como titular del derecho a los servicios sociales.

Compromiso Social de Andalucía considera que el sistema de servicios sociales en la comunidad se debe constituir como un sistema de naturaleza, gestión y responsabilidad pública, que dé respuesta a las necesidades sociales. Así debe promover la garantía de igualdad de acceso, de trato, de calidad de las prestaciones y de condiciones laborales de las personas que los prestan; y lo desarrolle de manera sostenida, con financiación estable en el tiempo, donde se integren todos aquellos recursos, acciones y prestaciones necesarias para garantizar los derechos de la ciudadanía.

Cambios necesarios en la ley

Por ello, aunque las organizaciones sociales valoran positivamente que hoy llegue al pleno del Parlamento Andaluz un documento que da relevo a una normativa con tres décadas de existencia, respondiendo así a los cambios sociales en la región y adecuándose a los derechos sociales recogidos en el actual Estatuto de Autonomía; consideran que debe corregir algunas deficiencias observadas durante el proceso de elaboración.

Así, Compromiso Social señala que la ley debe evitar la privatización y externalización de servicios, mejorando los mecanismos de transparencia en la provisión de servicios de la iniciativa privada, y en cualquier caso apostando por la provisión pública directa, tanto de las corporaciones locales como de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, la plataforma considera que el proyecto carece de memoria económica que comprometa la financiación real, lo que dificulta que se garantice el derecho universal de todas las personas a los servicios, centros y prestaciones en condiciones de igualdad. Sobre todo, deja en el aire este derecho cuando diferencia entre prestaciones condicionadas y prestaciones garantizadas. Para Compromiso Social de Andalucía es fundamental que estas últimas no queden bajo el principio de estabilidad presupuestaria que introduce el proyecto de ley, y entre ellas deben figurar el servicio de ayuda a domicilio y la renta básica.

Las organizaciones sociales andaluzas consideran inexcusable incluir como titulares del derecho a los Servicios Sociales a las personas extranjeras que, encontrándose en Andalucía, tengan la condición de exiliados, refugiados o apátridas de acuerdo con lo que se establezca en la legislación vigente y en los Tratados y convenios Internacionales y, en su defecto, con el principio de reciprocidad. Así mismo, es ineludible que quede reflejado con claridad las vías para poder atender a personas extranjeras en situación de irregularidad administrativa.

El texto definitivo de la ley debería mejorar otras indefiniciones, según la plataforma, como los mecanismos de participación ciudadana, el contenido mínimo para cada una de las prestaciones recogidas en el Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de Andalucía, las competencias de las administraciones locales sobre los servicios sociales, o la inclusión de un sistema que, desde la ley, permita a las administraciones públicas velar y garantizar la calidad y eficiencia del servicio.

Existe en el documento, añade la plataforma, una falta de compromiso en las fórmulas de participación propuestas, al ofrecer una regulación que no es clara y que en algunos casos, no concreta de forma expresa la participación de la sociedad civil. Para Compromiso Social de Andalucía esta carencia es uno de los elementos más preocupantes del texto propuesto y debe ser reforzado.

Por ello, la plataforma señala que es importante la inclusión de un nuevo artículo en el que se regulen las acciones que pueden ser utilizadas por los titulares de los derechos que se establecen en el proyecto de ley. Todo ello con el fin de exigir el cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas de sus obligaciones derivadas del derecho al acceso universal del conjunto de servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales.

Desde Compromiso Social de Andalucía se apuesta igualmente por la incorporación de cláusulas sociales como medida transversal a todos los órganos de contratación del sector público andaluz, así como por restringir el papel excesivo que el proyecto de ley otorga al Consejo de Gobierno.

Ya somos 197.700