Una caída del 3,3%

El Consejo de Consumidores de Andalucía tacha de ridículos los presupuestos de la Junta para 2017

El órgano advierte de que la escasa partida para la protección de los usuarios aumentará los abusos de las empresas.

El Consejo de Consumidores de Andalucía tacha de ridículos los presupuestos de la Junta para 2017

El programa específico de consumo en los presupuestos de la Junta de Andalucía presenta una dotación presupuestaria para 2017 de 14.714.423 euros, esto es, un 3,3% menos que en 2016. Por ello, el Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua), máximo órgano de consulta y representación de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, considera absolutamente ridícula la partida destinada a las políticas de consumo y advierte de que esta escasa apuesta por el movimiento de consumidores en la comunidad aumentará los abusos y fraudes de las empresas.

El Consejo, integrado por las asociaciones de consumidores Adicae-Andalucía; Al-Andalus; FACUA Andalucía y UCA-UCE, señala que Andalucía se encuentra en estos momentos sin auténticas políticas públicas de protección a los consumidores. No hay modelo, planificación y operativa, y sobre todo, denuncia el Consejo, carece de los recursos necesarios para abordar en estas políticas una tarea que cada vez es más ardua y compleja, lo que contribuye así al aumento de la brecha de la desigualdad social.

La crisis económica de los últimos años se ha llevado por delante muchos de los avances sociales conquistados durante décadas y ha marcado una tendencia en los últimos años de incremento de los fraudes y abusos de las empresas. Hecho que pone aún más de relevancia el que los presupuestos públicos garanticen la cohesión social, otorgando a las políticas de consumo la consideración de verdaderas políticas sociales.

Con unos presupuestos para consumo en 2017 que no recuperan los niveles anteriores a la crisis, dado que no igualan ni siquiera la partida presupuestaria de 2009, se produce una merma del papel de las asociaciones de consumidores como garantes de la protección de los derechos de las personas consumidoras frente a los abusos de las empresas.

El Consejo considera fundamental en este sentido el apoyo institucional y el aumento de las ayudas públicas, así como una tramitación y gestión eficaz y más útil de las mismas, incorporando las subvenciones destinadas a las actuaciones y programas de las organizaciones de consumidores y usuarios, federaciones y asociaciones al marco especial del artículo 29 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017.

Aumento del presupuesto y refuerzo del control del mercado

El Consejo propone una serie de medidas para paliar la situación actual, que pasan, obviamente, por un aumento de la partida destinada a éste y más apoyo al Consejo y a las organizaciones que lo integran. Pero también, por el refuerzo del control que se ejerce sobre el mercado, con un mayor número de inspecciones y de tramitaciones de expedientes sancionadores a las empresas incumplidoras.

El Consejo insta a mejorar, revisar y actualizar el procedimiento y régimen sancionador y sus cuantías, de tal manera que se garantice que las sanciones impuestas cumplan su función disuasoria frente a las conductas que atentan contra los derechos de los consumidores. Las sanciones, además, deben de cobrarse, dado que en muchos casos no ocurre en la actualidad, y contribuir a reforzar las políticas de protección de los consumidores.

Asimismo, es prioritario que se garanticen los suministros básicos, como el agua o el suministro eléctrico, especialmente en el caso de las familias más vulnerables, desde el reconocimiento de derechos y no desde el asistencialismo.

El Consejo destaca la relevancia de dotar de carácter transversal las políticas de protección de los consumidores, ausentes en otras áreas de este presupuesto fuera de la Consejería de Salud y la Dirección General de Consumo. Así como impulsar y revitalizar los órganos de participación social, con dotación de recursos suficientes para permitir un seguimiento y control real de la ejecución de las políticas públicas y un mayor reconocimiento al movimiento consumerista, que contribuya en mayor medida a poner freno a los abusos.

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